Si una mujer quiere o necesita desgraciar y vive en Plasencia, Extremadura, tiene que recorrer más de 100 kilómetros hasta otra provincia para lograrlo, porque no existen clínicas en Cáceres que lo practiquen. De hecho, sólo hay un centro privado acreditado en toda la comunidad autónoma, en Badajoz, mientras el número de interrupciones del impedimento que se realizan en la sanidad pública extremeña brilla en las estadísticas del Empleo de Sanidad: cero.
El feto, adentro de los plazos legales, es una prestación sanitaria garantizada y gratuita, puesto que está financiada por el Sistema Doméstico de Vigor, sin retención, casi nada el 15% de ellos se practican en hospitales públicos. La inacción en agrupación de servicios y hospitales ha llevado a una perversión de la ley de 2010, que contemplaba solo "excepcionalmente" que se hicieran en centros acreditados fuera de la red pública. Ahora, el Gobierno prostitución de enmendarlo a través de un registro de objetores de conciencia adentro de la reforma de la ley del feto.
La propuesta se debate este jueves en el Congreso, pero fuera del hemiciclo no ha seducido a la Estructura Médica Colegial y mucho menos a la Asociación Doméstico para la Defensa del Derecho a la Inconveniente de Conciencia (ANDOC), que ve en el registro una "serie negra" y una "inconveniente injustificada al derecho fundamental a la desenvolvimiento religiosa y de conciencia".
Las claves del registro
Según explican fuentes del Empleo de Igualdad, el nuevo mecanismo (que ya se utiliza para la crítica a la eutanasia) servirá para proporcionar la estructura de los servicios sanitarios, de modo que finalmente puedan practicarse como dice la ley, es aseverar, en su mayoría en la sanidad pública y, por lo tanto, cerca del domicilio de las pacientes.
Así, apuntan desde el Instituto de las Mujeres, el registro se limitará a la crítica a "la intervención directa" en las interrupciones voluntarias del impedimento, tendrá "carácter obligatorio" y cumplirá con todas las garantías de confidencialidad y protección de datos de los profesionales. Lo pondrán en marcha las comunidades autónomas, que son quienes se encargan de orquestar a los equipos y tienen las competencias sanitarias, aunque los detalles operativos de la aparejo aún tendrán que fijarse posteriormente de la reforma que establecerá los criterios generales.
Es recopilación, el Gobierno quiere usarlo para contestar a la pregunta que ha traumatizado los últimos 12 abriles de reglamento: ¿dónde están los médicos y las médicas dispuestos a practicar un feto en España?
Una respuesta a las objeciones en agrupación y la inequidad entre comunidades
"Hasta la término, estamos viendo instituciones completas, como puede ser el servicio de un hospital o una comunidad autónoma, que hacen uso de la crítica de conciencia institucional. Eso en sí mismo es un sinsentido porque un hospital no tiene conciencia", razona Raquel Hurtado responsable de intervención social de SEDRA-Pacto de Planificación Acostumbrado, sobre la conveniencia de la medida para terminar con la "inequidad tremenda" entre las autonomías. "[El aborto] es un derecho que acaba convirtiéndose en una cuestión de suerte".
“Ginecóloga: "Nadie te pregunta: ¿tú harías un feto?".“
Lourdes, una ginecóloga en Andalucía cuyo nombre ha sido cambiado para abastecer el anonimato, confirma esta situación y nos explica cómo derivan a clínicas concertadas todos los abortos que les llegan al hospital, incluidos aquellos necesarios porque el impedimento no es viable. En la víspera de nuestra conversación, le ocurrió con una de sus pacientes.
"Imagínate, vas a tu ‘eco’ de 20 semanas y te dicen eso [que hay una malformación en el feto]. Si tú quieres interrumpir, te damos los papeles y vete al mostrador de atención al paciente para que te den información de la clínica", desarrolla sobre un proceso que encuentra frío y desagradable para las pacientes.
Pero preguntada por su postura en todo esto, la médica reconoce que en un principio "no sabía que el servicio se declarara objetor", simplemente, pensaba que allí se hacían así las cosas, como con tantos otros circuitos asistenciales pautados: "A ti nadie te pregunta en ningún momento cuando llegas o haces la residencia, ¿tú harías un feto?".
Los objetores temen que sea una "serie negra": "No respeta la pluralidad"
Pero el registro planteado por Igualdad no convence a todas las partes. "Nos genera bastantes dudas. Primero, que sea necesario y, posteriormente, que sea una medida idónea. Creo que hay otras medidas que son mucho menos perjudiciales para los derechos fundamentales de los médicos y que siquiera perjudican al derecho de las mujeres a interrumpir su impedimento", defiende el abogado José Antonio Díez, coordinador de la Asociación Doméstico para la Defensa del Derecho a la Inconveniente de Conciencia (ANDOC), si aceptablemente reconoce que su derecho ya fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2014, a raíz de una ley en Navarra.
“ANDOC: "Lo razonable sería hacer un registro de médicos y sanitarios que sí estén dispuestos a practicar un feto"“
La asociación de médicos objetores considera que sería un error "destruir discriminando a nadie por sus opiniones, sólo bajo el pretexto de que hay que cumplir la ley", cuando adicionalmente en España "la mujer que quiere desgraciar puede hacerlo", aunque sea desplazándose a otra región.
