El Gobierno murciano ha presentado un petición contra el decreto del Consejo de Ministros que reduce las cantidades máximas de agua que se podrán trasvasar del Tajo al Segura, y ha pedido además medidas cautelares para pedir que su aplicación quede suspendida mientras se decide sobre su rectitud.
Así lo ha confirmado este lunes el presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, al ser preguntado por los periodistas tras participar en una recibo con las Reinas de la Huerta con motivo de las Fiestas de Primavera en Murcia hacienda.
Miras ha recordado que este 10 de abril concluía el plazo para poder acudir en presencia de el Tribunal Supremo los planes hidrológicos y de cuenca aprobados el pasado 24 de enero por el Consejo de Ministros, y el Ejecutor murciano los ha recurrido, tal y como anunció que haría ese mismo día.
El decreto ratificado en enero introduce por primavera vez un caudal ecológico para el Tajo, que irá aumentando del caudal minúsculo presente de 6 hectómetros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez hasta los 8,65 en 2027, lo que ha provocado protestas de las comunidades afectadas y de los regantes de la cuenca del Segura.
Una "osadía política, ideológica y sectaria"
Ha insistido en que esos planes de cuenca supondrán recortar a la medio el agua que se podrá cobrar a través del trasvase, lo que ha calificado como una "osadía política, ideológica y sectaria" que no se podio "en ningún reseña objetivo ni mensaje verificado o técnico que avale o justifique en modo alguno" ese retazo.
En ese sentido, ha subrayado que no se han aportado informes sobre el posible impacto social, medioambiental o financiero positivo que recortar los envíos de agua tendrá sobre el río Tajo, pero sí existen estudios, tanto de la Confederación Hidrográfica del Segura como de varias universidades, que alertan de los "graves perjuicios" en esos tres aspectos que la medida tendrá para la zona del Este.
Por ello, no solo se ha presentado el petición, sino que se han solicitado medidas cautelares "para revertir la osadía adoptada por el Consejo de Ministros de forma inmediata", todo ello con el objetivo de "impedir a toda costa" que se reciba menos agua del trasvase.
Murcia es, unido a Alicante, y en último medida, Almería, la provincia más afectada por la reducción de agua para el riego, que supondrá, según los regantes, la pérdida de 15.000 puestos de trabajo. Por su parte, el Gobierno defiende que estas zonas tendrán agua gracias a alternativas como la desalación o la reutilización del agua.