¿Puede ser el presidente ruso, Vladímir Putin, detenido por crímenes de enfrentamiento? Esta es una de las cuestiones más repetidas en las últimas horas, luego de que la Corte Penal Internacional (CPI) lanzara este viernes una orden de arresto internacional contra el mandatario y la comisaria presidencial de los derechos humanos de la Infancia de la liga Rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova, por su presunta responsabilidad en la deportación forzada de niños ucranianos a comarca ruso durante la enfrentamiento.
"El huella de la orden es circunscrito a corto plazo, ya que la CPI no cuenta con policía o ejército que pueda detener a los acusados, sino que depende de sus países miembros. Rusia no reconoce a este tribunal, por lo que la detención debería hacerse fuera del país", cuenta a RTVE.es la profesora de Derecho Penal Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, Araceli Mangas, que, sin retención, califica la orden de "histórica".
"Tiene más un valía simbólico, es proponer, es una llamamiento a la comunidad internacional y aumenta el aislamiento del presidente ruso, que no podrá pasarse algunos países. De conseguirse la detención, sería la primera vez que se juzgaría a un caudillo de Estado de una gran potencia marcial nuclear en plena enfrentamiento", añade sobre el tribunal, formado por 123 países. Entre los que no son miembros, por otra parte de Rusia, destaca Estados Unidos, China, India, Pakistán, Turquía o Israel. Siquiera se encuentra Ucrania, pero Kiev sí ha facultado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de enfrentamiento en su comarca.
Ucrania acusa a Rusia de la deportación forzosa de más de 16.000 niños de territorios ocupados por Moscú. Según una investigación periodística de la Unión Europea de Radifusión en la que participó RTVE, Lvova-Belova estaría en el centro del secuestro de al menos centenares de niños ucranianos que fueron trasladados procedentes de orfanatos y campamentos por las tropas del Kremlin, en principio, para darlos en admisión. Desde Ucrania, el presidente Volodímir Zelenski ha celebrado la valor de la CIP y el líder estadounidense, Joe Biden, la ha calificado como "justificada".
Rusia, por su parte, niega tener ninguna responsabilidad y ha restado importancia a la orden, calificándola de "nula". De hecho, no ha frenado los planes de Putin, que este fin de semana ha viajado a Crimea en el noveno aniversario de su anexión a Rusia y ha realizado su primera visitante al Donbás, donde ha represión en coche varios barrios de Mariúpol, ciudad tomada por Moscú tras un férrea resistor ucraniana.
Putin tendría que ser detenido o entregarse
En el caso de que el mandatario visitara otrso países, poco que al punto que ha hecho desde que comenzó el conflicto en Ucrania, además hay que tener en cuenta "la conveniencia de arrestarle", ya que eso puede gestar fricciones entre dos naciones u otros pertenencias no deseados, señala, por su parte, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, Frédéric Mertens de Wilmars. "Siquiera sabríamos el huella que tendría la detención en el transcurso de la enfrentamiento y en una Rusia vacía de poder", agrega.
Otra de las opciones para que se llevara a agarradera la detención, añade, sería que Putin se entregara o que "lo hiciera el propio Estado ruso", poco que, por el momento, "parece improbable" conveniente al control que ejerce en el país. "Pero no ficticio", remarca, en el caso de que Rusia sea derrotada por la enfrentamiento, y pone como ejemplo el caso serbio en el que fue el país el que entregó al expresidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, para que fuera chancillería por crímenes contra la humanidad y de enfrentamiento en Kosovo.
La orden de arresto se ha producido un día luego de que la ONU concluyera que Rusia ha cometido crímenes de enfrentamiento en Ucrania, entre ellos violaciones, torturas, asesinatos, desplazamientos forzosos y ataques a civiles desde que comenzó la enfrentamiento hace más de un año. "Esta podría no ser la primera orden de detención que vemos en los próximos meses o primaveras", advierte el profesor de Liderazgo Político en la Universidad Europea, Moisés Ruiz, que recuerda que se están investigando otras denuncias emitidas por Ucrania y que además podrían afectar a otros miembros del Kremlin. "Por el momento, Putin está tranquilo, ya que no le da ningún huella a esta orden, pero habrá que ver el expansión de la enfrentamiento", sentencia Ruiz.
La orden no prescribe, incluso si acaba la enfrentamiento
Aunque, en principio, no se den las circunstancias adecuadas para la detención del mandatario, sí que podría producirse más delante. En el caso de que se pusiera fin a la enfrentamiento, "la orden seguiría actual, porque no prescribe", cuenta Araceli Mangas. "Las deportaciones de menores es de una trascendencia extraordinaria", añade sobre este delito, que podría conllevar hasta dependencia perpetua.
En esta cadeneta, la presidenta de la Red de Periodismo de Investigación de la UER sobre las deportaciones, Pilar Requena, lamenta en una entrevista en el Canal 24 horas que "haya habido casos además tan graves y crímenes de enfrentamiento cometidos por otros dirigentes internacionales a los que ni siquiera se les ha amplio una orden de detención". No obstante, sí que considera que esta orden sienta un precedente, ya que "está basada en pruebas claras de la comisión del delito" y es "una demostración" de estas prácticas en el país, indica.
Desde el propio tribunal además se ha hecho hincapié en que, en caso de que Putin sea arrestado, "el principio de inmunidad" siquiera se aplica en el derecho internacional a los jefes de Estado". "Las relaciones internacionales son muy fluidas, las cosas cambian mucho y lo que hoy no es posible puede ser posible más delante", ha dicho en una entrevista a TVE la jefa de comunicación del Tribunal Penal Internacional, Sonia Robla, sobre un hecho que abre un nuevo precedente en la historia de la enfrentamiento de Ucrania en poco más de un año desde que comenzó.
¿Qué es la CIP?
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya fue creado en 1998, con la firma del Estatuto de Roma, y se formalizó en 2002 para lalzar a cordura a los responsables de los crímenes más graves: enfrentamiento, lesa humanidad, matanza y atentado. Al menos 39 países pidieron conjuntamente al fiscal caudillo del tribunal, Karim Kham, que abriese la investigación para determinar si se habían cometido crímenes de enfrentamiento en Ucrania. De esta forma, se ampliaba la comenzada por su antecesora Fatou Bensouda en 2014 por la anexión ilegal de Crimea por parte de Putin y la enfrentamiento en el Donbás.
En dos décadas, el tribunal solo ha emitido cuatro condenas, todas ellas en África: tres en República Democrática del Congo y una en Mali. El requisito del que el enjuiciado esté presente hace que en muchos casos se haya estancado porque hay que capturar a los responsables. Es el caso del expresidente de Sudán Al Bashir sobre el que pesan dos órdenes de arresto por los crímenes en Darfur, pero sigue en independencia. El líder libio Gadafi ni siquiera llegó a la Corte porque fue ejecutado antiguamente por su propio pueblo. Actualmente, tiene 17 investigaciones en marcha en países como Uganda, República Democrática del Congo, Kenia, Venezuela, Myanmar y Filipinas, por otra parte de la de Ucrania.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 9, describe crimen de enfrentamiento como: "Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil" que no participe directamente en las hostilidades" o "atacar o machacar ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares".