La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados el tesina de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, los últimos de la asamblea y los terceros pactados entre el PSOE y Unidos Podemos. Es el primer paso para la tramitación parlamentaria de unas cuentas públicas históricas en términos de pago y colecta, que están encaminadas a contrarrestar los pertenencias de la inflación y de la invasión rusa en Ucrania en las familias y las empresas.
La tramitación de las cuentas públicas llega en un contexto de elevada incertidumbre. Esto ha provocado que el Gobierno haya rebajado hasta el 2,1 % el crecimiento para el próximo año, una visión que se antoja animoso para algunos organismos económicos, entre ellos el Costado de España o la OCDE, que recortan hasta en torno a del 1,5 % el repunte del Producto Interior Bruto (PIB) y posponen a 2024 la recuperación de los niveles previos a la pandemia. "Son unas estimaciones prudentes y realistas en un contexto volátil, donde algunos organismos pronostican que algún socio europeo entre en recesión", ha destacado la ministra. España, en cambio, será la patrimonio que más crezca entre las grandes europeas, según sostienen las previsiones.
“María Jesús Montero, sobre los PGE: "Las previsiones macroeconómicas que sustentan todas estas cuentas están avaladas por la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Y señalan un crecimiento de nuestra patrimonio robusto"
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— RTVE Noticiero (@rtvenoticias) October 6, 2022
Montero ha entregado a primera hora de la mañana a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el conocido como "texto amarillo", que contiene los ejes fundamentales de las cuentas públicas. En su opinión, las cuentas “dan seguridad y estabilidad en un contexto internacional de ingreso incertidumbre" y son, a su vez, el "principal contraveneno contra la inestabilidad, la pobreza, la desigualdad y la desesperanza" que, ha dicho la ministra, son "caldo de cultivo del populismo".
Con su venida a la Cámara Desestimación, el subsiguiente paso es convencer a sus socios de investidura de que estos Presupuestos deben ser convalidados, como ya lo hicieran los dos anteriores. De momento, la mayoría de los apoyos parlamentarios del Ejecutor se han mostrado satisfechos por el aumento en el pago social y además por los nuevos impuestos que contemplan, como el dirigido a los grandes patrimonios, aunque muestran reticencias a la subida de la inversión en Defensa.
No obstante, todo está hendido. El objetivo del Gobierno es que haya cuentas del Estado a finales de diciembre y que entren en vigor el 1 de enero. "Esperamos que el diálogo sea franco, constructivo, que prime el sentido de Estado y la igualdad entre compatriotas por encima de otra consideración", ha apostillado Montero. En la misma carrera, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho ese convocatoria a los grupos parlamentarios para que se permita su tramitación con el fin de tener un horizonte de estabilidad.
Un techo de pago récord
Las cuentas se han realizado basadas en el techo de pago récord que ya se fijó hace unos meses en 198.221 millones, superior en un 1,1 % al de 2022. Este contempla una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1 % más que el año pasado, con el objetivo de certificar la sostenibilidad del sistema a medio y extenso plazo.
En esta partida se incluye la puesta al día de las pensiones con el IPC, que se situará en el entorno del 8,5 % -al igual que el ingreso mínimo-; el aumento del salario de los funcionarios de entre un 8 % y un 9,5 % en tres primaveras; el refuerzo de los servicios públicos como la sanidad (+6,7 %) y la educación (+6,6 %); una nueva partida de 600 millones para dependencia o la mejoría en la prestación de desempleo, que supondrá unos 100 euros más al mes para sus beneficiarios. En total, se destinarán seis de cada diez euros a pago social y, de ellos, la medio irá destinado a retribuir las pensiones, el paro y los intereses de la deuda.
Por otra parte, el PSOE y Unidas Podemos han pactado el despliegue de una Ley de familias que incluirá nuevos permisos de conciliación, el impulso de una prestación de crianza de 100 euros al mes para familias con menores de 0 a 3 primaveras y se asimilarán las familias monomarentales, con dos hijos, a la flagrante categoría de familias numerosas. Asimismo, se mantendrá como una política estructural la gratuidad de los trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia y se extenderá a 2023 el conocido como bono imberbe del inquilinato.
