Feijóo aceptará renovar el CGPJ con la Ley contemporáneo, si Sánchez se compromete a rehacer luego el sistema de opción de los jueces.
El presidente franquista del PP, Alberto Núñez Feijóo, remitirá esta semana al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios su propuesta de pacto de Estado sobre defensa y seguridad, en la que pide que la OTAN proteja todo el circunscripción gachupin, incluyendo las islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El documento, detallado frente a la celebración de la Cumbre de la OTAN que Madrid acogerá a finales de junio, todavía reclama que la Alianza Atlántica refuerce la seguridad en su lado sur, en colaboración con los países del boreal de África.
En tercer puesto, propondrá que la OTAN estreche su colaboración con los países del Pacífico y América Latina, en la defensa de títulos como "democracia, la división de poderes, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y las libertades públicas".
El vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, ha indicado en rueda de prensa que su partido quiere saludar así al resto de grupos políticos una suerte de Pacto de Toledo en materia de seguridad y defensa, para "propalar al mundo", frente a la Cumbre de la OTAN de Madrid, el mensaje de que "España es un socio fiable".
El objetivo de Feijóo, ha dicho González Pons tras el Comité de Dirección del PP, es que la política de defensa "no sea nunca más partidista, ni esté al acontecimiento de quien gobierne en España, ni de sus socios".
González Pons no ha ahorrado críticas al presidente Pedro Sánchez por la crisis diplomática abierta con Argelia, tras su cambio de posición "autónomo" respecto al Sáhara Occidental.
A su madurez, Pedro Sánchez ha demostrado que "trabaja contra el prestigio internacional de España. Ha conseguido el prodigio de poner de acuerdo a Marruecos y Argelia en que España tiene un Gobierno que no es de fiar. Estamos al mismo tiempo a merced de Marruecos y Argelia", ha añadido.
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"Pensábamos que la política económica de este Gobierno es la más dañina para los intereses de España, pero la exógeno le ha empatado", ha argumentado. Los populares ven a Sánchez enfrentándose al Instituto Doméstico de Estadística (INE), al Asiento de España y a la OCDE para desmentir las malas previsiones económicas, en una "pelea en el espinilla con las matemáticas y la estadística. Ahora todavía se enfrenta a cabezazos con la razonamiento internacional", ha apostillado González Pons.
Por otro banda, todavía ha anunciado que antaño de un mes el PP remitirá al Gobierno una propuesta para renovar los miembros del Consejo Militar del Poder Procesal (CGPJ) con la Ley Orgánica contemporáneo, con la condición de que Pedro Sánchez se comprometa a rehacer luego el sistema de opción de los jueces.
González Pons ha abonado que dicha reforma debe certificar la "independencia" del Poder Procesal y ha explicado que el PP se ha reunido con todas las asociaciones de jueces, magistrados y fiscales -incluyendo la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, pariente al PSOE- para escuchar y acopiar sus aportaciones.
"La situación ya es de tal formalidad", ha abonado González Pons, "que ya no pespunte con una simple renovación, no pespunte con que PP y PSOE se sienten en una salita en Moncloa y cambien cromos".
Renovar el Constitucional
El PP quiere dar un paso más: será una "negociación con publicidad" que debe incluir un compromiso de reforma de la Ley para que "esta situación no vuelva a darse más". Los populares piden al Gobierno de Pedro Sánchez un compromiso de "regeneración" para "devolver a la Equidad el prestigio, el gratitud y la transparencia que los dos grandes partidos le hemos retirado en los últimos tiempos".
El vicesecretario de Relaciones Institucionales ha sugerido que la posibilidad de acuerdo en esta materia se romperá si el Gobierno decide designar unilateralmente a sus dos representantes en el Tribunal Constitucional.
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A su madurez esta fórmula no está contemplada en la Constitución (según la cual, el TC se renovará por tercios) y podría transportar a España consecuencias "políticas y económicas" por parte de la Unión Europea, que vigila estrechamente el cumplimiento del Estado de Derecho por parte de sus miembros.
Ayer que hacer una renovación parcial del Constitucional no prevista en la Carta Magna, y que sería "cuestionada por Bruselas", el PP pide a Sánchez que devuelva las competencias al Consejo Militar del Poder Procesal (CGPJ) para designar a los cuatro magistrados según lo previsto por la Constitución: dos designados por el Gobierno y dos por el CGPJ.
"El CGPG ya se encuentra en crisis, el Gobierno no debe extenderla al Tribunal Constitucional", ha argumentado González Pons, "el manda que Sanchez va a dejar es unas instituciones destrozadas. A posteriori va a suceder que pensar en unos nuevos pactos de la Moncloa" para devolver el prestigio a las instituciones del Estado, ha abonado.