González Pons advirtió en abril a Bolaños que la presente dirección del PP no asume ningún "pacto secreto" suscrito por el susodicho equipo de Casado.
El PP se planta y no quiere que el acuerdo para renovar el Poder Jurídico sea un trágala, en el que tenga que sujetarse a apoyar las disertación impuestas por el PSOE.
"Igual que cuando quieren el voto de Bildu o ERC tienen que hacer concesiones, entendemos que todavía deben atender nuestras peticiones en materia de despolitización sumarial", indican a EL ESPAÑOL fuentes de la dirección del PP.
Los populares denuncian que hasta ahora Pedro Sánchez ni siquiera ha respondido a las propuestas de pacto de Estado que le plantea Alberto Núñez Feijóo (en materia de riqueza, imparcialidad, defensa doméstico y energía, entre otras), mientras exige que el PP le apoye en las Cortes la convalidación de todos los decretos aprobados por el Consejo de Ministros, sin modificar una coma.
El vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, ha desvelado este miércoles en varias entrevistas lo ocurrido durante la primera reunión celebrada el pasado mes de abril para negociar la renovación del Consejo Militar del Poder Jurídico (CGPJ).
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, le exhibió entonces el documento del "pacto secreto" sobre Probidad firmado por el entonces secretario caudillo del PP, Teodoro García Egea, en otoño de 2021 (el mismo papel filtrado ahora, cuatro meses luego, al diario El País).
"Ni siquiera quise leerlo", señala González Pons, "le dije que la dirección presente del PP no asumía ningún pacto secreto firmado por el susodicho equipo, y por consiguiente debíamos iniciar la negociación desde cero".
Otras fuentes de la dirección doméstico del PP indican que, en el traspaso de poderes, ni Pablo Casado ni Teodoro García Egea informaron al nuevo presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, de la existencia de este "pacto secreto".
González Pons ha explicado que, durante los meses posteriores, cada vez que el PSOE elevaba la presión para pactar la renovación del CGPJ, "Félix Bolaños me ha amenazado con hacer manifiesto dicho documento", con el que la dirección presente de los populares no se siente en categórico comprometida.
Un papel "sin crédito"
La última reunión entre Bolaños y González Pons para negociar el acuerdo se produjo el pasado mes de julio, pocas horas antiguamente de que se iniciara el Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso. El Gobierno ya había establecido con sus socios impulsar una contrarreforma de la Ley Orgánica del Poder Jurídico, para permitir que el CGPJ elija solamente a sus representantes en el Tribunal Constitucional.
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"Bolaños me dijo que podía cerrar el acuerdo conmigo en una tarde", explica el vicesecretario del PP, "pero cuando le pedí que, a cambio, el Gobierno retirara su contrarreforma del Poder Jurídico, me dijo que era inalcanzable porque ya la había pactado con ERC".
Otros dirigentes del PP se muestran desconcertadas con la última maniobra del Ejecutor. "Si el Gobierno daba por hecho que ya tenía cerrado con el PP el acuerdo sobre Probidad desde el otoño de 2021, ¿por qué lleva exigiendo a Feijóo negociar la renovación del CGPJ desde el mes de abril? Ni el propio Sánchez hizo relato a ese pacto secreto, cuando se reunió con Feijóo en La Moncloa".
Según esta disertación, el Gobierno ha filtrado ahora un papel firmado por García Egea hace casi un año, al que ni el propio Gobierno da crédito.
Las mismas fuentes creen que el Gobierno lo filtra ahora porque los socialistas dan por hecho que ya tienen la mayoría suficiente en el CGPJ para designar, el próximo mes de septiembre, a sus dos representantes en el Tribunal Constitucional cuyos puestos han quedado vacantes (los otros dos serán nombrados directamente por el Gobierno).
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La prioridad del Gobierno, señalan dichas fuentes, es "garantizarse una mayoría progresista en el Constitucional", que debe pronunciarse en los próximos meses sobre cuestiones tan relevantes como los indultos concedidos a los líderes independentistas condenados en el Supremo por el desgracia del 1-O.
El Constitucional todavía debe resolver los bienes presentados contra la Ley del Pérdida del Gobierno de Zapatero y contra la Ley Celaá. Por otra parte, se ha anunciado el memorial de la Comunidad de Madrid contra el plan de parquedad energético del Gobierno y el de los condenados por la sentencia de los ERE de Andalucía (entre ellos el expresidente de la Congregación José Antonio Griñán, condenado a seis primaveras de calabozo).
El Gobierno de Sánchez no quiere hallarse expuesto a un nuevo revés como el que supusieron las sentencias del Constitucional que declararon ilegales los estados de amenaza de la pandemia y la entrada del entonces vicepresidente Pablo Iglesias en la Comisión Delegada de Inteligencia, que controla al CNI. Por su parte, los independentistas de ERC presionan para renovar este víscera, para evitar que cuestione los indultos a los independentistas del 1-O.
Por su parte, Podemos opta por un grupo para resolver el sitio de la negociación. El partido morado ha propuesto este miércoles abatir la mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara (supone 210 diputados, lo que hace imprescindible el concurso del PP) para designar a los miembros del CGPJ. Podemos propone abatir este sagaz a mayoría absoluta (sólo serían necesarios de este modo el apoyo de 176 diputados).
El 'plan Feijóo'
La presente dirección del PP insiste en que mantiene la mano tendida al Gobierno para cerrar el pacto sobre Probidad, con transparencia y a partir de la propuesta remitida desde Génova el pasado mes de julio: el PP acepta renovar el CGPJ mediante el sistema presente (en el que sus 20 vocales son pactados por los partidos políticos), pero reclama el compromiso de modificar a continuación el sistema de alternativa, para dotar a este víscera de una viejo independencia.
Los populares quieren que, en el nuevo sistema, al menos una parte de los 20 vocales de CGPJ sean elegidos por los jueces y magistrados, tal como exige la Comisión Europea. El PSOE rechaza en sin rodeo esta fórmula.
El plan de Feijóo todavía incluía mecanismos para restringir las "puertas giratorias" en la Probidad, de forma que el cargo de vocal del CGPJ y de fiscal caudillo del Estado no podrán ser ocupados por quienes hayan desempeñado un puesto de carácter político durante los últimos cinco primaveras.
Del mismo modo, según la propuesta del PP, los jueces y magistrados que hayan ocupado un cargo de alternativa política o de gobierno, con rango superior al de director caudillo (como el ministro de Probidad, Fernando Conspicuo-Marlaska), no podrán reincorporarse al servicio sumarial antiguamente de un plazo de dos primaveras.