El Consejo de Ministros ha apto este martes un preliminares de ley para "amurallar" la sanidad pública, evitar copagos y extender la sanidad universal a nuevos colectivos, según ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. La nueva norma indagación evitar la privatización del sistema váter, prioriza la administración directa e incluye, por ejemplo, la asesinato de los copagos ortoprotésicos para seis millones de personas vulnerables.
La ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Doméstico de Salubridad servirá para "ampliar derechos y devolvérselos a la ciudadanía tras gobiernos anteriores que los habían suprimido", según ha explicado Darias.
El Gobierno coetáneo había eliminado ya el copago farmacéutico a los colectivos vulnerables como pensionistas con rentas bajas o menores con discapacidad, un total de cerca de seis millones de personas. Ahora, no tendrán que satisfacer siquiera el copago de prótesis y prótesis, como muletas o plantillas. La ley recupera la cartera única global de servicios y "establece las garantías para que no se puedan retornar a introducir nuevos copagos sanitarios", ha señalado la ministra.
El maniquí de administración prioritario será el de "administración directa", la que prestan las administraciones públicas estatales y autonómicas, o consorcios 100% públicos. Los modelos de administración indirecta, como determinados seguros de lozanía, serán las "excepciones", "nunca" sustituirán al maniquí directo y tendrán que justificarse y aprobarse por el Consejo Interterritorial de Salubridad.
Darias ha resaltado "la importancia y el valía de lo sabido, que la pandemia ha hecho incrementar", y ha recordado que "los sistemas sanitarios públicos son garantes de vida".
Se amplía la universalidad a nuevos colectivos
Respecto a la universalidad, el texto ampliará incluso la atención sanitaria a personas de origen castellano que viven en el exógeno durante sus desplazamientos al demarcación castellano y a sus familiares y a familias reagrupadas.
Incluso la extiende a solicitantes de protección internacional, de protección temporal y a las víctimas de tráfico y explotación sexual, poco que sí estaba recogido en reglamentos pero no al nivel de norma constitucional. Para solucionar trámites, se elimina el crónica social hasta ahora obligatorio y se establece que la subsidio se prestará con cargo a los fondos públicos.
Unidas Podemos duda de la utilidad de la ley
El lunes Unidas Podemos, el socio de coalición del PSOE en el Gobierno, se mostró escéptico sobre la utilidad esta norma. "Tenemos serias dudas de que esta ley vaya a servir positivamente para evitar la privatización de la sanidad pública y el desmantelamiento que la derecha está haciendo en muchas comunidades autónomas", aseguró la secretaria de Argumento Institucional del partido, María Teresa Pérez, en una rueda de prensa.
En su opinión, el PSOE "siempre se ha quedado a porción de camino en defensa de la sanidad púbica" y por eso ha señalado que están trabajando en el seno del Gobierno de coalición para que esta ley "priorice la administración pública". El partido amenaza con no apoyar la ley en el trámite parlamentario que comienza ahora.
En la misma raya se han expresado las asociaciones en defensa de la sanidad pública. La Pacto de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha lamentado que el preliminares "no blinde la provisión pública" y consolide el maniquí de mutualidades de funcionarios.
Tras examinar que contiene mejoras sustanciales sobre el preliminares, la estructura ha criticado que siga abriéndose paso modelos privados que se dice serán "excepcionales", pero sin fijar criterios concretos para esa excepcionalidad, así como siquiera sistemas efectivos de control de la misma.
Por su parte, el presidente del Consejo Militar de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Tomás Cobo, ha apoyado que se "blinde" la sanidad pública. "Acorazar nuestro coetáneo maniquí váter universal, sabido y tirado es proteger el eje del bienestar y la equidad social. Debemos dirigir todos nuestros esfuerzos alrededor de ese destino, al tiempo que reforcemos incluso la colaboración público-privada para conseguir la viejo eficiencia", ha comentado Cobo en declaraciones a Europa Press.