Dictaminó que Idaho no puede prohibir el feto en situaciones en las que su maña sigue las normas de la Oficina federal. La ley entraría en vigor este jueves.
Un sentenciador de Idaho (noroeste de Estados Unidos) bloqueó una polémica ley que estaba previsto que entrase en vigor este jueves y que habría prohibido casi todos los abortos, incluidos aquellos en que la sanidad de la mujer se encontrara en peligro.
El magistrado B. Lynn Winmill dio la razón al Gobierno estadounidense, que se presentaba como parte demandante, y dictaminó que Idaho no puede prohibir el feto en situaciones en las que su maña sigue los estándares marcados por la Oficina federal para cuidados de emergencia.
En esencia, el sentenciador indica en su escrito que Idaho tiene facultad para legalizar sobre el feto, pero que queda limitada por las regulaciones sanitarias impuestas a nivel federal. El pasado 12 de agosto, la Corte Suprema de Idaho había fallado a atención del Gobierno republicano del estado y poliedro su pasado bueno a que se aplicase la ley del feto.
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Por tres votos a atención y dos en contra, la corte de decano instancia del estado denegó la petición de la entidad abortista Planned Parenthood, que solicitaba que se bloquease la entrada en vigor de la norma el próximo 25 de agosto alegando que viola los derechos a la privacidad y a la igual protección delante la ley.
Por otra parte de Planned Parenthood, el pasado 2 de agosto, el fiscal común de EEUU, Merrick Garland, anunció otra demanda contra Idaho al considerar que su ley contra el feto "criminaliza a los médicos" e impide que practiquen con albedrío las interrupciones del estorbo cuando la sanidad de la mujer está en peligro.
El Unidad de Honestidad demandó a Idaho por violar la Ley federal de Trabajo y de Tratamiento Médico de Emergencia, para intentar proteger a los médicos que tienen que intervenir cuando el feto es "el tratamiento médico necesario para estabilizar la condición médica de emergencia de una paciente".
Fue la primera actividad del Unidad de Honestidad contra un estado desde que el pasado mes de junio el Tribunal Supremo anulara la sentencia "Roe contra Wade" y eliminase así la protección federal del derecho al feto, cediendo a los estados su código.
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Y no será la única, según explicó en rueda de prensa Garland, quien apuntó que el reunión de trabajo sobre derechos reproductivos creado a raíz de la intrepidez del Supremo se está dedicando a evaluar "el panorama cambiante de las leyes estatales" y ya se están estudiando "litigios adicionales" contra otros estados.