Según los criterios de la OCDE, tradicionalmente, se ha señalado a España como un país con una proposición de taxis sobredimensionada para suplir la deficiencia de los transportes colectivos, si correctamente tales carencias han sido superadas sin duda en las últimas décadas, disfrutando España de una moderna red de transportes homologable a la de los países de nuestro entorno, que ha sustentado aproximadamente 65.000 taxis de modo rentable, incluso revalorizando sus licencias por encima del rendimiento del IBEX 35 en los últimos 25 primaveras, según datos ofrecidos por la CNMC.
Todo indicaba que la incorporación de unos 15.000 vehículos VTC en la última término desbordaría la proposición de servicios de taxi, pero acullá de ocurrir tal cosa, la rentabilidad de los taxis ha seguido al elevación y aún siguen existiendo déficits de servicio a los usuarios en muchas épocas del año, zonas y horas del día, donde resulta complicado obtener un transporte tanto taxi como VTC.
Decenas de medios de comunicación se han hecho eco este verano de que han faltado taxis. Libres de restricciones a la movilidad, se ha puesto de manifiesto que la incorporación demanda de evacuación de transporte de los ciudadanos locales o turistas, y los millones de personas que nos visitan desde el extranjero, no están debidamente atendidas a la hora de decidirse por usar un taxi o una VTC.
Sobre todo, se han producido dificultades, enormes colas y esperas para conseguir un taxi en Barcelona y en las islas Baleares -donde las restricciones regulatorias al uso de VTC son mayores -, pero además se han manido en Andalucía, tanto en sus zonas costeras como en otras localidades de interior, donde, -carentes de restricciones comparables a las catalanas-, se hace un uso intensivo del transporte muy mezclado al turismo y a la celebración de eventos y fiestas.
La cuestión se extiende más allá del periodo veraniego y de la estacionalidad que conlleva, pues la ingenuidad socioeconómica andaluza, con una reactivación económica que le hace ascender de los últimos lugares a los primeros de España, requiere reconsiderar un aumento en la proposición cuantitativa de taxis y VTC.
Aún siguen existiendo déficits de servicio a los usuarios en muchas épocas del año, zonas y horas del día.
Para ello solo hace error repasar algunos datos objetivos que se desprenden de conjunto de factores que incluyen, entre otros, el claro incremento de la movilidad de la población en el entorno metropolitano de Málaga y la Costa del Sol, donde se ha quintuplicado el mercado de solicitud por aplicaciones móviles, y determinados tráficos con origen y destino en el aeropuerto, periodo AVE y otros focos de incorporación demanda que no paran de crecer.
De modo paralelo, aunque en último proporción, además en la propia Sevilla, puntal del crecimiento sostenido en la región, por el turismo, las ferias y eventos.
Las próximas y drásticas restricciones municipales a la circulación por doquier de vehículos particulares por supuestos motivos ambientales, apuntan a tumbarse en todas las capitales andaluzas una vez se apliquen las nuevas zonas de bajas emisiones y demás medidas sobre calidad del salero, cambio climático y movilidad sostenible, destinadas a provocar un trasvase del transporte privado a los transportes públicos urbanos, donde taxis y VTC tienen un papel muy relevante, de modo que harán error más unidades de éstos para absorber esa demanda.
Asimismo su permanencia y viabilidad está garantizada por incipientes subvenciones e incorporación de servicios a demanda en las zonas rurales de último rentabilidad.
Adicionalmente, como se ha podido comprobar durante los últimos meses, en Andalucía no existe un problema de exceso de proposición de servicios de transporte urbano en vehículos de menos de 9 plazas (taxi y VTC). Adecuadamente al contrario, la citada recuperación de la actividad económica y el retorno masivo del turismo, han demostrado la escasez de taxis y la utilidad de las VTC en cuanto complemento del transporte conocido, contribuyendo a dimensionar la proposición en los momentos de decano demanda y a respaldar un sistema de transportes adecuado y suficiente para andaluces y turistas.