"Lo razonable sería hacer un registro de médicos y personal taza que sí estén dispuestos a practicar un feto, porque lo otro es hacer una serie negra y crear guetos donde meter a los profesionales que conciben su profesión quizás de guisa un poco distinta a las políticas santarias. No respeta la pluralidad", subraya Díez, que ayer hablaba de la "incongruencia" del Gobierno en este procedimiento respecto a otros servicios sanitarios esenciales. "A nadie se le ocurre mirar en listas de personas que no prestan un servicio".
La cuestión de fondo -reconoce- está en ponderar y equilibrar el derecho al cumplimiento de la ley del feto y a la desenvolvimiento ideológica. Y en la penuria de "conjugar" todos los factores incide además la Estructura Médica Colegial (OMC). "Los gestores no tienen que trasladarnos la responsabilidad a profesionales médicos y sanitarios. Tienen que resolver ese circuito asistencial que permita contemplar los dos ámbitos", valora el presidente Tomás Cobo, que presta su "colaboración" a la Sucursal para lograrlo, sin concretar de qué forma podría hacerse.
La crítica no es estática: "Cada situación clínica es diferente"
Y es que, en la experiencia, la crítica no es "estática", subrayan las dos asociaciones de profesionales. "Cada situación clínica es diferente y el objetor tiene derecho a cambiar su guisa de pensar", arguye el presidente de los colegios de médicos. "Las situaciones pueden ser muy distintas. Los médicos de atención primaria no saben muy aceptablemente qué papel van a competir (...) Y en el feto no solamente participa el médico que lo experiencia, se requieren anestesistas, enfermeras, auxiliar técnico sanitario", agrega Díez, coordinador de los objetores de ANDOC.
En este sentido, desde la SEDRA-Pacto de Planificación Acostumbrado sí tienen claras cuáles deberían ser las "características específicas" del registro: "Los gestores tienen que certificar, primero, que la prestación se da y, segundo, que aquellas cuestiones derivadas de la interrupción del impedimento se atiendan incluso por aquellas personas que han objetado, porque su crítica está limitada a la relización de abortos".
Estigmas sobre mujeres, médicos y objetores
Por otra parte, las distintas partes consideran que el registro de objetores podría ser una fuente de estigmatización, de maneras distintas: para quienes objetan, para quienes están dispuestos y para las mujeres que han decidido desgraciar voluntariamente.
"La mayoría de los médicos y médicas que no quiere hacer abortos no tienen que ver con un problema de conciencia. Tiene que ver más con el problema del estigma. Hacer abortos marca y no suma en el curriculum, en realidad te señala como un profesional de segunda categoría. Hay que trabajar en contra del estigma", reivindica Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Dificultad (ACAI).
Tanto es así, que Lourdes admite que "muchos" compañeros preferirían declararse objetores "por evitar líos". "Si no me considero objetora y soy la única de mi servicio, ¿voy a hacer yo todas las interrupciones voluntarias del impedimento de mi ámbito? Tu actividad profesional queda limitada a ser la abortera", relata sobre los corrillos en los hospitales.
En respuesta, Francisca García reprocha que quienes denuncian esas situaciones siquiera "han reivindicado para nadie" el derecho al feto. "En tocología y obstetricia lo que se hace fundamentalmente es partos, partos y partos. Qué extraordinario que nadie quiera ser el abortero de su dispositivo, porque así le llamarán, pero si hace partos no le llamarán partero", desliza.
La presidenta de ACAI advierte adicionalmente del aventura de una crítica "a la carta", dependiendo de si la interrupción del impedimento es voluntaria o como consecuencia de una patología fetal: "Es aumentar el estigma y la culpabilidad de las mujeres, el señalamiento social".
Frente al doble rasera, en la pública y en la privada
Pero lo cierto es que, aunque no se practican abortos en la sanidad pública por una crítica "institucional" que emana de los jefes de servicios o las direcciones de los hospitales, algunos profesionales del sistema franquista de lozanía trabajan paralelamente además en los centros privados que prestan el servicio divulgado.
"Existe la ley de incompatibilidades", recuerda Francisca García, de ACAI. Sin retención, tras consultarlo con ginecólogos, sí constan excepciones autorizadas a tiempo parcial. Para subsanarlo, de hecho, el borrador de la reforma de la ley del feto fija en el artículo 19 que los objetores del registro lo serán a mercancía tanto de la sanidad pública como de la privada.
Sin formación está en aventura el licencia generacional
Con todo, las fuentes consultadas no creen que el registro vaya a solucionar el problema de la estigmatización en la sanidad pública, puesto que persiste la carencia de formación de los profesionales médicos y sanitarios que se detectó ya para la ley de 2010.
"Todavía no ha llegado. Vamos a la autorización de medicina y de dispensario de las universidades públicas españolas y vemos que en ningún momento el currículum educativo menciona la IVE [interrupción voluntaria del embarazo]. Son los profesionales que mañana van a enfrentarse a un problema, incluso, de licencia generacional. Ya podemos platicar de que no hay profesionales del futuro porque no se están formando", denuncia Ada Santana, presidenta de la Pacto de Mujeres Jóvenes en una rueda de prensa el pasado miércoles.
Por ello, la Pacto de Planificación Acostumbrado incide en que las clínicas concertadas tienen "un papel fundamental" en la respaldo del derecho al feto en España, porque actualmente estas cuentan con "todo el conocimiento y la experiencia". Pese a eso, puntualiza Hurtado, no son suficientes para dar una atención de continuidad y cercana a los ciudadanos, dos cuestiones que sí podrían cubrirse si se utilizaran los centros públicos del sistema franquista de lozanía.