Los expertos afirman que va a ser complicado que vea la luz en el zaguero trimestre del año.
El precio del locación en España se ha disparado un 6,4% entre agosto de 2021 y 2022. Un zaguero año en el que ese porcentaje se ha elevado por encima del 10% en muchas capitales. A la cabecera, Cuenca (22,8%). Le siguen Alicante (20,5%), Barcelona (20,2%), Valencia (16%), Málaga (14,8%), Palma de Mallorca (13%), Gerona (12,2%), Almería (12%), Santa Cruz de Tenerife (11,9%) y Madrid (10,3%).
Son datos recogidos por el marketplace inmobiliario Idealista que asimismo ponen de manifiesto que 22 capitales de provincia han tocado su mayor histórico en el precio del locación durante agosto de este año. Algunos ejemplos son Cádiz, Zaragoza, Santander, Arrogante, Valladolid, Albacete, Toledo, Badajoz, Logroño, Murcia o Pamplona.
Uno de los objetivos de la Ley de Vivienda, que fue aprobada como esquema de ley en Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, era regular el precio de la vivienda en locación en lo que se caldo a denominar como zonas tensionadas. Es opinar, aquellas en las que el coste de la hipoteca o el locación superase el 30% de los ingresos medios de los hogares en ese ámbito; o donde el locación haya subido un 5% sobre el IPC en los últimos cinco abriles. Otra meta de la ley era aminorar el precio gracias a una serie de bonificaciones fiscales para los propietarios.
Plazos
Han pasado poco más de seis meses desde entonces, y el bálsamo de PSOE y Unidas Podemos para desinflar el precio del locación está en vía muerta. Y eso que el Consejo de Ministros acordó su tramitación por el procedimiento de necesidad.
“La previsión de que la nueva ley sea efectiva durante el zaguero trimestre de 2022 va a ser complicada de sobrellevar a límite”, advierte Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. Y añade: “Nos podemos ir a 2023 porque los cambios en la regulación de precios, por ejemplo, y su afectación en los pequeños propietarios, son decisiones que tienen que tomarse con las cifras encima de la mesa. Durante toda la tramitación se ha recostado de menos más datos de los pros y contras que conlleva esta ley”.
[El Gobierno anuncia que la Ley de Vivienda se aprobará "en los próximos meses"]
En el Ocupación de Transportes, Movilidad y Memorándum Urbana (Mitma) son más optimistas: “Mantenemos la previsión de que la ley pueda estar aprobada en las próximas semanas en el Congreso, de acuerdo con la previsión de que esté aprobada definitivamente antaño de que acabe el año”.
Una confianza que tiene una contrapartida, como relata José Ramón Siniestro, director genérico de la Agencia Negociadora del Locación (ANA): “Si el socio mayoritario del Gobierno [PSOE] quiere tener los presupuestos aprobados este examen, entendemos que se aprobará. Unidas Podemos ya ha dicho que, si es necesario, vinculará su apoyo a los presupuestos generales a la aprobación de la Ley de Vivienda antaño de que acabe el año”.
Centenares de enmiendas
Las razones por las que la ley sigue atascada en el Congreso se pueden resumir en dos. Por un flanco, la presentación de más de 800 enmiendas de todos los grupos parlamentarios. “Es un trámite que necesita tiempo, trabajo y diálogo”, remarcan desde el Mitma. Por otro, un problema político e ideológico entre los dos socios del Gobierno.
“El PSOE está intentando, porque no cree en ella, dilatar la aprobación de la ley o dejarla en un cajón”, afirma José Ramón Siniestro. Asimismo, la imposición del efectivo decreto ley que congela las actualizaciones de las rentas del locación al 2% está provocando un incremento de los precios y una disminución de la propuesta al desplazarse muchas viviendas a la compraventa.
“Los inquilinos tienen ahora menos viviendas donde poder poblar de locación y, por otra parte, más caras. Precisamente lo contrario de lo que se pretendía conseguir”, resalta el director genérico de ANA. Con este panorama, aprobar la ley “perjudicaría aún más a los propietarios que son los que tienen que sacar vivienda en locación para aumentar la propuesta y mantendría la subida de precios”.
Ejemplo de este desencuentro son las tres medidas que Unidas Podemos considera esenciales pero que su socio de Gobierno se resiste a darles el empujón definitivo (aunque el resto de socios parlamentarios si está por la entorchado).
Carteles de vivienda en locación.
Una, que la regulación de los precios de locación en las zonas de mercado tensionado afecte a grandes tenedores y pequeños propietarios. Conviene recapacitar que, de los más de 2,6 millones de viviendas que hay en locación, más del 90% está en manos de pequeños propietarios.
Dos, que no se pueda desahuciar a familias que estén en situación de vulnerabilidad sin que exista una alternativa habitacional. Y, tres, que SAREB forme parte del parque notorio de locación. “Son cambios sustanciales que, lógicamente, no son de practicable manejo y mandato. Si estas tres solicitudes se convierten en exigencias harán más lenta la tramitación definitiva de la ley”, relata Ferran Font.
‘Carne’ de Tribunal Constitucional
Los expertos consultados por este informe no dudan en resaltar que finalmente acabará viendo la luz. Aunque asimismo, como señala Arantxa Goenaga, abogada y socia del despacho Círculo Justo Barcelona, “tiene asegurado su paso por el Tribunal Constitucional por los problemas que se van a difundir con el derecho a la propiedad y las limitaciones que parece imponer”.
Para José Ramón Siniestro, “la ley que se está tramitando en el Congreso podría germinar viciada”. De ahí las críticas que ha recibido “por invadir competencias reservadas constitucionalmente a las comunidades autónomas y por contar con informes desfavorables de altas instituciones del Estado”. El informe del Consejo Común del Poder Legal (CGPJ) fue demoledor al respecto.
Encima, el PP ha dicho que en las comunidades en las que gobierna no se va a implementar. “El impacto final que pueda tener en los bolsillos de los propietarios no sólo es heterogéneo territorialmente sino que, por otra parte, tiene un punto de intriga al no conocer hoy cuáles serán los precios de locación de remisión”, sostiene Ferran Font.
Y Arantxa Goenaga concluye: “Existe una injerencia en el derecho de la propiedad al imponer limitaciones que conllevan a que los particulares parezca que tienen que suplir las obligaciones de la Oficina de respaldar una vivienda a todos los ciudadanos”.