Caso taekwondo español: la Federación pide al juez estudiar sus informes contrarios a la UDEF

La cúpula de la Unión ha solicitado una prórroga en la que reclama que se estudien sus informes y se les devuelvan los teléfonos incautados.

La investigación sobre la presunta corrupción en la Unión Española de Taekwondo continuará durante algunos meses más. Jesús Castellanos y el resto de implicados en el caso pidieron el pasado mes de enero una prórroga al enjuiciador en la que se reclama que analice los informes propios que contradicen a los de la UDEF. Los denunciantes, en su respuesta al curia, se han opuesto al verlo como una logística para "dilatar indefinidamente" el procedimiento.

La UDEF, en esos informes que ya publicó EL ESPAÑOL, detalló cómo la Unión presentó facturas falsas y justificó gastos de guisa errónea. Encima, en conversaciones pinchadas y captadas por la Policía se pudo comprobar cómo se manipulaban las cuentas con el objetivo de que, en algunos casos, quedaran "mil -euros- limpios". El crónica, que en su maniquí recapitulación cuenta con casi 200 páginas, acreditaba incluso la "percepción irregular de dietas por el personal chupatintas".

Jesús Castellanos, presidente de la Unión y principal investigado en estas diligencias, ya trasladó a este boletín que los informes con los que contaban contradecían las prácticas por la UDEF. El mayor mandatario del organismo, en conversación con EL ESPAÑOL el pasado mes de octubre, rechazó ceder los informes de su perito.

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, y el presidente de la Federación de Taekwondo, Jesús Castellanos, el pasado 20 de julio en la Asamblea General de la Federación Española de Taekwondo y Deportes Asociados.


El presidente del Comité Orgulloso Gachupin, Alejandro Blanco, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, y el presidente de la Unión de Taekwondo, Jesús Castellanos, el pasado 20 de julio en la Asamblea Universal de la Unión Española de Taekwondo y Deportes Asociados.
COE

Ahora reclaman al enjuiciador una prórroga para que este pueda analizarlos. Concretamente, solicitan la prórroga para que se efectúe la "ratificación a presencia del Enjuiciador Instructor del perito auditor" cuyo crónica ya está incorporado a autos. Estos informes son la principal defensa empleada por Castellanos y su equipo, que consideran que todas sus acciones en la Unión entraron internamente de la justicia.

Incluso piden que el CSD traslade al curia todos los expedientes tramitados entre 2008 y 2017 en relación a las subvenciones y ayudas recibidas por el corporación federativo en todo ese periodo. Específicamente se requiere una copia certificada de los expedientes "indicando los reparos manifestados [...] a su fiscalización", incluyendo "las correcciones que haya podido hacer" la propia Unión a petición del CSD.

Es afirmar, la Unión, como viene defendiendo desde hace tiempo, estuvo supervisada por el Consejo Superior de Deportes. Y, por ende, todas sus actividades debieron de contar con ese seguimiento. Sin bloqueo, el propio CSD aparece en la causa como inculpación particular, por lo que se entiende que desde el Consejo no hay seguridad sobre las prácticas llevadas a término.

Jesús Castellanos, a la derecha, en la presentación del Campeonato de España Senior


Jesús Castellanos, a la derecha, en la presentación del Campeonato de España Senior
Unión de Taekwondo

La petición de la prórroga pide al enjuiciador, de igual guisa, que el Consejo Superior de Deportes remita las auditorías obligatorias que se han realizado y que tenían como objetivo controlar la buena administración de la Unión. Los ejercicios incluidos, nuevamente, son desde el 2008 al 2017.

Castellanos y compañía hasta piden que devuelva a esta parte todos los documentos obtenidos por la UDEF en su día. Encima de dicha documentación, se subraya que no han sido devueltos ordenadores y teléfonos móviles en su día requisados por la mecanismo policial.

El simple hecho de pedir esta prórroga supone aumentar el proceso procesal. La idea auténtico era que en enero el fiscal pudiera pronunciarse. Ese mismo mes llegó esta petición conocida ahora. Parte de la inculpación particular ha presentado alegaciones rechazando esta prórroga pues no ve viable que se vaya a aportar nueva información que pueda contradecir los informes presentados por la UDEF.

De dilatarse, los cinco abriles que lleva campechano el proceso continuarían sumando meses. Junto a memorar que Jesús Castellanos siempre ha defendido su inocencia y la buena administración de la Unión. Por ello la relevancia de que se tengan en cuenta los informes de su perito que desmienten a la UDEF.

[Más información - El expresidente de la FEB, José Luis Sáez, condenado a un año de cárcel por apropiación indebida]

1 Comentarios

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