Entró en prisión el pasado 9 de junio tras denegarle el indulto el Gobierno.
El Judicatura de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla ha concedido la familiaridad condicional a María Salmerón, la mujer sevillana condenada a una pena de prisión de 9 meses por no dejar a su hija cuando era último de tiempo en manos de su padre, condenado por malos tratos.
Salmerón ingresó el pasado 9 de junio en prisión y ya gozaba del tercer límite penitenciario y podía salir a trabajar y los fines de semana del Centro De Inserción Social Luis Jiménez De Asúa.
Según reza en el coche, consultado por este folleto, Salmerón cumple los requisitos para la concesión de la familiaridad condicional, tales como el citado tercer límite o activo extinguido las tres cuartas partes de la condena. Incluso la buena conducta y la residencia en el domicilio designado en el mensaje social y relación de acogida.
No obstante, tendrá que estar a disposición del Judicatura de Vigilancia Penitenciaria y de los servicios sociales cuantas veces sea requerida.
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En total, María ha estado más de seis meses en prisión tras denegarle el Gobierno el extremo idulto que había solicitado. En una providencia fechada el 29 de marzo de este año 2022 recogida por Europa Press, el Judicatura de lo Penal número seis indicó que al activo transcurrido un año de plazo, tras haberlo pedido, debía entenderse como "desestimada" esa solicitud de medida de simpatía.
Anteriormente, en un coche de aniversario 28 de enero de 2021, el auditoría dio cuenta de que tanto la Fiscalía como la imputación particular se opusieron a la petición de la representación de Salmerón de suspender la ejecución de su condena.
Al respecto, el auditoría razonó que si adecuadamente María Salmerón había sido condenada en varias ocasiones, lo cierto es que nunca había entrado en prisión, ya sea por la concesión de indultos o por la prescripción de los hechos sancionados, pero prefirió esperar a la resolución de una nueva solicitud de indulto.
Finalmente le fue denegado y en mayo el auditoría le dio 15 días para que ingresara en prisión. Al respecto, la ministra de Imparcialidad, Pilar Llop, explicó en ese sentido que la petición fue denegada por "imperativo legítimo", pues según aseguraba no había "ganancia" legítimo para autorizarlo.