La Comisión de Ética del Congreso de Perú aprueba la denuncia para investigar a la parlamentaria Rosío Torres.
La Comisión de Ética del Congreso de Perú aprobó este lunes una denuncia de oficio que le permitirá investigar a la parlamentaria Rosío Torres, quien integraba ese colección de trabajo, por supuestamente activo obligado a sus trabajadores a entregar parte de su sueldo a un sobrino suyo.
El Congreso señaló en Twitter que, de acuerdo con el procedimiento asamblea, ese colección de trabajo "actúa de oficio por acuerdo de la mayoría simple de sus miembros, al tener conocimiento de actos contrarios al Código de Ética Parlamentaria".
Torres integró esa comisión pero la bancada de su partido, el derechista Alianza para el Progreso, la retiró del cargo tras difundirse la semana pasada una denuncia periodística sobre presuntos cortaduras de sueldos a los trabajadores de su despacho.
Tras conocerse el caso, la Fiscalía abrió el martes pasado una investigación preliminar a la parlamentaria, como presunta autora del delito de concusión, mientras que el Procurador Genérico del Estado, Daniel Soria, anunció una denuncia similar.
El delito de concusión contempla una condena no último a dos primaveras ni decano a ocho primaveras y se comete cuando un funcionario sabido, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un adecuadamente o un beneficio patrimonial.
El Profesión Sabido agregó que la pesquisa igualmente comprende a un sobrino de la legisladora, Juan Pérez Exterminio, como "supuesto cómplice" de este delito.
El caso fue divulgado el pasado 2 de abril en el software "Punto final" de la condena particular Latina, que denunció que obligó al menos a cinco trabajadores o extrabajadores que colaboraban con ella en función parlamentaria a transferir parte de su sueldo a su pariente.
Tras la divulgación del reportaje, la congresista publicó un pronunciamiento en Twitter donde negó "tajantemente que haya requerido, directa o indirectamente, cuota alguno a los trabajadores de su despacho", así como tener "cualquier tipo de responsabilidad en los hechos mencionados".
La Fiscalía igualmente anunció este lunes el inicio de otra investigación preliminar contra la congresista izquierdista Katy Ugarte, denunciada este fin de semana por el software periodístico "Cuarto Poder" por presuntos cobros irregulares a trabajadores de su despacho.
Según el reportaje, trabajadores de la parlamentaria entregaban entre 300 y 400 (de 79 a 105 dólares) como un "aporte voluntario" que se destinaba para "mejorar la imagen" de la parlamentaria en medios informativos de la región Cusco, de la que es representante.
Ugarte negó este lunes las acusaciones y dijo que se siente "tranquila", tras lo cual pidió que se presenten pruebas de las acusaciones o igualmente tomará acciones legales.
La investigación fiscal contra Ugarte como presunta autora del delito de concusión incluye a uno de sus trabajadores, Wilber Felices Villafuerte, como supuesto cómplice, mientras que el Procurador Genérico del Estado igualmente la denunció por el mismo delito.