Tras ocurrir por audiencia pública, el plan de creación de la Autoridad del Cliente Financiero amplía las reclamaciones que se podrán presentar.
Las reclamaciones que los clientes remitan a la nueva Autoridad del Cliente Financiero sin contenido financiero (como quejas por yerro de información, por que un mesa rechace una petición de rasgar una cuenta de suscripción básica...) sí tendrán compensación monetaria siempre que resulten favorables a los clientes. Y esta podrá impresionar a los 2.000 euros, como fija el plan de ley de creación de esta nueva institución, que verá la luz en los próximos meses.
Más concretamente, el texto aceptado el pasado martes en Consejo de Ministros contempla que la Autoridad podrá cachear compensaciones económicas para aquellos clientes que realicen reclamaciones sin contenido financiero, como pueden ser las referidas a yerro de información por la entidad.
En estos casos, el plan palabra de compensaciones de entre 100 y 2.000 euros para los clientes afectados en el caso de que se les dé la razón. El cuantía se fijará en función de la naturaleza, el envergadura y las circunstancias particulares de la demanda.
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Tras la etapa de audiencia pública a la que fue sometido el plan de ley en la pasada primavera, el Gobierno ha introducido algunos cambios, entre los que se encuentra una ampliación del tipo de reclamaciones que se pueden presentar delante la Autoridad para incluir, precisamente, las quejas por yerro de información o los incumplimientos de la autorregulación del sector -por ejemplo, al no cumplir los Códigos de Buenas Prácticas al que los bancos se adhieren voluntariamente-, como ya contó este publicación. Y no solo se podrán presentar estas quejas, sino que habrá compensaciones económicas en el caso de resoluciones favorables al cliente.
En cuanto a las reclamaciones que sí tengan un contenido financiero, como una queja por el cobro indebido de una comisión, las compensaciones serán más sencillas de fijar. En las resoluciones vinculantes se establecerá la devolución del cuantía que no se debía activo cobrado más los intereses de atraso.
El Gobierno elige al presidente
El plan para la puesta en marcha de esta nueva Autoridad ha vivido un camino tortuoso durante los últimos primaveras. Y se va a aprobar con un considerable retraso, habida cuenta de que fue una directiva europea de 2013 traspuesta en 2017 la que obligaba a su creación.
La iniciativa ha pasado por los cajones de los tres últimos ministros de Posesiones (Luis de Guindos, Román Escolano y Nadia Calviño) y parece que esta vez, si mínimo lo impide, sí va a ponerse en marcha. El exministro Escolano llegó, incluso, a someter un texto a consulta pública, pero la tramitación (al igual que su cargo al frente la cartera económica) se frustró por la moción de censura de junio de 2018.
El exministro de Posesiones, Industria y Competitividad Román Escolano en una fotografía de archivo.
E. E.
Ya en manos de Calviño, el texto ha tardado casi toda la plazo en convertirse en sinceridad. Tras la etapa de audiencia pública que pasó en mayo el texto, desde Posesiones han recopilado las inquietudes de los distintos implicados para dar luz verde a un plan en el que se han incluido varias modificaciones. Y, una vez que Posesiones recibió el crónica del Consejo de Estado, el texto fue aceptado en Consejo de Ministros el martes pasado y ya está en trámite parlamentario.
El flagrante texto recoge que será, precisamente, el ministerio de ministros el que elegirá tanto al presidente como al vicepresidente de esta Autoridad. Sus cargos durarán seis primaveras y no serán renovables.
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En cuanto a los niveles inferiores, se organizará en direcciones generales y secciones, que serán los órganos que resolverán las reclamaciones. Una "sección específico" se encargará de armonizar criterios "para avalar la homogeneidad" de los mismos.
Adicionalmente, la Autoridad contará con un comité consultivo que dará asesoramiento y estará formado por el presidente, el vicepresidente y doce miembros representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, las patronales bancarias y las comunidades y ciudades autónomas, así como por dos académicos independientes con conocimientos en materia financiera. La Autoridad estará adscrita a Posesiones a pesar de que en el plan de ley se le dota de "autonomía e independencia pragmático".
Con todo, queda tiempo para que esta Autoridad se convierta en una sinceridad. Cuando llegue el momento, se financiará gracias a las tasas cobradas a la banca por las reclamaciones admitidas, que serán de 250 euros por queja.
Las resoluciones se resolverán en 90 días naturales, como mucho, y tendrán carácter vinculante cuando estén relacionadas con la reglamento de conducta y protección a la clientela o con cláusulas abusivas declaradas como tales por los altos tribunales y de una cuantía inferior a 20.000 euros.
Cuando las resoluciones no sean vinculantes, serán válidas como informes periciales en el caso de que el cliente decida iniciar un procedimiento sumarial y necesite aportar esta prueba.
Los clientes podrán demandar por actuaciones de entidades supervisadas por el Asiento de España, pero todavía por fintech, plataformas de criptoactivos y entidades de préstamos al consumo que no lo estén. Las entidades que no cumplan las resoluciones vinculantes serán sancionadas.