Cedido que Feijóo ocupa un escaño en el Senado, los populares quieren soportar a esta Cámara el debate de las principales cuestiones de Estado.
El PP iniciará en septiembre una ataque parlamentaria contra la ministra Pilar Llop, a la que hace responsable del estropicio de la imagen de la Probidad en España.
Los populares quieren forzar su comparecencia en el Senado y, anejo a ella, además la del nuevo fiscal universal del Estado, Álvaro García Ortiz.
Cedido que Alberto Núñez Feijóo ocupa un escaño en el Senado, los populares quieren soportar a esta Cámara el debate de las principales cuestiones de Estado, como la Probidad.
Por un flanco, el senador del PP Fernando de Rosa exigirá a Pilar Llop que explique por qué se niega a acatar el noticia emitido por la Comisión Europea el pasado mes de julio, que insta a modificar el sistema de referéndum del Consejo Genérico del Poder Legislativo (CGPJ) para asegurar su independencia.
Desde el PP ya han apto de que la desobediencia a esta directriz puede implicar que Bruselas retenga una parte de los fondos europeos Next Generation concedidos a España, que suponen un cuantía total de 140.000 millones de euros.
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En segundo espacio, el PP quiere que la ministra de Probidad explique por qué el Gobierno ha permitido que Cataluña se convierta en un departamento en el que no se cumplen las sentencias judiciales.
Al respecto, Fernando de Rosa pedirá a Llop que aclare si la "desjudicialización" de la política catalana que pactaron Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la última reunión de la Mesa de Diálogo implica asegurar impunidad para los delitos cometidos por los independentistas.
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Almacén del PP, Pedro Rollán, y el portavoz de Probidad en el Senado, Fernando de Rosa.
ERC ha instado al Gobierno a reorganizar el Código Penal antaño de que concluya el año, para despenalizar el delito de sedición por el que fueron condenados a penas de prisión Oriol Junqueras y el resto de responsables del ataque del 1-O.
Adentro de esa fila de interpelaciones, De Rosa además preguntará a la titular de Probidad si cree que el Gobierno debe acogerse frente a el Tribunal Constitucional la audacia de la Generalitat de desobedecer -mediante un subterfugio legal- la sentencia del TSJC que garantizaba al menos un 25% de enseñanza en castellano.
Tras la reunión de la Mesa de Diálogo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, respaldó expresamente el nuevo decreto impulsado por Pere Aragonès, que excluye el castellano como unión vehicular en contra de la justicia del Supremo, para sortear esta sentencia.
En el mismo sentido, preguntará a la ministra de Probidad si comparte el criterio de la Derecho del Estado, que ha argumentado que los indultos a los condenados por el procés están justificados porque "buscaron la convivencia democrática y la paz social en Cataluña".
Se da la circunstancia de que Llop se despachó la semana pasada con duras declaraciones contra Feijóo, "al que parece ser el líder del PP", dijo. La ministra le pidió que "ponga orden" en su partido y no tenga "miedo". Por otra parte, dijo que echaba de menos a Pablo Casado, "que sí se enfrentó a Ayuso".
Acoso al sentenciador Llarena
El PP quiere promover una reforma justo para que el Ejecutante tenga en cuenta siempre el criterio del víscera crucial, antaño de conceder la medida de agudeza. En unas declaraciones recientes, el ministro de Deportes, Miquel Iceta, se mostraba partidario de que Carles Puigdemont regrese a España para que el Gobierno pueda estudiar su indulto, una vez sea magistratura.
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Los populares quieren destruir con el señalamiento que han sufrido en Cataluña magistrados como Pablo Llarena y Manuel Marchena, con la difusión de sus datos personales o incluso lugares de residencia. Al respecto, el PP pedirá a Llop medidas para proteger a estos magistrados y a los funcionarios judiciales.
La tercera pata de la táctica que el PP planteará frente a la ministra de Probidad en el Senado tiene que ver con el País Vasco: Fernando de Rosa preguntará a la titular de Probidad qué medidas piensa adoptar para poner fin a los homenajes a etarras.
El PSOE rechazó el pasado mes de diciembre apoyar en el Congreso de los Diputados una propuesta planteada por Ciudadanos para prohibir los llamados ongi etorri, alegando que el principal colectivo de familiares de presos etarras se había comprometido a poner fin a estos actos. A la hora de la verdad, los homenajes a etarras que salen de la prisión se han seguido celebrando con absoluta impunidad en el País Vasco.
El PP además ha solicitado la comparecencia del nuevo universal del Estado, Álvaro García Ortiz, para someterlo a examen. Cuando Álvaro García pasó a acomodarse este cargo, en sustitución de Dolores Delgado, el PP lamentó que se tráfico de un profesional con "una trascendente cercanía al PSOE". Los populares reclaman una reforma del Estatuto del Ocupación Fiscal para asegurar su independencia respecto al Gobierno.
Feijóo remitió el pasado mes de julio al presidente Pedro Sánchez un paquete de propuestas en materia de Probidad. El plan incluía la inmediata renovación del Consejo Genérico del Poder Legislativo (CGPJ) con el contemporáneo sistema de referéndum, mediante el cual todos sus vocales son propuestos por los partidos políticos.
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Pero incluía además el compromiso de pactar a continuación una reforma de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el fin de cumplir las exigencias de la Comisión Europea, que pide que al menos la fracción de los vocales del CGPJ sean elegidos "por sus pares", es asegurar, por los jueces y magistrados.
Las 'puertas giratorias'
El plan de Feijóo además incluía mecanismos para amurallar las "puertas giratorias" en la Probidad, de forma que el cargo de vocal del CGPJ y de fiscal universal del Estado no podrán ser ocupados por quienes hayan desempeñado un puesto de carácter político durante los últimos cinco abriles.
Del mismo modo, según la propuesta de Feijóo, los jueces y magistrados que hayan ocupado un cargo de referéndum política o de gobierno, con rango superior al de director universal (como el ministro de Probidad, Fernando Ilustre-Marlaska), no podrán reincorporarse al servicio jurídico antaño de un plazo de dos abriles.
Sin incautación, el presidente Sánchez desdeñó la propuesta de pacto de Feijóo e impulsó una "contrarreforma" de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para permitir que el CGPJ, cuyo mandato está caducado, pueda designar a sus dos representantes en el Tribunal Constitucional.
De este modo, el PSOE se garantiza una mayoría "progresita" en el Detención Tribunal que debe resolver ahora medios tan importantes como los presentados contra la Ley Celaá de Educación, la Ley del Monstruo, el plan de peculio energético del Gobierno (la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado este apelación) o la desobediencia de la Generalitat a la sentencia del 25% de castellano.
Mientras tanto, la reforma impulsada por el PSOE hace un año impide al CGPJ nombrar nuevos jueces y fiscales en otras instancias (como el Tribunal Supremo, algunas de cuyas salas no pueden dictar sentencias porque varios de sus magistrados se han retirado), ya que su mandato está caducado.