La Fiscalía Europea ha desmantelado una estructura criminal dedicada a defraudar el IVA de productos electrónicos a la que se atribuye un fraude de unos 2.200 millones de euros.
La Fiscalía Europea ha coordinado la operación Admiral en colaboración simultánea con Alemania, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Rumanía, países en los que se han realizado numerosos registros en empresas y domicilios.
En España las actuaciones han sido desarrolladas por distintas unidades especializadas de la Miembro Civil. Se realizaron un total de cuatro entradas y registros en una empresa de Barcelona y en dos domicilios y un despacho de abogados de Marbella (Málaga), en las que se intervinieron dos vehículos de suscripción escala y diversa documentación mercantil.
La investigación surgió en abril de 2021 a posteriori de que las Autoridades Tributarias portuguesas de Coimbra detectaron una sospecha de fraude en el IVA de una empresa de cesión de teléfonos móviles, tabletas, auriculares y otros dispositivos electrónicos.
9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas
Tras la entrada en funcionamiento de la Fiscalía Europea en junio de 2021, y en cojín al nuevo situación legal, ésta se hizo cargo de la investigación lusa.
A través de la cooperación internacional, los Fiscales Europeos, los Fiscales Europeos Delegados, los analistas de fraude financiero de la Fiscalía Europea y de Europol, así como las autoridades nacionales involucradas, establecieron gradualmente conexiones entre la empresa inicialmente investigada en Portugal con cerca de otras 9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas en diferentes países.
Dieciocho meses a posteriori de percibir el mensaje original, la Fiscalía Europea ha identificado el maduro fraude carrusel del IVA hasta el momento investigado en la UE.
Las actividades delictivas investigadas se extienden a los 22 Estados Miembros que reconocen la territorio de la Fiscalía Europea, así como Hungría, Irlanda, Polonia y Suecia, y terceros países como Albania, China, Islas Mauricio, Serbia, Singapur, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.
Grupos de delincuencia organizada en extremo cualificados
La trama estaba conformada por un complicado entramado de empresas que actuaban como proveedores de los dispositivos electrónicos y otras que reclamaban la devolución del IVA a las autoridades fiscales nacionales una vez vendidos los dispositivos a particulares a través de plataformas de comercio electrónico.
Después, canalizaban los beneficios de estas ventas al extranjero antiguamente de disolverse (empresas trucha o missing traders).
Estas actividades no serían posibles sin la billete de varios grupos de delincuencia organizada en extremo cualificados, cada uno de los cuales desarrolla funciones específicas en el entramado, lo cual les habría permitido evitar ser detectados durante abriles.
Según datos de Europol, el fraude carrusel del IVA o fraude intracomunitario de operadores desaparecidos (MTIC, por sus siglas en inglés), es el delito que más beneficios proporciona al crimen organizado en la UE, con un coste de unos 50.000 millones de euros anuales para los Estados miembros.