Anticorrupción señala al Estado como posible responsable civil de las indemnizaciones que deberán acreditar los procesados.
La Fiscalía Anticorrupción solicita un total de nueve abriles de mazmorra para el excomisario de Policía José Manuel Villarejo por la dormitorio número 8 —la denominada Marbella— del caso Tándem.
Concretamente, un quinquenio de prisión por el delito de cohecho pasivo propio y otros cuatro abriles por el de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario notorio. Asimismo, pide para él multas que suman 48.000 euros.
Así consta en el escrito de denuncia, fechado el pasado 30 de noviembre, firmado por los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano y al que ha tenido paso EL ESPAÑOL.
En esta dormitorio del caso Tándem —igualmente llamado caso Villarejo, al ser éste su principal imputado— se investigó si, en 2015, el excomisario, entonces en activo, accedió a bases de datos policiales "no abiertas" para obtener información sobre el patrón marbellí Felipe Gómez Zotano.
Según narra la Fiscalía, la empresaria Marzena Katarzina había contratado al mesa Stuart & Mckenzie, propiedad de Villarejo, para investigar a Zotano y profesar acciones legales en su contra.
El conflicto tenía como origen un resolución de arrendamiento con opción de negocio que los dos empresarios habían firmado sobre una vivienda ubicada en la villa de
Benhavís (Málaga).
El patrón que contrató a Villarejo presentó una querella, tramitada por los Juzgados de Marbella, que acabó siendo archivada. En el encargo igualmente habría colaborado, según Anticorrupción, el socio del comisario en varias de sus empresas, el abogado Rafael Rotundo.
La Fiscalía solicita para él un total de cuatro abriles y nueve meses de mazmorra, por los mismos dos supuestos delitos por los que acusa a Villarejo.
Encima, por los mismos hechos, Anticorrupción solicita nueve abriles para el comisario de la Pelotón Central Adjunta Operativa (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, apodado El Trascendente.
Según reza su escrito de denuncia, García Castaño, a través de sus subordinados, accedió a datos personales del patrón investigado. Entre esa información, se encontraban todas las escrituras públicas que éste había otorgado frente a todos los notarios españoles.
"Destaca la función desempeñada por el encausado Enrique García Castaño, quien, de forma permanente, se prevalía de su privilegiada posición en la estructura policial para poner a disposición de la estructura criminal, directamente o a través de sus subordinados y a cambio de cuartos en efectivo y otras dádivas en especie que recibía del encausado José Manuel Villarejo, su capacidad de consecución de información para la Policía Franquista española", resume la Fiscalía.
Otro de los encausados a los que la Fiscalía señala es Constancio Riaño, inspector superior de la Policía Franquista, para quien solicita un total de siete abriles y medio por suceder colaborado, supuestamente, en simplificar dicha información a Villarejo. No obstante, Anticorrupción admite que "no consta" que Riaño recibiese ninguna extra por esta tarea.
"Una vez obtenida la información a través de la UCAO, el encausado Constancio
Riaño Prieto la remitió a Familia Cenyt [propiedad de Villarejo, en el que se engloba el bufete Stuart&McKenzie] por correo electrónico de 18 de agosto de 2015 a través del encausado Antonio Bonilla Martínez, director de operaciones del mismo, y quien, a su vez, lo remitió, por correo electrónico de 19 de agosto de 2015, al encausado Rafael Rotundo", añade la Fiscalía.
El postrero de los encausados contra los que se dirige la Fiscalía es Antonio Bonilla, quien fuera director de operaciones de Familia Cenyt y para quien solicita, en total, cuatro abriles y nueve meses, adicionalmente de multas por un valía total de 81.000 euros.
Encima, la Fiscalía subraya en su escrito que, en concepto de responsabilidad civil, los encausados deberán indemnizar al patrón al que espiaron, de guisa conjunta y solidaria, en la cantidad de 3.000 euros.
En caso de impago, "de dicha cantidad responderá subsidiariamente la Empresa Militar del Estado", recuerda la Fiscalía.
A pesar de que el enjuiciador instructor acordase procesar a David Macías, el Empleo Notorio señala que, "más allá de su intervención como leído en los procedimientos seguidos contra Zotano (...), no consta que fuera receptor de nadie de los datos reservados" relativos al patrón que el resto de encausados consiguieron.
Según refleja Anticorrupción, "no consta" que Katarzina pagase ninguna cantidad a nadie de los encausados ni al mesa. "Sin incautación, en la hoja de encargo de servicios de 24 de julio de 2015 sí se pactaron honorarios a percibir por el encausado José Manuel Villarejo y que ascenderían a un porcentaje de los riqueza que se llegaran a recuperar del perjudicado Zotano en los procedimientos judiciales iniciados, sin que ninguna de las acciones ejercitadas a estos mercancía, tanto penales como civiles, resultaran estimadas".