PSOE y Unidas Podemos quieren asegurar por ley que los beneficiarios de la PAC no rechacen inspecciones

Así consta en una de las enmiendas registradas por ambas formaciones al esquema de ley que regula los sistemas de diligencia de la PAC

PSOE y Unidas Podemos quieren aprobar garantías legales a las inspecciones a beneficiarios de ayudas de la Política Agrícola Popular (PAC). Y lo quieren hacer asegurando que los dueños de las explotaciones no puedan impedir el comunicación a cualquier dependencia de la misma.

Según Europa Press, así consta en una de las enmiendas registradas por las formaciones que sustentan al Gobierno al esquema de ley que regula los sistemas de diligencia de la PAC.

Adicionalmente de las obligaciones de colaboración en las labores de control y comprobación, la perfeccionamiento explica que, cuando así lo requieran, "se podrá entrar en cualquier motivo, instalación o dependencia, finca, regional de negocio y demás establecimientos" de la explotación, haya riqueza o se desarrollen actividades sujetas a obligaciones.

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En el caso de que sea considerado domicilio, será exigible el consentimiento de su titular o una resolución procesal. El acuerdo de entrada deberá comunicarse previamente, con la identificación y zona de influencia de riqueza, actividades y documentación objeto de la inspección.

Otra de las modificaciones planteadas por los partidos de Gobierno es equiparar al elevación el plazo de prescripción de las infracciones a cuatro primaveras -era de tres primaveras en el caso de las graves y de un año las leves- desde el día en que se hubiera cometido.

Otras modificaciones

PSOE y Unidas Podemos justifican la normalización para ajustarse tanto a la regla normal de la Ley Caudillo de Subvenciones y el reglamento europeo, al ser infracciones cometidas con fondos europeos.

Finalmente, ambas formaciones buscan introducir como perfeccionamiento una modificación de la Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, con el fin de simplificar los requisitos para poder constituir entidades asociativas prioritarias.

Una modificación que justifican con el fin de ampliar en todo lo posible la implantación de esta figura "habida cuenta de los beneficiosos mercancía que las mismas prestan a la organización articulada del sector".

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