La renovación del Tribunal Constitucional ya está en marcha a posteriori de que el Poder Legislativo aprobara este martes, por unanimidad y además por sorpresa, los dos nombramientos que le corresponden: César Tolosa y María Luisa Segoviano. Con ello, abre la puerta a que puedan acomodarse su puesto en el TC los dos candidatos progresistas elegidos por el Gobierno: el exministro de Neutralidad Juan Carlos Campo y la exdirectora militar de Presidencia Laura Díez. Una vez tomen posesión los cuatro nuevos jueces, el tribunal dará un cambio con una mayoría progresista que deberá arriesgarse sobre posibles tan relevantes como el interpuesto contra la ley del frustración, la ley de educación o la eutanasia.
Hasta este martes por la tarde, todo parecía indicar que el 2023 comenzaría sumido en el corte del Poder Legislativo y el Constitucional. Sigue sin suceder acuerdo entre PSOE y PP para renovar el víscera de gobierno de los jueces y parecía que, en el CGPJ, siquiera habría consenso entre magistrados conservadores (la mayoría) y progresistas para renovar el Constitucional. Pero tres días ayer del pleno que estaba convocado el 27 de este mes, el rey Felipe VI hizo un claro convocatoria en su discurso de Nochebuena a la responsabilidad no solo de los políticos, sino además a los servidores públicos en militar. Pidió mecanismo para hacer frente a la “deterioro” de las instituciones y el “ofensa” de la “convivencia”. En el pleno del CGPJ de este martes, todos los magistrados progresistas renunciaron a su candidato, José Manuel Bandrés, y votaron a gracia de los dos propuestos por el ala conservadora “por sentido institucional”.
El CGPJ ya ha remitido al presidente del Constitucional, Pedro González Trevijano, el acuerdo y los currículos de sus candidatos y la intención de éste es convocar un Pleno Gubernamental "de forma inmediata" para efectuar la idoneidad de los candidatos y proceder a su designación. Unos trámites que, todo parece indicar, terminarán con éxito. Aquí, algunas claves de la renovación:
¿Quiénes son los nuevos magistrados?
- César Tolosa, expresidente del TSJC que abordó en el Supremo el Estado de Temor
El conservador César Tolosa (Santa María la Positivo de Nieva, Segovia, 1957) ocupa desde 2020 la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Oficial del Tribunal Supremo y ayer ha sido presidente del Tribunal Superior de Neutralidad de Cantabria desde 2004. Inició su carrera sumarial en 1982 y actualmente además es profesor de de la Universidad de Cantabria. Tolosa tuvo que hacer frente desde el Supremo a la disparidad de criterio delante el estado de intranquilidad de 2021 (había tribunales superiores de Neutralidad que avalaban y otros tumbaban cuestiones como los toques de queda). Y fue muy crítico con la tardanza del Tribunal Constitucional en dictar sentencia sobre el Estado de Temor porque, de suceder llegado ayer, “nos hubiéramos evitado muchos quebraderos de comienzo”.
- María Luisa Segoviano, primera presidenta de sala del Supremo y mujer de consenso
María Luisa Segoviano (Valladolid, 1950) ha sido propuesta por los conservadores aunque además se barajó su nombre en el ala progresista del Poder Legislativo. Segoviano, recién jubilada, hizo historia en la judicatura al convertirse en la primera mujer presidenta de sala del Tribunal Supremo, la de lo Social, a la que llegó en 2006. Jueza desde 1987, ha dedicado su carrera al orden social y ha trabajado, entre otras cuestiones, en la sentencia de los ‘rider’, que determinó que la relación entre Glovo y sus repartidores es profesional y no de autónomos. “Los rider son el modelo de la precariedad profesional”, llegó a asegurar a Efe en una entrevista.
