El representante justo de Benhalima denuncia la violación de los principios de no devolución y de no discriminación de la Convención contra la Tortura.
El exmilitar y perturbador argelino Mohamed Azzouz Benhalima, expulsado por el Tarea del Interior a su país en el mes de marzo, presentó el 3 de agosto una denuncia, por medio de sus abogados, contra España frente a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas (UNCAT).
El objeto de esta denuncia es “determinar la violación del Art. 3 UNCAT, principio de no devolución, y del Art. 1, principio de no discriminación”, según consta en el escrito, al que ha tenido golpe EL ESPAÑOL.
Benhalima fue devuelto de necesidad a su país de origen, Argelia, el 24 de marzo de 2022, “a pesar de las sólidas razones que indicaban el aventura cierto y existente de sufrir torturas y otros malos tratos que padecería en caso de devolución”. Actualmente, permanece en prisión, sufriendo “torturas y malos tratos, y bajo pena de crimen”.
Según su defensa, “la atrevimiento del Gobierno de expulsar a Benhalima y la atrevimiento de la Audiencia Doméstico de no aplicar una medida suspensiva contravienen el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) ratificada por España en 1987”, que establece una protección absoluta contra la devolución de personas en peligro de ser torturadas o maltratadas en un Estado al que van a ser expulsadas.
Para conseguir esta expulsión lo más rápido posible y evitar cualquier supervisión procesal, “el Reino de España eligió deliberadamente un procedimiento oficial preferente, evitó pedir garantías al Gobierno argelino y estableció un plan específico urgente para la devolución”.
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La devolución se llevó a lengua en un revoloteo chárter expresamente contratado por el Gobierno gachupin para este fin, en división de hacerlo por las vías ordinarias de devolución como el ferry y el revoloteo regular, “lo que indica la voluntad deliberada del Tarea del Interior gachupin de entregarlo a las autoridades argelinas”. Toda la operación duró menos de cuatro horas.
Violación adicional
Cuando se detiene al perturbador el 14 de marzo en Zaragoza, todavía se ignora “si fue en el ámbito de un dispositivo ordinario de inmigración o porque ya era un objetivo principal de la Cuadrilla Militar de Extranjería y Fronteras”, mayor entraña policial en España en materia de inmigración.
“La detención fue la esencia para poner a Benhalima fuera de la protección de la ley, lo que podría plantearse como una violación adicional”, mantiene en el documento su representante justo en España.
La denuncia se centra en que “al hacerlo, ya sea por ceguera voluntaria o por un acto intencionado, el Reino de España fue responsable de la devolución de Benhalima bajo un aventura cierto y posible de tortura”. Por lo tanto, “España incumplió las obligaciones críticas del derecho internacional que prohíben a los gobiernos devolver a personas a un país donde estarían en peligro de sufrir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Las medidas cautelares solicitadas por la representación justo de Benhalima frente a los tribunales españoles para detener la deportación fueron rechazadas. En todo caso, si se hubieran estimado habrían sido inútiles porque la resolución del Tribunal se produjo siete horas posteriormente de que hubiera aterrizado ya en suelo argelino”, explícita la comunicación a la UNCAT.
Discriminación por creencias
Inmediatamente posteriormente de su detención, la Cuadrilla Militar de Extranjería y Fronteras inició un procedimiento oficial contra Benhalima para expulsarlo de suelo gachupin y deportarlo a Argelia por la presunta infracción muy peligroso de “participar en actividades contrarias a la seguridad doméstico o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países”.
Sin incautación, la Cuadrilla Militar de Extranjería y Fronteras “no ha presentado hasta la aniversario ningún documentación o documento que acredite dicha supuesta función subversiva o radical”.
Adicionalmente, los abogados recuerdan que “las autoridades españolas siquiera parecen ocurrir tenido en cuenta el contexto presente, en el que las autoridades argelinas han estado formulando cada vez más falsas acusaciones de terrorismo y de seguridad doméstico contra activistas pacíficos, defensores de los derechos humanos y periodistas, como han listo repetidamente desde 2019 varios relatores de la ONU y organizaciones internacionales”.
Como fundamento de la atrevimiento de expulsar a Benhalima de suelo gachupin, “las autoridades españolas confundieron y mezclaron deliberadamente creencias religiosas legítimas, como el islamismo, con creencias críticas e ilegales, como el terrorismo”.
La asignación de creencias islamistas a Benhalima y a su supuesto entorno, “adicionalmente de ser falsa, ha sido esencial para retratarlo como una amenaza para la seguridad doméstico y un sospechoso de terrorismo”. En consecuencia, sus representantes legales consideran que “este retrato ha sido esencial para conquistar la resolución de expulsión de España y la denegación de la solicitud de orfanato y, por lo tanto, han conducido a la tortura y a varias otras formas de maltrato en Argelia”.
La atribución, señalización y estigmatización de una persona por sus creencias religiosas, cuando está en muestrario la protección contra la tortura y los malos tratos, supone una violación del artículo 1 de la UNCAT.
El 24 de marzo, una vez que Benhalima ya estaba detenido en el CIE de Valencia, la Secretaría de Estado de Seguridad del Tarea del Interior gachupin finalizó este procedimiento y dictó su resolución de devolución. Sin incautación, “el Tarea del Interior gachupin no ha aportado ni uno solo de dichos supuestos mensajes radicales o llamadas a la violencia”. En los hechos de la denuncia, todavía se precisa que se le despojó de su teléfono móvil y que no se le notificó su expulsión.
Torturas y malos tratos en Argelia
La venida de Benhalima a Argelia fue retransmitida en las televisiones públicas argelinas y “las autoridades argelinas lo expusieron como un trofeo de desavenencia, de forma especialmente cruel e inhumana”. La forma en que se llevó a lengua la expulsión “se asemejó a una rendición extraordinaria, que es en sí misma una forma de tortura un trato cruel e inhumano llevado a lengua por las autoridades argelinas con la favor de las autoridades españolas”.
En la ahora, “ya ha sufrido torturas y malos tratos y se encuentra en situación de tantear más”, mantiene el documento.
Se encuentra en prisión en régimen de aislamiento en el centro penitenciario de El Blida desde abril, sólo se le permite una salida de 10 minutos al día de su celda, sin ningún contacto con otros presos.
Las autoridades argelinas han obstaculizado las visitas de familiares y su derecho a la defensa. “Sus abogados en Argelia no tienen golpe a los expedientes completos, no pueden obtener copias de los mismos y todos los interrogatorios, teóricamente privados, se realizan en presencia de los guardias de la prisión. Incluso, uno de sus abogados ha sido detenido”, detalla la comunicación enviada a la UNCAT.
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Como adelantó EL ESPAÑOL, Benhalima fue condenado a la pena de crimen en una presencia celebrada en su partida en 2021 por delitos de defección y espionaje, y a prisión en, al menos, otros 10 procedimientos penales en partida, que suman más de 25 abriles de prisión. “Además hay otros procedimientos penales y administrativos pendientes contra él que sólo pueden contribuir a aumentar el tiempo de encarcelamiento”, explicitan su representante en el escrito.
El Gobierno gachupin ha notorio después ignorar esta condena, pero sus abogados aclaran que “no ha explicado ni las razones para no pedir plenas garantías al gobierno argelino ayer de la devolución ni las razones por las que no utilizó el procedimiento procesal de extradición para devolver a Benhalima a Argelia”.