Todavía aumentarán las inversiones. En concreto, la subida para las conocidas como inversiones reales será del 33 %, siendo "la partida que más crece de todo el Presupuesto", ha dicho Montero. Destacan las infraestructuras, con un 6,7 % más hasta los 11.794 millones, un pago que será sufragado al 64 % por el presupuesto franquista y el restante 36 % con cargo a los fondos europeos: la partida más mayoritaria será la construcción de infraestructuras de ferrocarril, con más de 5.400 millones de euros.
Respecto a los fondos europeos, las cuentas de este año prevén una dotación de 25.156 millones procedente de las ayudas de la Comisión Europea, que se sumarán a las inyecciones de este año y el inicial que todavía no se han ejecutado. Según Montero, España sigue siendo la patrimonio "más descubierta" en cuanto a la recibo de fondos. "Ahora tenemos que acelerar", ha dicho en remisión a su ejecución.
La longevo colecta de la historia
Para sufragar estos gastos, los Presupuestos del próximo año prevén una mejoría de la colecta tributaria del 7,7 %, esto es, 18.710 millones de euros más que el año pasado, alcanzando los 262.781 millones en ingresos. Esto permitirá al Ejecutor apuntalar el pago divulgado para hacer frente a los golpes de la inflación y a un pequeño crecimiento.
Subirán los ingresos procedentes de todas las figuras tributarias: la colecta por impuestos directos alcanzará los 145.972 millones de euros, un 8,4 % más que en 2022, mientras que los ingresos por impuestos indirectos crecerán un 6,7 %, hasta los 114.756 millones de euros. Así, se prevé un acrecentamiento del 7 % de la colecta tanto del IRPF (hasta los 113.123 millones) como del Impuesto sobre Sociedades (28.519 millones). El IVA, por su parte, recaudará un 5,9 % más, hasta los 86.093 millones, mientras que los impuestos especiales ingresarán un 8,2 % más, hasta los 22.287 millones. Por el contrario, los ingresos no tributarios se reducirán un 2,8 %, hasta los 44.664 millones de euros.
En esta partida se incluye el paquete fiscal anunciado recientemente por el Ejecutor, que contempla el nuevo impuesto a las grandes fortunas a partir de un patrimonio neto de 3 millones de euros, el aumento del canon de las rentas del haber a partir de 200.000 euros o la subida del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas.
Por su parte, los ingresos por cotizaciones sociales ascenderán un 11,5 % hasta los 152.075 millones de euros, según los cálculos del Ejecutor, teniendo en cuenta que el próximo año se alcanzará la monograma récord de 21 millones de ocupados y una tasa de paro inferior al 12 %. En este sentido, el Ejecutor además apetito poco de beneficio con la caída del 5 % en el pago de prestaciones oportuno a la mejoría en el empleo, hasta los 21.000 millones. Por otra parte, la previsión de pago por los intereses de la deuda escasamente sube un 3 % hasta los 31.000 millones, en pleno endurecimiento de la política fiscal.
Con todo, el compromiso previsto es el que ya se había impresionado, en el 3,9 %, mientras que la deuda pública se paciencia que se reduzca hasta el 112,4 %, tras haberse disparado en los dos primaveras anteriores por los distintos programas económicos de respuesta a la pandemia.
El Gobierno no tiene garantizados los apoyos
La idea del Ejecutor es que antaño del 31 de diciembre la Ley de Presupuestos para 2022 esté publicada en el BOE y, luego, puedan entrar en vigor el 1 de enero, si correctamente el Gobierno aún no tiene amarrados los 176 'síes' necesarios para que las cuentas públicas salgan delante.
PP, Vox y Ciudadanos ya han innovador su negativa a convalidar las cuentas públicas y los tachan de "antisociales" y de ser los "más gastones de la historia". No obstante, el objetivo del Gobierno es contar con el apoyo de al menos los mismos grupos que en las cuentas de 2022. Su primer examen será el próximo 27 de octubre, cuando se debatan las enmiendas a la totalidad.