El sumario revela que Corbín aceptó la multa tras cargar gastos personales a las cuentas de su despacho para ahorrarse impuestos.
El abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y uno de los supuestos cabecillas de la trama Azud, aceptó abonar a la Agencia Tributaria una multa de hasta 427.000 euros por imputar indebidamente a las cuentas del pupitre, que comparte con su hija Rita Corbín, gastos personales en plena investigación contencioso y ahorrarse el IRPF.
El metálico de su despacho profesional, Corbín Abogados, con sede en el centro de Valencia, se nutría principalmente con el supuesto plazo de comisiones de grandes empresas. La facturación cayó en picado tras perder el PP la Alcadía. A cambio, Corbín facilitaba contratos del Consistorio por su relación usual con Barberá, según ha concluido la instructora en sus informes, la sentenciador Pepa Tarodo.
El propio Corbín confirmó que aceptó los hechos imputados por Hacienda cuando tomó la palabra en el auditoría tras ser detenido en abril de 2019 y solicitar la Fiscalía prisión provisional sin fianza. Según consta en el sumario del caso Azud, al que ha tenido camino EL ESPAÑOL, Corbín manifestó que en 2016, el año en el que se desarrolló la Operación Taula, la Agencia Tributaria inició una inspección de los primaveras 2012 a 2015.
Como resultado de esa inspección, se llegó a una conformidad por parte de José María Corbin por la que reconocía que había cargado gastos personales y pagó una penalidad de 427.000 euros. El imputado reconoció esta investigación tributaria para documentar en presencia de la sentenciador que "si en el año 2017 se ha detectado un movimiento, este movimiento se debe al plazo de la multa que motivó el vaciamiento de las cuentas de Corbín Abogados y de las personales del declarante".
En concreto, Corbín reconoció a Hacienda que existían cargos que reflejaban el plazo de sus gastos particulares y/o familiares por unos importes de 91.561 euros en 2012, 92.337 euros en 2013, 78.652 euros en 2014 y 75.653 euros en 2015. Hacienda consideró entonces que utilizó "en provecho personal fondos" previamente ingresados en cuentas bancarias de Corbín Abogados.
Entre los gastos aparecieron recibos de televisión, seguros privados, mutualidades, aportaciones a plan de pensiones, viajes al extranjero, objetos de decorado, pabellón, educación privada, empleada del hogar o regalos de boda.
Actividad ilícita
Adicionalmente, el cuñado de Barberá aportó al auditoría un lista de parte publicadas que apuntaban a una investigación contencioso. Su defensa aseguró que la Fiscalía le había comunicado que "en esos momentos no tenían diligencias de investigación penal, por ello, su cliente y en presencia de la información dada interpuso una querella por delito contra el honor contra el medio de comunicación". La querella por las parte publicadas acabó en archivo y la sentenciador envió a prisión provisional a Corbín.
Para documentar su atrevimiento, la sentenciador razonó que, de lo investigado indiciariamente, se desprende que "José María Corbín desde los primaveras 2005 a 2014 ha sido perceptor de comisiones a cambio de conseguir adjudicaciones de contratos públicos de índole urbanístico del Consistorio de Valencia". Dicha actividad "se llevó a término durante el periodo en el que Rita Barberá Nolla, pariente por afinidad de Corbín, ostentaba el cargo de alcaldesa de Valencia".
Al parecer, para intentar documentar los altos ingresos de Corbín Abogados, "en el concepto de gastos cargaba todo tipo de costes que nulo tiene que ver con la actividad desplegada por la mercantil, como gastos de reparaciones de vehículos, operación de muebles o operación de electrodomésticos", subraya la sentenciador.
La investigación ha constatado que en los primaveras 90, Corbín "tuvo un descenso de clientes en el despacho que gestionaba, como abogado penalista y como abogado en causas matrimoniales, lo que provocó una desatiendo de ingresos sustancial". En la época que se investiga, "su esposa María Admisión Barberá Nolla, era la superior de recibidor de su hermana Rita Barberá".
Asuncion Barberá, hermana de Barberá y jefa de recibidor, en una comisión de investigación municipal.
Esta circunstancia, siempre según el auditoría, le permitió poder "salir de la situación en que se encontraba, pues aprovechándose de su parentesco con la alcaldesa de Valencia, se relacionó con grupos de empresas, que eran adjudicatarias o pretendían serlo de obra pública ofertada por el Consistorio, para utilizar sus influencias y conseguir las adjudicaciones a cambio de comisiones ilícitas".
Entre estos grupos de empresas se encontraba el familia empresarial Axis, propiedad del patrón Jaime Febrer, quien asimismo habría abonado grandes cantidades de metálico a cargos del PSOE para su disfrute personal y financiar la actividad del partido en la Comunidad Valenciana. El abogado de Febrer es Manolo Mata, quien acaba de dimitir como portavoz socialista en las Cortes Valencianas para centrarse en la defensa de Febrer.
Otra de las grandes empresas que la investigación relaciona con Corbín es Acciona. Una filial de esta compañía se hizo con el arreglo sabido para el mantenimiento de las alcantarillas de Valencia, valorado en 129 millones, tras contar con Corbín como asesor. Por estos trabajos de asesoramiento cobró 1,7 millones de euros, según el sumario.
La confesión del socio
Esta sospecha fue confirmada por el propio socio de Corbín, Diego Elum, tras ser detenido. Según consta en su explicación, Elum manifestó que "el relato de los hechos objeto de imputación son ciertos" y que asimismo "son absolutamente ciertos los pagos efectuados por parte de Acciona, así como los pagos que se efectúan a Corbín".
En este sentido, añadió que los pagos al despacho del cuñado de Barberá "no se deben a ningún trabajo de Corbín, en concreto como información jurídica. Uno y otro, amigos desde la infancia, acordaron encargarse el encargo de Acciona y "todo lo relativo a tolerar a buen término la adjudicación de la contrata del servicio integral de aguas".
Como consecuencia de esa conversación, "Corbín le comentó que le podía ayudar para conseguir la contrata y le exigió para esa ayuda que el declarante le pagara de sus honorarios 2/3 del cuantía total de los mismos". Corbín "nunca le dijo lo que había hecho, ni si lo había hecho, y el declarante siquiera quiso traducir o interpretar que quería opinar Corbin con la frase te ayudaré", puntualizó.
Según esta explicación, Corbín hizo "las gestiones necesarias para que se produjera la contratación de la UTE de Acciona con el Consistorio de Valencia", aunque no pudo precisar más detalles. El acuerdo verbal tocado por los dos pasaba por distribuir "el metálico entre uno y otro según le vinieran los pagos al declarante por parte de Acciona". Se justificó "a través de una serie de facturas con IVA y con el concepto de colaboraciones profesionales según en dirección a constar Corbín".
El sumario del caso Azud incluye un extenso mensaje patrimonial de la grupo Corbín-Barberá y su despacho de abogados que confirma el circuito que siguió el metálico. Su mujer y sus tres hijas, una de ellas en la presente asesora del PP de Valencia, asimismo figuran como investigadas en la causa.