El Servicio del Interior no había pedido aún el salvoconducto a Marruecos para expulsar de España por estar en situación irregular a Yassine Kanjaa, el supuesto autor del homicidio del sacristán Diego Valencia en Algeciras (Cádiz), porque no le había llegado el turno regalado el gran número de expedientes pendientes de ejecutar.
Así lo han confirmado fuentes del ocupación a RTVE, que han explicado que estos trámites son "lentos" y que los expedientes se van resolviendo "poco a poco" por orden de presentación. Por todo ello, Interior aún no había pedido carencia al consulado de Marruecos. Así, han recordado que el pasado año se incoaron un total de 34.949 expedientes de expulsión de extranjeros y solo se ejecutaron 2.627.
Kanjaa, que residía en España desde 2019, tenía irresoluto desde el pasado mes de junio su expulsión al estar en situación irregular. Actualmente se encuentra en prisión por orden del magistrado de la Audiencia Franquista Joaquín Gadea, quien consideró que los ataques de este marroquí de 25 abriles a dos iglesias de Algeciras se llevaron a límite "en nombre del yihadismo".
Frente a esas informaciones, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado en su cuenta de Twitter que el ministro del Interior, Fernando Extenso-Marlaska, "tiene muchas explicaciones que dar" y ha anunciado que su clan ha pedido que las ofrezca en la Cámara.
Mientras, el portavoz doméstico de Vox, Jorge Buxadé, asimismo ha estudioso esa misma red social para pedir la dimisión de Marlaska.
Los trámites de expulsión
Para aceptar a límite la expulsión, según la doctrina del Tribunal Supremo, deben darse circunstancias agravantes como tener historial penales, no tener documentación, no tener domicilio fijo, no tener clan, desconocer por dónde y cuándo entró en España, entre otras, añaden las fuentes consultadas.
Mientras se tramita ese expediente, se pueden imponer medidas cautelares para certificar la ejecución de la posible expulsión que se acuerde, como la retirada del pasaporte o comparecencias periódicas en presencia de la policía.
Como última opción puede acordarse que la persona ingrese en un Centro de internamiento de extranjeros (CIE), donde el plazo mayor de estancia es de 60 días, aunque las ONG denuncian que muchas veces el tiempo de estancia es superior al reglamentario.
Fuentes de Interior consultadas por EFE admitieron recientemente que si aceptablemente España es uno de los países europeos con decano capacidad de retorno, los niveles "están muy remotamente de los deseados", e inciden en las trabas que hay para ejecutar las órdenes de expulsión.
En este sentido, señalaron que a salvo de tener acuerdo de readmisión, el país tiene que reconocerlo como doméstico suyo, tiene que permitir la presentación de esa persona, si no tiene pasaporte es necesario que el país de origen emita un salvoconducto para poder recorrer. "Es aquí donde se forma un embudo", reconocieron dichas fuentes.
Subrayaron encima que los niveles de retorno todavía son inferiores a los de antiguamente de la pandemia ya que adecuado al obturación de fronteras y las restricciones sanitarias las devoluciones se pararon.