El partido izquierdista, que ejerce la denuncia popular, pidió que fuese imputado por falsedad documental en el 'caso Mascarillas'.
El mediador Adolfo Carretero, encargado de investigar el caso Mascarillas, ha denegado la imputación de Fernando Sánchez González, jefe de la empresa funeraria muncipal de Madrid.
En un coche, fechado este miércoles y al que ha tenido llegada EL ESPAÑOL, el magistrado descarta ampliar, por el momento, el número de investigados y reitera que no consta que la interpretación de este funcionario pretendiese dificultar la investigación ni ocultar información a las autoridades.
El partido Más Madrid, que ejerce la denuncia popular en esta causa, solicitó que Fernando Sánchez fuese citado a fallar como investigado por la presunta modificación de varios documentos que obran en el sumario del caso; lo que, a luceros del partido, podía constituir un delito de falsedad documental y obstrucción a la Honradez.
En un escrito dirigido al Audiencia, el partido izquierdista advertía de alteraciones en varios papeles que, a su discernimiento, debían ser idénticos: por un banda, los entregados a la Fiscalía en diciembre de 2020 por la funeraria municipal y, por otro, los aportados por la Consultorio Jurídica del Consistorio meses luego.
La primera tanda incluía varias cartas de encargo y, como anexos, los contratos de material váter que ya investiga el mediador. Y, según señaló Más Madrid, el contenido de aquellas cartas no coincidía con la documentación de la segunda tanda. Se habían sustituido los anexos por una breve reseña en las cartas que resumía los contratos, que ya no se aportaron en esta ocasión.
Sin retención, la Fiscalía descartó rotundamente la falsedad documental. Aunque reconocía que los papeles no eran idénticos, "coinciden en todo caso la plazo, la identidad de las personas que lo firman y su contenido".
"Contrariamente a lo que se afirma en el escrito [de Más Madrid], la remisión de estos documentos no ha supuesto ningún obstáculo para la investigación llevada a parte por la Fiscalía, como no lo ha supuesto ninguna otra interpretación del Consistorio de Madrid o de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que han respondido puntualmente a todos los requerimientos", subrayó el fiscal Luis Rodríguez Sol.
El Consistorio, por su parte, indicó que se trataba de dos documentos diferentes, complementarios; cada uno, con una función. Por ello, no eran idénticos. El consistorio incluso negó la falsedad documental atribuida al jefe.
En la misma vírgula con uno y otro, el mediador Carretero repone ahora: "Sí constan diferencias en las cartas de encargo, como resulta de su repaso igual, [pero] ninguna de ellas afecta a fundamentos esenciales de los documentos, cuya plazo, identidad de firmas y contenido coinciden".
"No constando falsedad documental, siquiera consta obstrucción a la Honradez por parte del jefe de la funeraria, delito al que se alude [en el escrito de Más Madrid] sin relatar los hechos en que se manguita y al que se opone rotundamente la Fiscalía Anticorrupción, señalando (...) que no hubo obstaculización alguna con la remisión de los documentos aludidos", destaca.
Asimismo, el magistrado incide en que no consta "que las modificaciones las haya hecho el jefe ni que se hiciesen con objeto de dificultar las investigaciones de la Fiscalía ni ocultar su contenido al Consistorio, cuyos grupos políticos conocían las cartas de encargo de los contratos y su contenido, pues las aprobaron por unanimidad en el consejo de la funeraria [municipal]". El consistorio posee el 100% de la billete de esta empresa pública, de cuyo consejo forman parte concejales de varias formaciones políticas.
La Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid fue la encargada de efectuar las compras de material váter que ahora se investigan en el caso Mascarillas. El Consistorio de la renta figura como perjudicado por esta estafa, cometida, supuestamente, por los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina.
La información de Collado
Asimismo, el mediador ha suspendido la información como declarante de Elena Collado, prevista para el próximo día 9. Se negociación de la funcionaria responsable de las compras de material váter para el Consistorio de Madrid y quien negoció con Luceño los tres contratos que ahora investiga el mediador, firmados al inicio de la pandemia de la Covid-19.
El Congregación Compuesto municipal, incluso presente en esta causa como denuncia popular, ha solicitado al mediador su imputación por los posibles delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, por lo que Adolfo Carretero ha optado por atrasar su testifical y consultar a las partes.
A principios de abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ocupación Manifiesto relataba que uno y otro "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios firmados con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra la Covid-19.
Lo habrían hecho "de global acuerdo y con humor de obtener un exagerado e injustificado beneficio crematístico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo establecido, en los meses más duros de la pandemia de coronavirus. La empresa municipal pagó por todos los productos unos 11 millones de euros de peculio conocido.