La ministra de Igualdad se niega a poner en marcha un maniquí que, según el PSOE, permitiría realizar más abortos en los centros públicos.
La gran envite sanitaria de Unidas Podemos adentro del Gobierno de coalición es la modificación de la Ley del Engendro. Irene Montero la ha adalid haciendo de ella el símbolo de sus dos grandes reivindicaciones: feminismo y sistema notorio. O, lo que es lo mismo, pérdida para todos (incluidas menores sin consentimiento paterno) y en centros públicos siempre.
Pero el problema es que la promesa de Montero choca con la efectividad sanitaria del país. Y es que, aunque Irene Montero insiste en que todos los centros públicos realicen abortos y se relegue a la sanidad privada como una opción secundaria, no hay medios materiales para hacerlo.
Diversas fuentes han explicado a EL ESPAÑOL que, unido al problema que se puede encontrar la ministra de que los médicos se declaren objetores de conciencia, la mayoría de los centros públicos no están preparados para acoger los 74.000 abortos que se hacen anualmente en clínicas privadas.
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Por eso, desde el PSOE se envite por poner en marcha el pérdida farmacológico, que elimina la condición de quirófano y de los equipos (materiales y humanos) que precisan los abortos quirúrgicos. ¿El problema? Podemos está radicalmente en contra.
Es aseverar, que el equipo de Irene Montero se opone al único maniquí de pérdida (el farmacológico) que haría posible que estas interrupciones del inconveniente pudieran robar a mango en el sistema notorio sin que esto repercutiera en un problema irresoluble para el sistema. Harían descuido menos médicos (adicionalmente habría menos problemas con los objetores de conciencia) y no serían precisos tantos medios quirúrgicos.
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De hecho, este era el argumento que los socialistas, con el exministro Salvador Illa a la habitante del área de Sanidad, usaron para poner en marcha el pérdida farmacológico.
El Empleo publicó en su web la consulta pública del tesina para modificar la praxis del pérdida, cuyo eje central pasaba por potenciar la técnica farmacológica frente a la quirúrgica.
El tesina no gustó mínimo a Unidas Podemos —la propia ministra de Igualdad lo recriminó en sus redes sociales—y fue inmediatamente eliminado. Desde entonces mínimo se sabe de este software, pero en el PSOE y en varias comunidades autónomas insisten en que es la única forma de hace abortos en los hospitales públicos y desterrar a la clínica privada.
La interrupción voluntaria del inconveniente debe garantizarse de forma segura y efectiva para todas las mujeres y con séquito médico especializado. El pérdida farmacológico nunca debe ser la única opción, ni siquiera la prioritaria.
— Irene Montero (@IreneMontero) January 22, 2021
De primeras, el pérdida farmacológico tiene una último validez que el instrumental (cuando la paciente acude a la clínica y se lo realiza un médico). Por otro costado, el primero asimismo fondo riesgos físicos, pues la expulsión del feto se efectúa en casa, sin séquito de un váter, y puede durar días.
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Por otra parte, durante este tipo de abortos con pastillas se pueden decidir adherencias que complican nuevos embarazos y que, en un 5% de los casos, precisan de una intervención médica.
En el argumentario de su propuesta, el Empleo de Sanidad explicaba que el método que rechaza la ministra de Igualdad sería el maniquí que se practicaría en los centros ambulatorios públicos "hasta la novena semana de elaboración".
Añadía, adicionalmente, que "no solo es oportuno, sino que es más crematístico" oportuno al "bajo coste de los fármacos empleados unido con la simplicidad de las instalaciones requeridas".
El texto era una modificación del Existente Decreto 813/2012 para que el pérdida durante las nueve primeras semanas de elaboración se pueda realizar en la sanidad pública mediante un método farmacológico.
Se explicaba que la puesta en marcha de esta nueva norma eliminaría la dependencia que existe en dirección a el sector privado para hacer este tipo de prácticas desde la modalidad quirúrgica. Precisamente es lo que pide Irene Montero, pero se niega a cumplir por su rechazo al método farmacológico.
Las razones de Irene Montero para recusar las pastillas son clínicas, y están avaladas por gran parte de la comunidad científica. Aun así, y como insisten desde las autonomías, es la "única forma" de que en cualquier centro notorio de España "tenga un servicio que realice abortos y se elimine el traslado de pacientes entre regiones a clínicas privadas".