El Tribunal de Cuentas ha sensato que citará a fallar al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont en el entendimiento por el procedimiento que se sigue contra una treintena de excargos del Govern -incluido él mismo- por el supuesto desvío de fondos para el proceso independentista de Cataluña de 2017. Sin bloqueo, no se ha especificado si la exposición de Puigdemont se realizará de forma presencial o por videoconferencia.
Así lo ha sensato la consejera del Área Segundo de la Sección de Proceso del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez Salguero, en la audiencia previa en la que ha rechazado suspender el procedimiento contra Puigdemont tras desestimar el argumento de que goza de inmunidad como eurodiputado.
La consejera ha sensato la exposición del 'expresident' aunque no a petición de su abogado defensor, Gonzalo Boye, que ha propuesto su exposición como prueba de cara al entendimiento, sino a petición de otra de las partes.
Por su parte, ha rechazado la solicitud de que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro comparezca en el entendimiento. El abogado de Puigdemont ha pedido su citación toda vez que "certificó la corrección de las cuentas públicas". La consejera ha dicho que "no es pertinente ni necesaria".
El expresidente de la Generalitat, ahora eurodiputado, lleva primaveras fugado en Bélgica y aún no ha sido judicatura por el Tribunal Supremo en la vía penal. Es más, cercano a sus exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí, está a la dilación de que el Tribunal Militar de la Unión Europea (TGUE) resuelva su petición contra la intrepidez del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad, posteriormente de que el Supremo solicitara el suplicatorio para poder extraditarlos y juzgarlos.
Descuento la demanda en 336.143,34 euros
La consejera ha aceptado asimismo otras testificales como la de un antiguo elemento del Comité Ejecutor del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) o la entonces interventora de la Dependencia del Estado.
Además ha aceptado la solicitud de algunas defensas de exigir a la Intervención de la Generalitat si una serie de facturas, algunas expedidas por la extinta empresa postal Unipost, están abonadas con el objetivo de acreditar, según los abogados, "la inexistencia de daño".
Durante la audiencia preliminar, la consejera ha rechazado, en sintonía con el criterio de la Fiscalía y del demandante Sociedad Civil Catalana (SCC), la gran mayoría de argumentos de las defensas para suspender el procedimiento contable, que sigue delante a la dilación de retener la término del entendimiento. Otros, como la alegada prescripción, ha anunciado que los resolverá en sentencia.
El abogado de Puigdemont ha invocado sin éxito la inmunidad del expresident y de los exconsejeros catalanes Antoni Comín y Clara Ponsatí como europarlamentarios para intentar suspender el procedimiento, argumento rechazado por el fiscal, SCC y finalmente la consejera.
En el ámbito de esta audiencia, la Fiscalía ha rebajado en 336.143,34 euros la demanda contra una treintena de excargos de la Generalitat de Cataluña -incluidos Puigdemont y el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras- en la que reclamaba 3,4 millones de euros en de forma conjunta y solidaria concepto de responsabilidad contable por el supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y la argumento foráneo del 'procés'.
La deducción replica a que el Profesión Conocido ha desistido de exigir el coste correspondiente a una presunta irregularidad en la campaña 'Civisme'. Sociedad Civil Catalana (SCC), que ejerce asimismo la incriminación en este procedimiento, se ha adherido al movimiento de la Fiscalía y asimismo ha rebajado su demanda en dicho coste, por lo que quedaría en 5 millones de euros. Además se ha apartado del procedimiento a quien fuera responsable de difusión de la Generalitat Jaume Mestre, toda vez que se ha ostensible el sobreseimiento parcial para él, pues solo se le atribuía la irregularidad relativa a dicha campaña.