Cuando hace doce primaveras se aprobó la presente ley de plazos del feto, el tocólogo y tocólogo Abel Renuncio Roba no dudó. Era necesario dar una respuesta desde el sistema notorio a las mujeres que decidieran interrumpir voluntariamente su inconveniente en un momento en el que los abortos en los hospitales y centros públicos no llegaban ni al 2% en España. Inmediato a otro equipo de profesionales, este médico, vocal de la Sociedad Española de Contracepción, implantó la prestación en el Hospital Santiago Apostol de Miranda de Ebro (Burgos), del que llegó a ser principal de dispositivo.
Desde enero de 2022, ofrece este servicio en el Hospital Universitario de Burgos, donde es responsable de la sección de Vitalidad Sexual y Reproductiva. El caso de Burgos es, en este sentido, una excepción. En su país están los dos únicos hospitales públicos que realizan abortos en Castilla y Arrojado aunque no cubren todas las interupciones de la provincia. Todavía hay mujeres que tienen que desplazarse a Valladolid para fracasar en una clínica privada concertada.
Pregunta.- ¿Qué les llevó a poner en marcha la prestación del feto en un hospital notorio como el de Miranda de Ebro, una población de tan pronto como 35.000 habitantes?
Respuesta.- Nos lo planteamos a raíz de la ley de 2010. Con el cambio legislador se preveía un aumento cubo que permitía a la mujer, sin tener que dar una exculpación, poder tomar la valor propia de interrumpir su inconveniente hasta la semana 14, lo que aumentaría la penosidad de estas mujeres si tenían que trasladarse a Valladolid [como hasta entonces]. Miranda de Ebro está a una hora de Burgos y a una hora más allá de Valladolid, lo cual iba a ser más dificultoso para las mujeres en universal y para las más vulnerables.
P.- ¿Cómo se implanta este servicio en un hospital desde cero?
R.- Lo pusimos en marcha en 2011. Empezamos haciendo las interrupciones que eran incluso más gravosas para las mujeres por malformaciones o algún problema gestacional. Hicimos el alucinación en sentido inverso empezando por las más complicadas porque suelen ser de más semanas. Eso nos permitió coger experiencia y quitar muchos miedos de los que se pueden tener en el ámbito notorio porque la experiencia es pequeña. Si este tipo de interrupciones [quirúrgicas] las estamos haciendo sin ningún problema, el hacer otras interrupciones a petición de la mujer será mucho más sencillo, pensamos. Y nos lanzamos a ello.
P.- ¿Llegaron entonces a cubrir todas los abortos que se solicitaban en su dominio de salubridad?
R.- La gran mayoría. Hacíamos los procedimientos quirúrgicos por encima de la semana 14 y por debajo se planteaba a la mujer la alternativa de farmacológico o quirúrgico.
P.- ¿Las mujeres de la hacienda tenían que seguir desplazándose fuera de la provincia?
R.- Podíamos dar cobertura a las mujeres que vivían en el interior de nuestra dominio sanitaria, pero la provincia tiene distintas áreas. Las mujeres de Burgos (hacienda) continuaban realizando las intervenciones quirúrgicas y farmacológicas en una clínica concertada de Valladolid.
P.- Sin confiscación, desde enero de 2022 la prestación se ofrece además en el Hospital Universitario de Burgos, donde trabaja actualmente, ¿cómo fue la puesta en marcha en este caso?
R.- Este tipo de iniciativas no es poco personal, pero desde que me trasladé [a Burgos] manifesté que era partidario de poder ofrecer esta prestación a las mujeres de nuestra dominio. En 2021 hubo un cambio tanto en la encargo del hospital como en la soberanía del servicio que lo facilitó. El empeño es ofertar entreambos tratamientos, el quirúrgico y el farmacológico, pero hemos empezado por el farmacológico para cubrir a la veterano parte de las mujeres, hacerlos pronto y no tener otros condicionantes que pudieran retrasarlo. Es un tratamiento médico que no requiere disponer de quirófanos ni implicar a especialistas de otros servicios como el feto quirúrgico.
P.- ¿Sigue habiendo mujeres que tienen que desplazarse?