- Juan Carlos Campo, exministro de Sánchez que tramitó los indultos
Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 1961) es uno de los designados por el Gobierno de Pedro Sánchez, en el que ejerció como ministro de Neutralidad entre enero de 2020 hasta 2021, cuando el presidente del Ejecutor remodeló todo su aposento y prescindió de Campo tras conceder su Ocupación los indultos parciales a los condenados del ‘procés’, una medida muy criticada por la examen. Campo fue muy crítico con la ley del ‘solo sí es sí’ que preparaba su compañera Irene Montero (titular de Igualdad) y cuestionó la “técnica legislativa” de dicho tarea. Tras dejar el Ejecutor, regresó a la Audiencia Doméstico a través de la Sala de lo Penal, donde ha tenido que despreocuparse de tomar decisiones que afectaban a líderes políticos.
- Laura Díez, impulsora del Estatut de Cataluña
Laura Díez (Barcelona, 1969), es una persona de confianza de Pedro Sánchez, habiendo sido directora militar de Asuntos Constitucionales y Coordinadora Jurídica del Ocupación de Presidencia. Buena parte de su trayectoria se ha legado en el mundo culto en la Universidad de Barcelona, aunque destaca que fue la impulsora del estatuto de la Generalitat de Cataluña, donde fue asesora del Govern entre 2002 y 2004.
¿Cuánto llevaba el TC caducado?
El Tribunal Constitucional está compuesto por 12 magistrados que se renuevan por tercios cada cuatro abriles (cuatro magistrados cada vez). En junio, caducó el mandato de su presidente, Pedro González Trevijano (conservador), Juan Antonio Xiol (progresista), Santiago Martínez-Vares (conservador) y Antonio Narváez (conservador).
Por consiguiente, desde junio solo estaban pendientes de renovar cuatro puestos en el TC, a diferencia del Consejo Universal del Poder Legislativo (CGPJ), que debe renovarse íntegramente cada cinco abriles y que lleva caducado desde diciembre de 2018. El Tribunal Constitucional, a diferencia del Tribunal Supremo, no forma parte del Poder Legislativo, si admisiblemente el CGPJ es el encargado de renovarlo en parte con dos magistrados. Los otros dos de esta tanda de cuatro corresponden al Gobierno y el resto al Congreso y al Senado.
¿Cómo se ha desbloqueado la renovación?
Ha habido varios hitos en el proceso de renovación. Frente a el corte en el Poder Legislativo, el Gobierno modificó la ley en verano para que el CGPJ, pese a estar caducado, pudiera realizar sus nombramientos en el Tribunal Constitucional y dio un plazo procesal hasta el 13 de septiembre para hacerlo.
Pero los conservadores en el Poder Legislativo estaban muy molestos con esta reforma y con la que la precedía, por la que el CGPJ no podía realizar nombramientos en el Supremo estando en funciones (el Ejecutor evitaba con ello que el Supremo fuera un ‘coladero’ de nombres conservadores nombrados por un CGPJ que representa aún la mayoría absoluta que logró el PP en 2011).
Durante meses, el ala conservadora del Poder Legislativo ha estado bloqueando la renovación, primero amenazando con un bloqueo y luego asegurando que no encontraba candidatos en el Supremo para renovar el Constitucional. El 13 de septiembre pasó de prolongado y el Gobierno aprovechó su reforma del Código Penal (la que afecta a la sedición y malversación) para introducir cambios en la ley del Poder Legislativo mediante dos enmiendas que rebajaban las mayorías para que el CGPJ designara a sus candidatos al TC (pasando de tres quintos a mayoría simple).
Frente a esta reforma, los conservadores se apresuraron a averiguar candidatos para renovar por el sistema de mayorías presente. Primero propuso a Tolosa y a Pablo Lucas, que luego fue sustituido por Segoviano, de anciano consenso entre los progresistas.
