La subida de las cotizaciones de Escrivá solo recaudará un 4% del coste de indexar las pensiones al IPC

La segunda etapa de la reforma de las pensiones está encallada por el rechazo de sindicatos y patronal.

La reforma de las pensiones no avanza. Sindicatos y patronal no aceptan las propuestas de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para elevar el periodo de cuenta de las prestaciones (que se quiere acaecer de 25 a 30 abriles, de los que se restarían los dos peores abriles de cotización) y aumentar las cotizaciones de las bases máximas. Según los agentes sociales, se alcahuetería de medidas que no solventarán el difícil futuro crematístico de la Seguridad Social y la sostenibilidad de las pensiones

Así lo indican incluso los cálculos recogidos por la Fundación de Estudios de Pertenencias Aplicada (FEDEA). Uno de sus últimos trabajos recoge cuál será el intención, en particular, de la subida de la saco de cotizaciones máximas prevista por Escrivá entre 2025 y 2050. Y alerta de que su intención recaudatorio será insuficiente.

De hecho, cuando se culmine, solo cubrirá un 4% del consumición adicional que generará tener vinculado las pensiones por ley al IPC.

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El examen, escrito por Atractivo de la Fuente, director de FEDEA, calcula que la subida prevista para las cotizaciones máximas, cuando se complete en 2050, será del 35%. Con esta medida, la cobro "por cotizaciones sociales se incrementaría, como mucho, en un 0,15% del PIB". 

Esta cantidad está "muy por debajo de lo que sería necesario" para compensar el aumento del consumición en prestaciones derivado de "la primera etapa de la reforma en curso". Es aseverar, de la indexación del aumento de las pensiones con el IPC, una medida que supondrá en torno a los 3,5 puntos de PIB en 2050

Todo pese a que el incremento acumulado para la saco máxima de cotización sería del 35% (siempre a precios constantes). Por otro costado, si el destope se lleva al extremo y se somete a cotización "todas las rentas brutas del trabajo, el incremento de cobro podría acercarse a un punto de PIB". 

Sin requisa, esta cantidad aún seria "claramente insuficiente para eliminar el adeudamiento previsto del sistema". En este caso, la medida solo cubriría un 28,5% del impacto crematístico previsto de subir las pensiones con el IPC en 2050.

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En buena medida, este examen es compartido por los sindicatos. "Se mantiene una propuesta claramente insuficiente en relación con el incremento de ingresos derivado de la gala del destope sobre bases máximas y de los salarios más altos", indica Carlos Enojado de Comisiones Obreras. 

De hecho, junto a recapacitar que tanto los sindicatos como CEOE han rechazado la última propuesta del equipo de Escrivá, este lunes. Con todo, en el caso de la patronal, el rechazo tiene que ver tanto con un "encarecimiento de los costes laborales que perjudicarán el mercado gremial" y que no hay una mejoramiento de la "sostenibilidad" del sistema de pensiones.  

Cerca de recapacitar que entre 2025 y 2050, Seguridad Social tiene previsto elevar las bases máximas de cotización un 1,154%, mientras que la pensión máxima solo aumentaría un 0,115%. Con todo, a esto hay que sumar, en los dos casos, el incremento que experimente el IPC. 

Para el primer espada de FEDEA, esto genera una estructura "poco equitativa y muy distorsionante por aplicarse con tipos de carga muy elevados sobre una saco limitada y arbitraria de rentas intermedias del trabajo".

Más impuestos

A cambio, De La Fuente reto por una subida de impuestos para financiar las pensiones. Se trataría de "un recargo proporcional de solidaridad sobre la cuota del IRPF", lo que aseguraría, en su opinión, "un reparto equitativo de los costes no puramente contributivos del sistema de protección social entre una saco más amplia de contribuyentes".

"Como punto de partida, parece regular exigir que los costes complementarios del sistema de pensiones o del conjunto de la Seguridad Social, que tienen un cachas componente de redistribución o solidaridad, se repartan entre toda la población, y no sólo entre los trabajadores en activo, y que esto se haga atendiendo a la capacidad económica total de cada ciudadano y no sólo a sus rentas salariales en el interior de un determinado intervalo", señala.

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