R.- Ahora estamos con unas tasas de cobertura del 85% de las mujeres que solicitan una interrupción del inconveniente en el dominio sanitaria de Burgos con el farmacológico [que se ofrece hasta la semana 12 en caso de que no esté contraindicado]. Los quirúrgicos siguen concertados en Valladolid. Las mujeres del dominio sanitaria de Aranda de Duero además tienen que seguir viajando fuera de la provincia.
P.- El sistema notorio cubre solo el 15% de los abortos a día de hoy. El 85% siguen haciéndose en centros privados concertados. ¿Cree que la reforma ley revertirá esta situación?
R.- La ley de 2010 ya establecía que debían ser realizados en la red pública y que, si excepcionalmente no podían ser realizados en ella, podían ser derivados a un centro privado. Actualmente, en España se está incumpliendo la ley. Que la mujer pueda realizar la interrupción de su inconveniente en la sanidad pública, en su ámbito de narración, aporta un plus.
P.- Sin confiscación, muchas mujeres tienen que fracasar fuera de sus provincias y en el sistema privado…
R.- La principal queja que nos llega de las mujeres es la burocratización, la despersonalización del sistema. Es asegurar, ser citada, derivada… Tienes que ir a un sitio que no conoces, con profesionales que no conoces, en un ámbito geográfico muchas veces diferente al tuyo, un ámbito retrete que muchas veces aunque sea en el interior de tu propia ciudad no es el que conoces… Todo eso lo que hace es aumentar la penosidad o penalidad que tienen las mujeres que se enfrentan a una interrupción. Es como poner diferentes cargas singular de la carga emocional que pueda tener la mujer sobre sus espaldas. En zona de facilitarlo, la agencia pone trabas y más penosidad. El principal problema es que muchas administraciones no han hecho un esfuerzo por conocer el nivel de oposición de conciencia auténtico de los y las profesionales. Muchas veces no se ha preguntado y se ha concertado directamente.
P.- ¿Entonces existe, en su opinión, una oposición de conciencia 'de facto' que no es tan adhesión como se cree?
R.- La agencia aún se escuda muchas veces en esa oposición de conciencia universal, pero hay muchas profesionales que no han sido preguntadas. La oposición que regula la ley (2010) es un derecho activo, hay que hacerlo de forma individual, solo por el personal retrete directamente implicado en el procedimiento, anticipadamente y por escrito. Sería muy importante regular aún más la oposición de conciencia y que el registro pudiera dar asilo a qué se objeta exactamente porque puede sobrevenir profesionales que no tienen oposición en casos de que exista un problema fetal o materno pero sí que les supone un problema ético o honesto por debajo de la semana 14 o al revés. La ley no obliga a una oposición generalizada. Esto permitiría a la agencia poder organizar la actividad asistencial.
P.- ¿Cree entonces que la reforma que se debate en el Congreso ayudará a que la veterano parte de los abortos se realicen en la red pública en zona de en la privada?
R.- ¿Será sencillo revertirlo? Creo que será un proceso sosegado. Será poco progresivo. Lo que vamos viendo en las estadísticas del Empleo es que la billete pública va en aumento, es muy lenta, pero va en aumento... Va combinado al aumento de la interrupción farmacológica, que ahora mismo supone entre el 20 y el 21% de todas las interrupciones. Lo natural es que vayamos a tasas similares a otros países que tienen tasas del 60 y 70%.
P.- ¿Cómo ve la prohibición del feto en muchos estados de Estados Unidos o el recién decreto permitido en Hungría que obliga a la mujer a escuchar el palpitación del feto ayer de decicir interrumpir su inconveniente?
R.- Preocupar siempre preocupa. Lo que estamos viendo es un retroceso de los derechos de la mujer, no es poco separado. Se enmarca en el interior de la una pretensión de retroceso de los derechos que las mujeres han ido ganando. El feto es un derecho más que quiere ser cortadura a las mujeres. Se puede hacer con leyes que dificultan que la mujer pueda consentir a una interrupción prohibiendo por ejemplo el feto a partir de la semana 5 [cuando muchas mujeres aún no saben siquiera que están embarazadas] o haciendo lo más penoso al presionar a una mujer a ver una ecografía o escuchar un palpitación. En España tenemos la espada de Damocles: el veredicto aún irresoluto del Tribunal Constitucional sobre el arbitrio que presentó el PP contra la ley de 2010.