Las negociaciones del Poder Legislativo para renovar el TC quedaron en un segundo plano cuando el PP recurrió delante el propio tribunal esas dos enmiendas por no tener ausencia que ver con la reforma del Código Penal. Y por primera vez, un Constitucional profundamente dividido entre seis conservadores y cinco progresistas, decidió suspender por primera vez en democracia la votación de una norma en las Cortes Generales, lo que agravó la crisis institucional entre acusaciones cruzadas de subversión y ataque a la democracia. Esta situación crítica motivó parte del discurso de Felipe VI llamando días a posteriori a la mecanismo y a la responsabilidad política e institucional. Y, aunque en el pleno del 27 parecía que las posiciones seguirían siendo encontradas, los progresistas decidieron finalmente ceder delante los nombres propuestos por los conservadores.
¿Qué pasa con la reforma del Gobierno para humillar las mayorías?
El Gobierno ha celebrado el desbloqueo del Constitucional y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha obligado en TVE que la reforma para humillar las mayorías para designar el TC ya "no tiene aprieto" porque en los próximos días, "aplicando la ley y la Constitución, el Tribunal se renovará y se abrirá una nueva de recuperación del prestigio".
Aún así, fuentes socialistas consideran que sigue siendo necesario retomar la reforma frustrada por el propio tribunal para proteger a las instituciones del “ofensa” que le provocan los bloqueos, dice, del PP cuando los ‘populares’ no gobiernan. El Ejecutor había empezado ya a trabajar en una ley con sus socios, que le urgen a presentarla cuanto ayer, aunque todavía el Gobierno no ha legado aniversario y sigue esperando al argumento del Constitucional sobre el fondo del procedimiento del PP a las dos enmiendas tumbadas.
¿Qué decisiones debe tomar el Constitucional?
Una mayoría conservadora o una progresista en el TC pueden ser determinantes para que el tribunal se pronuncie a gracia o en contra de una ley. Ahora, el Ejecutor se ha resguardado una mayoría progresista de siete magistrados frente a cuatro conservadores (deberían ser cinco, pero el magistrado Afredo Montoya presentó su renuncia en julio de 2022 por motivos de sanidad) para arriesgarse sobre algunas de sus leyes fortuna, como la de la eutanasia, la de educacón o ‘ley Celaá’, la de Infancia o el Ingreso Imperceptible Positivo. Pero además sobre la ley del frustración, que lleva parado en el tribunal de garantías 12 abriles tras el procedimiento del PP y aún no tiene aniversario de ser resuelto.
¿Qué pasa ahora con el CGPJ?
Pese a la renovación del Constitucional, ausencia parece indicar que vaya a ocurrir lo mismo en el CGPJ en lo que queda de vigencia (2023). Este víscera depende directamente de las formaciones políticas y el PP, tanto bajo el liderazgo de Pablo Casado como con el de Alberto Núñez Feijóo, ha perfecto rompiendo todas las negociaciones con el Gobierno en estos últimos cuatro abriles con distintas líneas rojas que han ido variando. Directamente, ha perfecto diciendo Feijóo que no pactará “con este PSOE”. El extremo intento que se dieron ambas partes estalló a finales de octubre cuando los ‘populares’, pese a que tan solo unos días ayer habían desligado ambas cuestiones, rechazaron sellar un acuerdo que según el Gobierno estaba cerrado por la reforma de la sedición. Antaño hubo otras líneas rojas como la reforma de referéndum de los magistrados para dotar de anciano independencia al Poder Legislativo o el veto del PP a nombres propuestos por el Ejecutor.
El Gobierno trató en el pasado de compendiar las mayorías para que el Congreso y el Senado votaran a los candidatos al Poder Legislativo (pasando de tres quintos a mayoría simple), pero Bruselas le dio un toque de atención y Sánchez retiró la iniciativa. La Comisión Europea lleva abriles urgiendo a España a renovar el Poder Legislativo mediante el sistema presente y modificar a posteriori la ley para dotar de una anciano independencia a los jueces, como pide el PP. El comisario de Neutralidad, Didier Reynders, visitó España en septiembre y se reunió con las dos partes implicadas en la negociación, aunque sin éxito. Por ahora, poco parece que vaya a mejorar la situación en los próximos meses.