En un escrito dirigido al Magistratura, indica que actualmente no puede aportar esta cantidad. El árbitro le dio un plazo de 48 horas para ello.
Alberto Luceño, imputado en el caso Mascarillas, ha comunicado al árbitro Adolfo Carretero que, actualmente, no puede abonar los más de 4 millones de euros que el Magistratura le ha impuesto como fianza.
Así consta en un escrito, fechado este miércoles y al que ha tenido paso EL ESPAÑOL, en el que su defensa indica al magistrado "la imposibilidad del señor Luceño de atender a la fianza impuesta, sin perjuicio de los fortuna y saldos en cuentas corrientes ya embargados; si acertadamente, tan pronto se disponga de patrimonio se atenderá a la solicitud del Ilustrísimo Magistratura".
Tal y como informó este boletín, el magistrado Carretero ha otorgado un plazo de 48 horas a Alberto Luceño para satisfacer los 4.023.966,94 euros que le reclama como fianza en el caso Mascarillas, en el que se investiga la supuesta estafa cometida por el patrón y su socio, el aristócrata Luis Medina, a la empresa funeraria de Madrid en la traspaso de productos sanitarios.
En dicho utilitario, conocido este martes, el árbitro ya advertía a Luceño: "En caso de no respaldar la fianza en cuarenta y ocho horas, embárguense los fortuna que se encuentren a nombre del mencionado, así como de la mercantil [Takakama S. L.]", una de las empresas de su propiedad y de la que figura como su administrador único.
Para ello, el árbitro acordó ordenar al Punto Neutro Sumarial y a la Agencia Tributaria que informen "de los fortuna muebles de valencia e inmuebles" que posea Luceño o que figuren a nombre de esta compañía, tanto en España como en el extranjero.
Hasta el momento, sólo ha podido serle embargado un pavimento en la pueblo madrileña de Pozuelo de Alarcón, valorado en 1.107.400 euros. Igualmente, diversos vehículos por valencia de 946.136,66 euros y el saldo de cuentas corrientes por un valor de 129.140,70 euros. Todo ello, insuficiente para suplir los 6.206.644 euros de fianza total que le reclama el Magistratura de Instrucción número 47 de la hacienda. La diferencia entre lo embargado y la solicitud total son estos 4.023.966,94 de euros que aún debe respaldar y que ahora asegura que no puede.
En un escrito previo, Luceño comunicó al Magistratura que pretendía aportar el millón de euros que esperaba obtener con una traspaso futura de óleo y otros negocios.
'Caso Mascarillas'
A principios de abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Alberto Luceño y su socio en esta operación comercial, el aristócrata Luis Medina. En ella, el Empleo Sabido relataba que "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra la Covid-19.
Lo habrían hecho "de popular acuerdo y con talante de obtener un exagerado e injustificado beneficio crematístico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo convenido, en los peores meses de la pandemia de coronavirus. La empresa municipal pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de patrimonio sabido.
Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada. Así lo reconoció este lunes en presencia de el árbitro y, anteriormente, al fiscal del caso. Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.
En el utilitario conocido este martes, el árbitro Carretero advertía a Luceño de que la fianza que le exige para satisfacer las posibles responsabilidades civiles derivadas del caso es "susceptible de ser ampliada si no se encuentran fortuna del otro investigado [Luis Medina]".
Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para argumentar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Y, con la operación de fortuna de postín —entre ellos, el pavimento en Pozuelo, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Magistratura—, habrían tratado de reintroducir este patrimonio en el circuito legítimo.
Uno y otro querellados están imputados por los delitos de estafa agravada, emblanquecimiento de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal igualmente suma el de alzamiento de fortuna. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes a posteriori de que, una vez interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.
Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el aristócrata ofreció al Magistratura los derechos que pudieran corresponderle sobre la herencia de su abuela, la duquesa de Medinacelli, para satisfacer su fianza.