El Servicio y las Comunidades Autónomas deberán consolidar la "inclusión" de las lenguas cooficiales en los programas Erasmus para su "no discriminación".
La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados ha admitido este martes el parecer del Esquema de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que se debatirá la próxima semana en el Congreso de los Diputados.
En el citado parecer, el Gobierno ha incluido diversas enmiendas presentadas por los grupos independentistas que van encaminadas, entre otros aspectos, en potenciar las lenguas cooficiales (vascongado, gallego y catalán) desde el software Erasmus+.
Concretamente, una de las propuestas que los independentistas catalanes han conseguido introducir es la que solicita que el software Erasmus+ no discrimine las lenguas cooficiales y las potencie. Es afirmar, que los Erasmus puedan obtener a España a cultivarse catalán, vascongado o gallego con "todas las facilidades".
[La nueva ley universitaria reconocerá el derecho de huelga a los estudiantes: "Es algo histórico"]
En la reparación que se ha aceptado presentada por el independentista catalán Albert Botarán (CUP) se solicita que el Servicio de Universidades, las comunidades autónomas y las propias universidades promuevan y difundan los programas de movilidad financiados con fondos de la Unión Europea, con particular relato al software Erasmus+, "asegurando la igualdad de oportunidades y la no discriminación y la inclusión de las lenguas cooficiales".
Desde Junts, Mariona Illamola, ha registrado la reparación aceptada por el PSOE, ERC y PNV para que dichos programas de movilidad estudiantil aseguren la "no discriminación y la inclusión de las lenguas cooficiales".
En su argumentario, Junts dice que la "movilidad de los estudiantes permite respaldar el conocimiento de la pluralidad cultural y gramática de la Unión Europea, por ello debe dotarse de las máximas facilidades a quienes las lleven a lugar".
Ha sido ERC el partido que se ha congratulado en el seno de la Comisión de que la nueva ley asegure que todos los estudiantes "conozcan en qué habla se va a cursar la materia y que se fomente el catalán en programas como Erasmus+".
La reparación es muy llamativa, pero no es poco nuevo para el Servicio de Universidades. De hecho, el propio ministro, Joan Subirats, ya prometió que iba a pedir a Bruselas que incorporara el vascongado, catalán y gallego en la plataforma OLS (Apoyo Lingüístico en Tilde, por sus siglas en inglés) para el software Erasmus.
Colegios Mixtos y el Rey
Desde que se empezó a fraguarse la ley, la presión de los partidos de la concurso ha sido muy cachas y la nueva norma se ha pasado influida por la contemporaneidad. Por ejemplo, una de las enmiendas que ya han sido aceptadas ha sido la de la formación que lidera Íñigo Errejón, Más País, relativa a los colegios mayores.
Tras hacerse vírico un vídeo de los alumnos del Colegio Longevo masculino Elías Ahúsa llamándolas "ninfómanas", "putas", el corro propuso que ningún colegio manifiesto pudiese estar segregado por sexo si estaba adherido a la universidad pública.
La petición de Más País se incorpora el apartado 4 que señala que "los colegios mayores privados que tengan un régimen no compuesto o segregado no podrán achacar a una universidad pública. Aquellos convenios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Ley, podrán mantenerse hasta su vencimiento, pero no renovarse".
[Page encabeza la rebelión autonómica contra la Ley de Universidades y amenaza con ir al TC]
Esta primera etapa en comisión es sólo un paso antaño de aprobar el texto definitivo en el Congreso de los Diputados y que, tras eso, llegue al Senado. Ahora, el texto en Comisión ha recibido el voto propicio de PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV, mientras que Bildu y Ciudadanos se han abstenido. Vox, el PP y BNG han votado en contra.
Aun así, hay muchas de las reivindicaciones que no han entrado en esta etapa. Como es el caso de que el rey firma los títulos universitarios. Era una de las grandes solicitudes del Gobierno que parecía que sí aceptaba el exministro, Manuel Castells, y que no ha ocurrido con Joan Subirats.
Más enmiendas
En total, el documentación de la ponencia incorpora 78 enmiendas al articulado y 72 enmiendas transaccionales (entre las que están las ya mencionadas). Otras de las enmiendas aceptadas están enfocadas en fomentar la décimo de la comunidad universitaria, impulsar programas de cooperación entre universidades y fomentar "la accesibilidad universal de los edificios universitarios".
La futura ley universitaria todavía dará más poder a las comunidades autónomas en lo que respecta a becas. A partir de ahora, las comunidades autónomas podrán ofrecer y regular un sistema propio de becas y ayudas con cargo a sus presupuestos y el Gobierno regulará de forma básica con carácter de mínimos las modalidades y cuantías de dichas ayudas.
Interiormente del organigrama universitario, una de las enmiendas más polémicas es la que atañe a los rectores. Según el futuro artículo 50 de la ley, cuando el rector esté en periodo activo, "no podrá presentarse a ningún proceso de promoción académica ni formar parte de una comisión de promoción".
La ley es muy importante para el personal docente e investigador sindical. Entre los derechos que incluyen estas enmiendas está el de que tengan derecho a negociar sus condiciones retributivas con la universidad y puedan optar a las convocatorias que las Comunidades Autónomas establezcan para fijar retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales por el control de actividades docentes, investigadoras, de transferencia del conocimiento, innovación o dirección...