El Supremo ordenó repetir este inteligencia, que ya se celebró en 2020 y los tres etarras fueron absueltos por prescripción de los hechos.
La Fiscalía solicita 30 abriles de mazmorra para los etarras Óscar Prior Palacios, José Ramón Martínez y Carmen Guisasola Solozábal por el crimen de un policía el 30 de enero de 1990 en Vizcaya con una bicicleta-bomba.
Así consta en el escrito de recriminación dirigido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Franquista, que juzgará, a partir de este lunes, a los tres acusados.
El pasado julio, el Supremo ordenó repetir este inteligencia, que ya se celebró por primera vez en octubre de 2020 y los tres etarras fueron absueltos. Pero el Parada Tribunal consideró que los magistrados erraron al considerar que los hechos estaban prescritos.
Y lo hicieron, adicionalmente, con una motivación "absolutamente insuficiente" para demostrar este "cambio de criterio", ya que, anteriormente, habían descartado la prescripción. Ahora, los tres acusados serán juzgados por un tribunal diferente a aquél.
Según detalla el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido comunicación EL ESPAÑOL, sobre las 14.50 horas del 30 de enero de 1990, Prior y Martínez, uno y otro miembros de la facción terrorista, "accionaron por medio de radiodifusión control (...) el artefacto explosivo que previamente habían dejado en la alforja de una bici que habían dejado estacionada yuxtapuesto al transporte (...) propiedad de Ignacio Pérez Álvarez, funcionario del Cuerpo Franquista de Policía (CNP), ocasionándole la homicidio, como pretendían".
El Servicio Sabido señala a Carmen Guisásola y a Julián Achurra Egurrola como los encargados de la supervisión de las acciones terroristas y quienes proporcionaron a los ejecutores la bici con el explosivo.
"Los acusados eran conscientes de los desperfectos y heridas que podrían ocasionar con dicha obra, lo cual no les hizo desistir de la misma, asumiendo sus resultados como una consecuencia necesaria de aquélla", expone la Fiscalía. La acceso causó destrozos en numerosas viviendas de la zona y tres ciudadanos resultaron heridos ligeramente por el estallido.
La víctima, policía, estaba casado y tenía tres hijos menores de permanencia cuando fue asesinado. En su escrito, Fiscalía no se dirige aún contra Julián Achurra, ya que está irresoluto todavía su entrega por parte de las autoridades francesas.
"Los hechos relatados son constitutivos de un delito de crimen con finalidad terrorista (...) y son responsables los acusados en concepto de autor. Procede imponer a cada dibujado la pena de 30 abriles de encierro veterano", añade. Incluso solicita que los acusados paguen una indemnización a la esposa e hijos de la víctima, a los heridos y reparen los desperfectos causados.