La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que no descarta prolongar más allá del próximo 31 de diciembre la declinación del IVA de algunos productos, como la energía eléctrica. "Creo que puede acontecer ganancia", ha asegurado, y a continuación todavía ha recordado que la reducción el IVA de la luz y el gas supone que el Estado deja de cobrar 12.000 millones de euros.
Si la situación del mercado de la energía se prolongara, ha dicho Montero en Las Mañanas de RNE, habría que platicar de la "prórroga" de las medidas del decreto por las consecuencias económicas de la refriega en Ucrania en noviembre o diciembre. Así lo ha afirmado solo un día a posteriori de presentar en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2023.
En cualquier caso, la ministra ha preparado que todavía tendrán que estudiarlo cuando llegue el momento, y ha señalado que "es precipitado decirlo" ahora. Habrá que ver, ha dicho, "cómo se ha comportado el mercado de la luz en 2022".
"Seguir en una ascensión de vaciamiento fiscal no sería responsable"
Eso sí, la ministra ha preparado que no "una ascensión de vaciamiento fiscal en la que se víctima un producto y luego se pide la declinación de otro y otro no sería responable", entre otras cuestiones, porque "estamos pidiendo a nuestros socios europeos cero más y cero menos que 140.000 millones de euros".
Montero ha recordado que las medidas "solo del IVA de la electricidad habrán tenido un coste de 8.000 millones de euros" en 2022 y que todavía hay un coste por otras medidas como la abono de los combustibles, del gas, el incremento del Ingreso Insignificante Fundamental, que han tenido un coste total de más de 30.000 millones de euros, según ha afirmado.
En relación con la batalla fiscal de las comunidades autónomas que han anunciado la declinación de algunos impuestos, Montero todavía ha dicho que "la protagonizan" algunas comunidades autónomas en las que hay "una viejo concentración de riqueza" y que estas medidas hacen que otros gobierno autonómicos se vean "obligados" a "descender impuestos" y "luego pedir más posibles al Gobierno de España".
La ministra todavía ha afirmado que sería una "tomadura de pelo" y una valentía "absurda y ridícula" que en los Presupuestos para 2023 se incluyera la Ley de Vivienda, pues esto ya formó parte del acuerdo presupuestario cogido por PSOE y Podemos para los PGE de este año. "El Gobierno no puede pactar un año más tarde lo que pactó el año primero. Sería desatino y ridículo y por eso no ha formado parte de este paquete", ha subrayado Montero.
Sobre las muertes en las residencias: los ciudadanos "merecen una respuesta"
Preguntada por la valentía de la Fiscalía de ordenar que se escuche a todas las familias de fallecidos en residencias por COVID-19 que se ha conocido este viernes a primera hora, Montero ha dicho que los ciudadanos "merecen una respuesta" y que hay que "dignificar la memoria de las víctimas".
Montero ha evitado valorar una eventual "investigación contencioso" sobre el asunto, que "respeta", pero ha recalcado que los hechos se vivieron con "sufrimiento" y "dolor".
En este contexto, ha lamentado que la Comunidad de Madrid no abriera una comisión de investigación sobre lo acontecido en residencias. "El Gobierno (de la Comunidad de Madrid) tendría que acontecer accedido a desarrollar en el ámbito parlamentario una investigación" para "esclarecer si hay ámbitos en los que se puede mejorar en situaciones que quizá no se habían previsto", ha dicho.