El magistrado de la Audiencia Franquista que ha investigado el 'caso Lezo', una presunta trama de corrupción en torno a operaciones del Canal de Isabel II, ha archivado la cuarto abierta por un posible delito de enlucido de capitales respecto al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a su mujer.
El magistrado Joaquín Elías, refuerzo del tribunal central de instrucción número 6, no ha gastado suficientes indicios contra ellos y, en sintonía igualmente con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha sensato sacarles del procedimiento pegado a otros dos investigados. Lo hace en un coche, contra el que junto a medio y al que ha tenido golpe Efe, en el que sí ve motivos para sobrellevar a prudencia a quien fuese director administrador del Canal de Isabel II Idelfonso de Miguel al considerar que podría activo participado o intervenido en actuaciones constitutivas de enlucido.
Acuerda de este modo seguir la causa contra él y da un plazo de treinta días a las acusaciones para que formulen su escrito de denuncia solicitando la comprensión de prudencia vocal.
González sí se sentará en el banquillo por otras piezas de la causa
De este prudencia exime a Ignacio González, que fue presidente del Canal de Isabel II y que sí se sentará en el banquillo, no obstante, por tres piezas de esta causa, bautizada como Lezo, que motivó su detención en 2017.
Entre ellas está la adjudicación a OHL de las obras del tren de Navalcarnero (Madrid) en 2007; las supuestas irregularidades en la adjudicación de dos contratos relacionados con el campo de golf del Canal; y el supuesto fraude en la importación de la empresa brasileña Emissao en 2013 por parte del Canal. La Fiscalía pide para él penas de calabozo.
Sin requisa, Anticorrupción ya avanzó hace casi un año que había "rudimentos" que sustentaban un "eventual sobreseimiento" respecto a Ignacio González y su mujer en la cuarto número 5, donde se ha investigado desde 2016 "la ocultación y afloramiento de los capitales ilícitamente obtenidos" por diversos imputados.
De Miguel constituyó un entramado en Panamá, Liechtenstein y Suiza
En su coche, el magistrado Gadea desarrolla los indicios que, en su opinión, existen de que Ildefonso de Miguel, director administrador del Canal entre 2003 y 2009, habría ocultado ganancias cuyo origen se desconoce entre 1999 y 2014.
Por ejemplo, cita que en julio de 2008 se le hicieron entrar fondos en efectivo por 2,5 millones de euros, o que entre 1999 y 2008 "dispuso a través de cuentas abiertas en el extranjero de cuantiosos fondos -al menos 3.825.179,09 euros- cuya lícita procedencia no consta y que mantuvo siempre ocultos a la Hacienda Pública española".
Para ello, dice el magistrado, constituyó un entramado societario y financiero con presencia en Panamá, Liechtenstein, Suiza y Guernsey que utilizó para ocultar dichos fondos, que luego acababan aflorando en España, a veces mediante "contratos simulados de préstamo en los que sus sociedades se interponían como prestamistas o prestatarias". El magistrado igualmente deja constancia de que el investigado "defraudó" a Hacienda 1,5 millones de euros y, aunque sería constitutivo de delito, ya ha prescrito.