El partido que lidera Rocío Monasterio, a un año de los comicios de 2023, comienza a exacerbar sus diferencias ideológicas con el Partido Popular.
Ha comenzado la cuenta antes. Queda un año para que se agote la plazo en la Comunidad de Madrid, y se nota en la política regional. Vox, socio parlamentario de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ya empieza a hostigar al Partido Popular con cuestiones ideológicas, que son las que han diferenciado hasta ahora a los dos partidos (muy alineados, por lo demás, en lo crematístico).
Este jueves, sin ir más remotamente, la formación que lidera Rocío Monasterio en la Asamblea de Vallecas presenta una Proposición No de Ley (PNL) en la que, con toda probabilidad, chocará con los populares: evitar el "adoctrinamiento" en las aulas de la región. En este sentido, vuelve a insistir en la derogación de las leyes LGTBI, su reivindicación monolítica.
La iniciativa sostiene que en la Comunidad de Madrid hay "expertos sexuales con la intención de entrenar a los niños sin conocimiento de los padres y sin supervisión de la Inspección Educativa", así como hay "adoctrinamientos a docentes y padres para tratar de documentar actividades que no han sido, ni son, habituales ni justificables".
Por todo ello insta al Ejecutor de Isabel Díaz Ayuso a "velar por la inocencia y la intimidad de los menores" y "respetar, sin intromisiones, la formación de la identidad y la personalidad del pequeño y su maduración a todos los niveles", así como "derogar las leyes de la Comunidad de Madrid [LGTBI] referidas a la educación que favorecen el adoctrinamiento en ideología de productos de los niños en las aulas".
La ideología de productos hace remisión, en el argumentario de Vox, a el conjunto de ideas políticas e ideológicas que tienden a desarraigar de todo contenido natural a la sexualidad para explicarla solamente por la civilización. Y es esta la que "está introduciendo la rudimentos perversa de la autodeterminación de productos", en palabras del diputado de Vox en la Cámara regional, Íñigo Henríquez Cristalera.
Íñigo Henríquez de Cristalera y Rocío Monasterio, diputados de Vox en la Asamblea de Madrid.
A los populares madrileños, inmersos en una hostilidades educativa contra el Gobierno de España, no les han hecho ninguna sandunga tamañas acusaciones. El portavoz del Especie Parlamentario Popular, Alfonso Serrano, ha respondido a la formación a su derecha que "no conozco casos de adoctrinamiento" en sus aulas: "No considero que eso esté ocurriendo, si no iría a los tribunales".
La cuestión referente a las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid es una de las que más ha dividido a Partido Popular y Vox en esta plazo. Rocío Monasterio puso su derogación encima de la mesa de negociación para los Presupuestos, pero la presidenta madrileña logró finalmente su aprobación sin ceder en este aspecto, como siquiera cedió en el candado del centro de menas de Mazo (sí se comprometió a auditarlo).
Pero hay más iniciativas que evidencian que Vox examen ahora mismo la confrontación con la presidenta madrileña. O retratarla. La próxima semana llevará a la Asamblea de Vallecas otra PNL para sujetar la estructura del Gobierno regional, prescindiendo de todos los viceconsejeros y del 30% de los asesores. Esto supondría, en el argumentario de la derecha dura, un reducción de 11 millones de euros.
"Está claro que, a un año de las elecciones, necesitan nacer a diferenciarse de nosotros", considera un diputado del PP de Madrid, que abunda: "Su votante está mejor representado por Ayuso". Siquiera es casual que Vox principio a brincar estas cartas de su baraja en plena campaña de las andaluzas. Otra fuente del mismo familia conviene en que "le quieren dar una patada a Juanma Pardo en el culo de Díaz Ayuso".
Otras disputas
Pero la hostilidades no sólo se disputará en la trinchera ideológica, sino que Vox quiere detentar asimismo la bandera de la ladera de impuestos con una norma alternativa a la Ley de Autonomía Financiera impulsada por el Gobierno del Partido Popular, concebida para contrarrestar la mal llamamiento "armonización" que pretende imponer el Gobierno de Sánchez... y que supondría todo un "golpe fiscal".
En un principio la formación de Monasterio presentó una perfeccionamiento a la totalidad de esta norma, pero terminó retirándola para no admitir las consecuencias de tumbar un plan de Ayuso con el apoyo de toda la izquierda parlamentaria madrileña (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos). "Hubiera sido difícil de explicar a su electorado", explican desde Puerta del Sol.
Desde el Gobierno regional creen que la "armonización fiscal" costaría una media de 2.270 euros más por grupo al año. Un total de 5.900 millones de euros a los madrileños. Adicionalmente, según cálculos de la Consejería de Hacienda, los contribuyentes de la región se han ahorrado de media 16.500 euros en el plazo de impuestos desde 2004, que es cuando empezaron las sucesivas rebajas. Y por eso creen que desde Vox no tienen posibilidad de quitarles la bandera de la peculio.
Para más inri, Ayuso anunció en una entrevista fresco concedida a ABC su intención de cambiar de nombre la Asamblea de Madrid, para que pase a conocerse como Parlamento de la Comunidad de Madrid. Y Vox asimismo se ha posicionado en contra: "Nosotros no estamos en nombres, estamos en sujetar el número de diputados, en sujetar la estructura de gobierno superflua, no en cuestiones nominalistas", explicó Henríquez Cristalera.
A error de un año para las elecciones, desde el PP madrileño esperan que Vox exacerbe sus diferencias ideológicas (en cuestiones LGTB y en materia de seguridad, por ejemplo) con la presidenta madrileña, que asimismo apostará por "rearmar ideológicamente" el partido en una convención que celebrará en octubre. Con ella pretende asediar a Rocío Monasterio y obtener la mayoría absoluta, que ya acaricia.