Dudas sobre la aprobación de la nueva ley de Secretos Oficiales, tras el rechazo de los socios del Ejecutante al texto propuesto.
"El Gobierno reformara la ley orgánica reguladora del control procesal del CNI, en la rasgo con las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Se negociación de reanimar las garantías de ese control, encima de consolidar el mayor respeto a los derechos individuales y políticos de las personas. En la misma se van a tener en cuenta, lógicamente, las consideraciones que formule el Parlamento Europeo sobre las tecnologías de interceptación de comunicaciones de última coexistentes", aseguró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno del Congreso el pasado 26 de mayo.
Se trataba de salir al paso del escándalo que esos días caía sobre el Gobierno como consecuencia de las denuncias de espionaje a lideres independentistas catalanes con el software Pegasus.
Exacto seis meses a posteriori y una vez disipado el humo del escándalo, fuentes de Moncloa aseguran que tal reforma ha sido frenada. Según estas fuentes, esta reforma permitido se encuentra entre las que se han frenado en presencia de la posibilidad de que puedan provocar tensiones en el final de la asamblea.
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Oficialmente, el Tarea de Defensa, del que depende el CNI, asegura que "no hay ningún texto ni propuesta en este momento". Aún en el caso de que los trabajos avanzaran, esa reforma permitido necesitaría de un procedimiento de aprobación espléndido, difícil de cumplir en los procesos electorales que se avecinan.
Encima, sería una reforma permitido delicada respecto a las posiciones de los socios parlamentarios del Gobierno y, por eso, Moncloa entiende que no es momento de desobstruir ese "melón constituyente", puesto que ni siquiera tendría garantizada una mayoría para aprobarla.
Entre esos socios están ERC y Bildu, que encabezaron la crítica al Gobierno por el espionaje de Pegasus, pero que finalmente han desidioso el asunto. Otra opción, según el Gobierno, sería intentar aprobarla con el PP, pero es evidente que la ruptura de las relaciones hace inútil pactar esta ley y cualquier otra. De hecho, no ha sido posible siquiera pactar la simple reforma constitucional para evitar que las personas con discapacidad sean llamadas "disminuidos" tal y como consta en el texto aceptado en 1978.
La intención del Gobierno es que el Parlamento apruebe antiguamente de final de año leyes atascadas como la de vivienda, la ley trans, la de seguridad ciudadana y la de reforma del delito de sedición, para intentar que en el 2023 no queden leyes conflictivas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), contiguo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños (d), este jueves en el Congreso de los Diputados.
EFE
Encima, los proyectos de ley que pueda aprobar el Consejo de Ministros a partir de enero tendrán ya dificultad para ser tramitados, no sólo por la polémica que puedan originar, sino por tiempo. En mayo habrá elecciones municipales y autonómicas que limitan la entusiasmo del Parlamento y en octubre deben disolverse las Cortes para las generales.
En esa situación de incertidumbre está el esquema de ley de Secretos Oficiales. De hecho, fuentes del Gobierno creen difícil que pueda completar totalmente el procedimiento.
Esta nueva ley fue prometida por Sánchez durante los días de polémica sobre Pegasus, pasó por primera vez por el Consejo de Ministros en agosto y ahora está en escalón de referencia por los órganos consultivos. Luego tendrá que retornar al Consejo de Ministros y, después, comenzar el trámite parlamentario.
No es probable que pueda comenzar el trámite en Congreso y Senado antiguamente de principios de 2023 y empieza a ser incierto su camino. Incluso porque todos los socios del Gobierno han rechazado su contenido que, por ejemplo, lleva a 50 abriles el plazo para la descalcificación cibernética de secretos. El Gobierno explica que para entonces no será conveniente desobstruir ese debate.