Desde el estallido de la desavenencia en Ucrania hace ya dos meses y medio, la sospecha de que tanto Moscú como Kiev podrían utilizar armamento prohibido ha sobrevolado el conflicto. Las acusaciones han sido mutuas y tanto los observadores internacionales como las organizaciones que trabajan sobre el ámbito vigilan con exclusivo atención dos tipos de ataque: las bombas de racimo y las armas químicas.
Mientras en la comunidad internacional existe un amplio consenso para erradicar el uso de armas químicas, son menos los países que han desterrado el uso de municiones de racimo. Estas son algunas de las claves que explican por qué, pese al rechazo de la comunidad internacional, los países con los ejércitos más poderosos del mundo siguen empleando armas prohibidas.
Posible crimen de desavenencia en un instigación en Járkov
El 28 de febrero, un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Járkov mató a un pibe y a otras tres personas que recogían agua e hirió a otros 16 civiles. Este instigación fue documentado en multitud de vídeos y Indulto Internacional ya ha realizado un primer referencia que denuncia un posible crimen de desavenencia.
Entre las pruebas recabadas, destaca una fotografía verificada por Bellingcat, un colectivo de investigación que rastrea la red en búsqueda de evidencias de estos ataque. La imagen apunta a que el ataque incluyó al menos un cohete de racimo fabricado en Rusia en 2019. La vencimiento, explica Indulto en un hilo en Twitter, indica que la obús se manufacturó luego de que Rusia dejara de traicionar estas armas a Ucrania.
"Las leyes de la desavenencia no previenen la desavenencia, sino que la permiten delimitando cómo debe hacerse y cómo no", explica la profesora asociada de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ottawa, Nisha Saha. La homicidio en el contexto guerrero se da por hecha, detalla en un artículo purista publicado en The Conversation.
Si estos ataques, o los bombardeos del 1 y 2 de marzo documentados en Bordyanka, suponen un crimen de desavenencia es poco "posible de probar", explica a DatosRTVE el profesor de Política Internacional del King’s College de Londres, Jonathan Leader Maynard. "Todas las evidencias que demuestren crímenes de desavenencia de modo directa -como asesinatos selectivos o violaciones de civiles- serán relevantes", apunta el purista, que recuerda que este tipo de eventos solo requieren pruebas individuales que los ubiquen fuera de los límites de las Convenciones de Ginebra y del Derecho Humanitario Internacional.
Bombas que no distinguen entre militares y civiles
Una obús de racimo es un tipo de munición que puede lanzarse desde el clima o desde tierra, caracterizada porque en su interior contiene entre decenas y miles de explosivos más pequeños diseñados para dispersarse y explotar con finalidad retardado. Son capaces de cubrir grandes áreas de ámbito, pero actúan de forma indiscriminada. Muchos países las consideran ilegales porque violan las protecciones de los espacios civiles consagradas en las Convenciones de Ginebra.
Una misma obús de racimo puede incorporar submuniciones de diverso tipo: desde bombas incendiarias, con fósforo blanco o napalm, a explosivos de fragmentación antipersona, pensados para atacar a las tropas enemigas. Igualmente existen municiones antitanque, para destruir vehículos militares; antieléctricas, cuyo objetivo son los sistemas de suministro eléctrico; u otras diseñadas para exhalar propaganda, ataques químicos o para barrenar territorios desde el clima.
El uso de estas armas está comprendido interiormente del situación de la ley internacional humanitaria, pero no fue regulado de modo específica hasta 2008, cuando se firmó un convenio específico.
Para el entendido en armas de Indulto Internacional, Alberto Estévez, es necesario reiterar esfuerzos para incorporar a estos acuerdos a las grandes potencias militares ausentes. Este debate "ha pasado a un segundo término en la memorándum de las autoridades y de los gobiernos, pero no para la sociedad civil, que sigue manteniendo la presión", afirma en conversación con DatosRTVE.
Destaca el caso de Estados Unidos, continúa Estévez, donde existen presiones internas para que Joe Biden se adhiera a este acuerdo tras décadas de incapacidad o inacción. No obstante, Washington argumenta que sigue utilizando bombas de racimo por "deposición militares", que van desde conflictos bélicos abiertos hasta la amenaza de países como Corea del Meta
Armas químicas: una amenaza invisible
Kiev acusó a Moscú de exhalar un supuesto ataque químico sobre Mariúpol, en el sureste de Ucrania, el pasado 11 de abril. Aunque, por el momento no existen pruebas de que esto ocurriera, algunos expertos creen que el Kremlin sigue teniendo armas químicas pese a sobrevenir firmado en contra de su uso. La sospecha sobre Rusia se hace permanente tras al menos dos acusaciones de intento de homicidio por motivos políticos con un arsenal química en los últimos abriles.
En 2018, se culpó al Gobierno de Vladímir Putin de intentar envenenar al antiguo infiltrado Sergei Skripal, mientras que Alexei Navalny sobrevivió a un ataque similar en 2020. Tal y como apunta un artículo del profesor y miembro del Software de Estudios de No Proliferación y Terrorismo del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales, Jeffrey William Knopf, en los dos casos se usó Novichock, una sustancia desarrollada por la URSS en la recta final de la Exterminio Fría, que Moscú nunca ha admitido poseer.
La amenaza de las armas químicas es un espíritu presente en todas las guerras que parece estar bajo control desde los abriles 90 del siglo pasado. Aunque se prohibieron por primera vez en el Protocolo de Ginebra de 1925, luego de que casi todos los países que participaron en la Primera Exterminio Mundial las emplearan, no fueron catalogadas como armas de destrucción masiva hasta 1946.
Sin confiscación, el ataque de Halabja de 1988 durante la desavenencia entre Irán e Irak dejó claro que la proscripción internacional no había tenido éxito. Así, en 1992 se impulsó la creación de la Convención sobre el ampliación, la producción, el almacenamiento y el uso de armas químicas, que entró en vigor en 1997 con un amplio consenso internacional y que hasta ahora ha sido firmada por 194 países.
Según este documento, el uso de los posesiones farmacológicos de cualquier sustancia química para ganar objetivos militares hace que este compuesto sea un arsenal química. Cada país es responsable de la destrucción de su propio atarazana y la Ordenamiento para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) se encarga de atender su cumplimiento. Hasta ahora se ha eliminado el 99% de todo el atarazana químico obvio, incluyendo todas las armas de este tipo que estaban en posesión de Rusia.
¿Qué tipos de armas químicas existen?
La OPAQ categoriza las armas químicas en cuatro grupos, según los daños que causan en el organismo. El primero es el de los agentes pulmonares, capaces de localizar la respiración. El segundo lo forman las sustancias vesicantes que causando heridas, ampollas o ceguera. Los agentes sanguíneos forman el tercer colección y el cuarto es el de los gases nerviosos, que hacen que el sujeto pierda el control de sus funciones corporales.
Cómo decretar un ataque con armas prohibidas
Tanto si el ataque se realiza con una obús de racimo como si se emplean armas químicas, para organizaciones como Indulto Internacional es fundamental que el ojo de la comunidad internacional esté sobre el conflicto. "Más allá de las denuncias que hace la sociedad civil, [lo importante] es el trabajo que pueden hacer las organizaciones propias de los instrumentos internacionales", explica el entendido en armas Alberto Estévez, que reclama más bienes y voluntad política de los estados que forman parte de los tratados internacionales.
En este sentido, Estévez pone como ejemplo las investigaciones llevadas a punta por la Ordenamiento para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) en la desavenencia de Siria. Este organismo internacional comenzó a trabajar en el país luego de que ratificase la convención sobre este tipo de armamento y su agricultura ha servido para profundizar en algunas de las 349 denuncias que ha recopilado el Completo Public Policy Institute (GPPi) de Berlín entre 2019 y 2019.
En la desavenencia de Ucrania, Alberto Estévez considera que la posibilidad de que se juzguen posibles crímenes dependerá en gran medida de la voluntad de los estados para poner bienes y acortar plazos. Igualmente de la de los propios afectados.
"En el caso de Rusia, tendría que cambiar las cosas interiormente del país y tendría que sobrevenir un gobierno que permitiese las investigaciones en el medio plazo", explica Estévez. En cuanto a Ucrania, el entendido de Indulto Internacional recuerda que el hecho de que permitiera investigaciones internacionales en 2015 mantiene hoy la puerta abierta a la observación del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) aunque el país no forme parte de ella.
Sea por esta vía o por otra, que los culpables sean juzgados depende de la colaboración de los estados con el tribunal, coincide Jonathan Leader Maynard. Pero Rusia tendría que entregar a Putin para que se celebrase un causa de detención nivel. Y eso, reflexiona el profesor del King’s College de Londres, es "muy poco probable".
Un causa contra Putin por crímenes de desavenencia solo sería imaginable para los expertos si el presidente ruso fuera depuesto, pero, incluso si esto pasara, dudan de que un nuevo gobierno se atreviese a sobrellevar al expresidente frente a la honradez internacional. "Como mucho se haría un causa interno", lamenta Leader Maynard, que, por otra parte, recuerda que la ley obliga tanto a Rusia como a Ucrania a decretar a sus soldados y oficiales si existen pruebas creíbles de crímenes de desavenencia.
Alberto Estévez señala que la creación de un tribunal específico para esta desavenencia además está sobre la mesa, pero cree que la investigación podría sobrellevar abriles. Mientras llega ese momento, Indulto Internacional reclama que haya una determinación contra estos crímenes por parte de la comunidad internacional. "Si no hay una amenaza de hacer rendir cuentas a los responsables, los perpetradores de estos crímenes van a seguir campando a sus anchas", sentencia Estévez.
¿Cuánto tarda en investigarse un crimen de desavenencia?
En abril de 2021, el Equipo de Investigación e Identificación (IIT) de la Ordenamiento para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) publicó la reconstrucción de un ataque con una obús de cloro perpetrado desde un helicóptero en la ciudad siria de Saraqib el 4 de febrero de 2018.
El IIT analizó imágenes de nueve bases militares y estableció que un helicóptero despegó del aeropuerto del Al-Mujanzarat unos 20 minutos ayer del ataque y pasó sobre la zona señalada en la imagen.
Los testigos afirmaban que desde el helicóptero se lanzaron varios barriles cilíndricos. Con imágenes de mandado y vídeo de fuentes abiertas, la investigación identifica varios impactos de armamento entre el 1 y el 7 de febrero.
Tras centrarse en uno de los ataques, los restos analizados muestran un barril de tipo industrial que podría utilizarse para juntar cloro y que, de acuerdo con la valoración de expertos en munición, habría explotado al ser arrojado desde unos cinco metros de pico sin carestia de explosivos.
Por otra parte, el IIT identificó y entrevistó a una docena de víctimas del ataque y a varios sanitarios. Los síntomas que describieron -dificultad para respirar, irritación de la piel, dolor en el pecho y tos- coinciden con los que causa una obús de cloro, según varios toxicólogos.
Este atlas muestra la dispersión del gas y cómo el peligro de padecer síntomas graves se reduce del 90% al 10% a medida que se aleja de la zona del impacto. La importancia de las víctimas coincide con el sitio en el que estaban cuando se produjo el ataque.
Tras su exploración, el IIT corrobora la existencia de armas químicas en este periodo de la desavenencia de Siria, pero se declara incapaz de reparar la esclavitud de mando que ordenó este ataque. Sin responsabilizar a ninguna de las facciones que participaban en el conflicto, la OPAQ señala que la investigación indica que el uso del cloro como arsenal se delegó en rangos inferiores, lo que no exime de responsabilidad a sus superiores.