Los letrados de la Establecimiento de Honestidad de todo el país, los antiguos secretarios judiciales, están convocados desde este martes a una huelga indefinida para exigir al Gobierno mejoras retributivas y laborales, un paro que puede paralizar miles de juicios y vistas y que desde el Tarea tachan de "político".
La Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Franquista de LAJ llegan a la convocatoria reclamando el cese del secretario de Estado de Honestidad, Antonio Julián Rodríguez, por asegurar este lunes en una rueda de prensa que la huelga es "política", "sin finalidad profesional alguna" y "contra el pueblo".
Las tres asociaciones que organizan la huelga han decidido surtir su pulso con Honestidad tras convocar varios paros el año pasado sin que el Gobierno colmara sus aspiraciones, aunque Honestidad sostiene que, de sus merienda reivindicaciones, solo queda irresoluto por cumplir una: la revisión del sistema de productividad y su complemento en la carrera profesional.
Están llamados a la huelga aproximadamente de 4.300 profesionales en todo el país y ambas partes son conscientes de que el paro, dependiendo de su seguimiento, puede originar muchos problemas en juzgados y tribunales.
Piden mejoras retributivas
Las asociaciones convocantes -Colegio Franquista de Letrados de la Establecimiento de Honestidad (CNLAJ), Unión Progresista de Letrados de la Establecimiento de Honestidad (UPSJ) y Asociación Independiente de Letrados de la Establecimiento de Honestidad (AINLAJ)- exigen, entre otras cuestiones, mejoras retributivas acordes a las nuevas funciones que se les han ido atribuyendo tras sucesivas reformas legales.
Para el Tarea, sin secuestro, cualquier petición salarial del colectivo está "fuera de empleo". Adicionalmente, afirma que el salario crecerá de media un 14,76% en tres abriles.
Según las cifras facilitadas por ese sección, tras las negociaciones llevadas a lugar, en 2023 el salario de un LAJ que trabaja en el supremo y está entre los niveles 26 y 28 y oscila entre los 39.011,80 y los 59.537,42 euros, sin tener en cuenta sus retribuciones variables, lo que supone "entre un 79 y un 140% más que cualquier funcionario de la suministro del Estado en esos mismos niveles", según el secretario de Estado de Honestidad.
Conflicto sindical de meses
La huelga indefinida convocada para este martes es el resultado del conflicto sindical que mantienen los LAJ desde hace meses con el Tarea de Honestidad y que les ha llevado a protagonizar ya huelgas puntuales -que obligaron a suspender juicios y declaraciones, incluidas algunas del conocido como 'caso Villarejo' en la Audiencia Franquista- y concentraciones.
El conflicto tiene su origen en "la errata de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en exclusivo la de 2015, lo que --denuncian-- ha provocado un "insoportable desequilibrio".
Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que el Tarea firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".
Las tres asociaciones reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una rectificación a la Ley de Eficiencia Organizativa para que "las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Establecimiento de Honestidad se referencien a las correspondientes a la carrera contencioso, en la proporción de restablecimiento que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo".
En el entorno del conflicto, los convocantes llegaron a apelar a la "autoridad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en presencia de la "mandato insensible e valeverguista" del Tarea dirigido por Pilar Llop. "Depende tan solo del Gobierno que usted preside aprobar las modificaciones de los Reales Decretos retributivos y el Estatuto Orgánico", instaron en un comunicado conjunto.
Peligro de paralización
Las asociaciones convocantes han ducho a Sánchez de la "peligro" y de la "extensión del aventura de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales de todo el país, omitido los servicios esenciales", que puede originar la huelga indefinida.
Asimismo, subrayaban que incluso tendrá un "impacto directo entero en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos que se relacionan con el servicio conocido de la Establecimiento de Honestidad".
En concreto, avisaban de que se paralizarán los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones, etc) y al Hacienda Notorio (multas, depósitos, etc.), cedido que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que cuenta con un saldo promedio de 4.500 millones de euros.
Según explicaban, el trabajo de los 4.300 Letrados -funcionarios de comunidad A1- dependientes de Honestidad es "imprescindible", por lo que su desaparición provocaría "enormes perjuicios" en juzgados y tribunales que se traducirán, probablemente, en nuevas dilaciones de los asuntos en trámite.