El Tribunal Superior de Madrid invoca el principio de igualdad: a un policía implicado en la 'Operación Cataluña' el Gobierno sí le otorgó inviolabilidad.
El Tribunal Superior de Imparcialidad de Madrid (TSJM) ha paralizado cautelarmente el remisión de documentación a la jueza de Andorra que investiga el papel del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la denominada Operación Cataluña.
El tribunal ordena que la paralización se mantenga "hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al proceso", lo que remite a una data indeterminada la alternativa final del asunto, que, en todo caso, durará varios meses.
Así consta en una resolución de la Sala de lo Contencioso-Oficinista del TSJM, fechado este mismo jueves y al que ha tenido entrada EL ESPAÑOL. El pasado 2 de noviembre, el TSJ madrileño sí autorizó el remisión de documentación.
Pero la defensa del Rajoy, ejercida por el abogado Jesús Santos, interpuso un medio en contra de la valentía de la Secretaría de Estado de Imparcialidad por la que, en sintonía con lo que anteriormente había decidido la Dirección Militar de Cooperación Jurídica Internacional, el Empleo aceptaba tramitar la comisión rogatoria solicitada por la jueza del Principado.
La Fiscalía y la Jurisprudencia del Estado todavía apoyaron dar curso a esta petición de auxilio jurídico internacional. No obstante, ahora, el TSJM paraliza sine die dicho remisión, acordando la medida cautelar que solicitaba el expresidente del Gobierno.
Por otra parte del de Rajoy, la magistrada andorrana investiga el rol de dos de sus ministros, Cristóbal Montoro (extitular de Hacienda) y Jorge Fernández Díaz (Interior), en la supuesta operación para obtener datos bancarios de políticos catalanes independentistas como Artur Mas o Jordi Pujol y frenar así el procés.
Tal y como argumentaba la defensa de Rajoy, la tramitación de la comisión rogatoria le causaría daños irreparables a la imagen del expolítico.
Por otra parte, la defensa adjuntó a su medio una respuesta parlamentaria —la que dirigió el Gobierno al diputado Sergi Miquel— que confirma que el inspector dirigente de Policía Celestino Barroso, durante la encargo que desempeñaba en Andorra entre los abriles 2014 y 2017, gozaba de inviolabilidad. Y que este funcionario todavía fue objeto de una comisión rogatoria por los mismos hechos que afectan a Rajoy.
A este policía, que fue colaborador a la Embajada española en Andorra, sí se le concedió la inmunidad o protección diplomática con respecto a las gestiones para obtener información bancaria sobre dichos políticos catalanes. Y la misma condición de inviolabilidad reclamó Rajoy, al acaecer actuado como presidente del Ejecutor castellano.
"Tales documentos dan, pues, pie para vislumbrar y conjeturar una pretendida violación del derecho fundamental de igualdad al compulsar y contrastar uno y otro supuestos procesales", admite el Tribunal Superior de Imparcialidad de Madrid.
"Si el proceso de tramitación de la comisión rogatoria internacional sigue delante, proporcionándose así la colaboración a la Batllia de Andorra con el fin de que se le otorgue al actor la condición de investigado en un procedimiento penal en el extranjero, devendría ya ineficaz cualquier pronunciamiento jurídico en España que diera la razón al actor [Rajoy] una vez cumplimentada y remitida a Andorra la comisión rogatoria", indica la Sala de lo Contencioso del TSJM.
La querella de BPA
El pasado junio, la togado andorrana notificó a Rajoy y a los dos exministros que les investigaba en el Principado a raíz de una querella por las supuestas "extorsiones" a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información financiera de varios políticos catalanes con el fin de tratar de frenar y desacreditar el procés.
La querella de la que se deriva esta causa fue presentada por el Institut de Drets Humans d'Andorra, la asociación Drets y el expresidente del porción BPA, Higini Cierco Noguer.
Fue el pasado junio cuando la togado Stéphanie Garcia envió una comisión rogatoria a España para avisar la querella a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz.
La magistrada todavía comunicó su condición de querellados a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, y a Ignacio Cosidó, quien fuese director militar de la Policía entre 2011 y 2016.
Todos ellos, según consta en la documentación a la que tuvo entrada este boletín, fueron querellados por los presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, perturbación y "creación de un documento traidor por parte de funcionario".
'Policía patriótica'
La querella acusa a Rajoy y Fernández Díaz de utilizar, desde el año 2014, a agentes de la denominada policía patriótica para presionar a responsables del porción BPA.
"La razón era la de conocer, mediante vías ilegales, una información bancaria secreta, protegida por la estatuto andorrana y relacionada con distintos gobernantes de Cataluña y sus familiares", explicaba la resolución firmada por la jueza.
La querella de la que se deriva esta causa sostiene que el Gobierno castellano habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el falleba de la entidad y de su filial española Cárcel Madrid —uno y otro ya clausurados— si no facilitaban la información exigida.