No existe actualmente ninguna razón que justifique achicar el número de taxis y VTC en Andalucía, por el contrario, deberían estudiarse su ampliación por los motivos expuestos.
Tendrán que ser la Comisión Europea o los propios Tribunales de Probidad quienes impongan cordura.
Esto se pone aún más de relieve si procedemos a una comparativa con otras regiones y ciudades españolas y europeas, donde se evidencia, si se tienen en cuenta las ratios del conjunto de taxis más VTC por cada 1.000 habitantes, que Andalucía -donde ese sitúa en 1,4- y sus dos grandes áreas metropolitanas -Sevilla con 1,3 y Málaga con 2,9-, ofrecen un servicio de taxi y VTC muy escaso y destacan en la parte quebranto de la tabla con relación a Barcelona -con 3,5- y Madrid -con 3,6-.
Mucho más crece la distancia con otras capitales europeas donde encontramos a Varsovia en 4,8, Manchester con 5,0, París con 5,5, Lisboa con 5,7, Ámsterdam con 8,5, Londres con 10,1, y cambiando de continente Nueva York con 12,3 vehículos de este tipo por cada 1.000 habitantes. (Ver claro).
Taxis más VTC por cada 1.000 habitantes
Adicionalmente, los tiempos de recogida de viajeros son casi tres veces mayores que en otras regiones como Madrid donde el servicio es más competitivo y nuevo, tanto por la decano digitalización como la sostenibilidad ambiental de la flota, disponiendo de una proposición de aproximadamente 23.218 vehículos entre taxis y VTC, muy acullá de los 11.906 de los que dispone Andalucía, que tiene decano población y condado.
A la luz de este somero estudio, la Reunión de Andalucía tendría que proveer urgentemente la regularización autonómica de las 3.202 VTC radicadas en la región (que se debe producir este mes ayer de que venza el plazo reglamentario que el Gobierno central concedió a la Reunión), para evitar el desabastecimiento y perjudicar a millones de usuarios, y, seguidamente, plantearse incluir este asunto al efectuar los pertinentes estudios internamente de su política sobre movilidad sostenible, para tomar decisiones objetivas y mesuradas sobre hasta cuánto incrementar el número de taxis y VTC que requiere el condado.
Asimismo sería aconsejable evitar en lo posible el clientelismo sectorial y que los límites cuantitativos de licencias de taxi o autorizaciones VTC no puedan continuar atados a las veleidades del político de turno, sino objetivarse bajo medidas flexibles que aumenten y mejoren los actuales servicios, incluso otorgando permisos de temporada para los picos de demanda estacional.
De lo contrario, si se impone la porte diletante de los poderes públicos por miedo al conflicto y tocar el statu quo, el servicio se irá degradando, y, no andando mucho, tendrán que ser la Comisión Europea (que ya efectuó unas recomendaciones flexibilizadoras hace un semestre) o los propios Tribunales de Probidad (aunque no debería ser su función), quienes impongan cordura y acaben por suprimir los frenos discrecionales o artificiales que unos y otros imponen a la proposición de servicios en perjuicio del interés genérico de los usuarios del transporte. A fin de cuentas son además sus clientes y pasajeros, contribuyentes y votantes, respectivamente.
En cualquier caso es de temer que será denominador popular que, entreambos sectores, ayer de comparecer solicitando dichas medidas previsoras y basadas en criterios objetivos, contiguo con menos intervención y más albedrío; prefieran el lúbrico entendimiento con los ediles más populistas y clamen por la seguridad del añejo statu quo, desconociendo entreambos que, tal y como señalaba el pedagogo Antonio Escohotado“la seguridad obtenida pagando protección será siempre insegura, porque la frontera entre protección y despojo es letrilla escrita sobre agua, que reconvierte sin pausa al guardia en vástago” (Caos y orden, 1999).
*** Emilio Domínguez del Valle es abogado diestro en movilidad y transportes.