Las instituciones europeas preparan un conjunto de medidas que entrarán en vigor en 2024 y que cambiarán las reglas del engranaje en Internet. Entre ellas está la Ley de Servicios Digitales que, entre otros objetivos, persigue regular los algoritmos de las grandes plataformas y combatir las campañas de desinformación consistentes, por ejemplo, en el empleo de bots y cuentas falsas. El Parlamento Europeo igualmente ha consentido un mensaje que denuncia a Rusia y China como los grandes focos de desinformación que pueden desestabilizar las democracias. Propone invocar el Art. 5 de la OTAN, que activa la respuesta conjunta de esta ordenamiento, cuando un país miembro sea víctima de un ciberataque de envergadura.
Ayer de la Conflicto en Ucrania o de la pandemia, las instituciones de la Unión Europea llegaron a la conclusión de que las leyes que ordenan el entorno de Internet eran abiertamente insuficientes. El comisario europeo de Industria, Thierry Breton, llegó a decirle al mentor delegado de Google, Sundar Pichai, una frase que ya se ha hecho célebre: “Internet no puede seguir siendo el ‘Salvaje Oeste’”. Este es el motivo por el que desde las instituciones europeas se están preparando nuevas leyes sobre el entorno digital que, de ser aprobadas, cambiarán las reglas del engranaje en Internet a partir de 2024.
¿Será la Ley de Servicios Digitales el Sheriff de Internet?
Parte del paquete de normas europeas en preparación está recogido en la futura Ley de Servicios Digitales que pretende regular los algoritmos de recomendación en Internet y la denuncia de contenidos dañinos o que promuevan la desinformación. Actualmente esta ley se encuentra en etapa de negociación entre los grandes actores de la política europea: Consejo y Parlamento con la mediación de la Comisión. Los borradores de este reglamento colocan a la desinformación intencionada en el centro del debate. Se explica que la manipulación informativa amenaza la democracia. Promueve tomar medidas en presencia de capacidad de “ocasionar información falsa o engañosa” (Considerando 68) y se propone interpretar contra “las cuentas falsas, el uso de bots y (...) comportamientos total o parcialmente automatizados, que pueden dar motivo a la difusión rápida y extendida de información que sea un contenido ilícito” (Considerando 57).
De lograr a buen término, una de las grandes novedades de esta ley es que obligará a los grandes operadores de Internet a desobstruir su gran secreto, el operación de recomendación (Considerando 64), que hace que unos contenidos queden por encima de otros en las búsquedas o en los mensajes de las redes sociales. La regulación de los algoritmos igualmente están en el centro de otra de las leyes sino del paquete de normas digitales europeas en tramitación, la Ley de Inteligencia Sintético, que se está debatiendo ahora en una comisión del Parlamento Europeo.
Según explicó la eurodiputada socialdemócrata Christel Schaldemose, negociadora del Parlamento Europeo para esta reglamento, a un congregación de periodistas españoles presentes en Estrasburgo entre el 4 y el 6 de abril, toda la sociedad en militar tiene que prestar su ayuda para “desobstruir la caja negra del operación” mediante la décimo de investigadores o de ONG especializadas. El objetivo de medidas como esta iría más allá del cumplimiento de las normas actuales: “Debemos musitar de evaluación de riesgos. [Las plataformas de Internet] deben tener en cuenta igualmente el posible impacto película del contenido dañino, incluso cuando es legítimo”.
Una de las críticas habituales a las legislaciones digitales europeas es que siempre van por detrás de la ingenuidad. La nueva Ley de Servicios Digitales intenta velar este inconveniente estableciendo una ronda anual de evaluación de riesgos que posibilite hacer cambios rápidos. Para Schaldemose, la querella en Ucrania ha demostrado que este mecanismo se ha quedado corto incluso antiguamente de aplicarse. Sostiene Shaldemose que la evaluación de riesgos digitales debe hacerse sobre la marcha “en circunstancias extraordinarias como una querella o una pandemia”.
“Poner freno al contenido ilícito en Internet, responsabilizar a las plataformas digitales de sus algoritmos y mejorar la moderación de los contenidos.
Los eurodiputados han resuelto la saco para negociar con la Presidencia francesa del Consejo la Ley de Servicios Digitales (DSA)“
— Parlamento Europeo en España (@Europarl_ES) January 20, 2022
¿Debe considerarse un ciberataque extranjero como un acto de querella?
El 9 de marzo el Parlamento Europeo aprobó el primer texto de conclusiones de la Comisión sobre interferencias extranjeras en todos los procesos democráticos en la Unión Europea, incluida la desinformación (INGE). Los parlamentarios europeos sostienen que “la desinformación puede desestabilizar la democracia europea” y señalan con el dedo a los que consideran culpables de la situación: “Hay regímenes extranjeros, como Rusia y China, que utilizan estas herramientas en columna a gran escalera para influir en el debate sabido en los países europeos”.
A la hora de hacer sus recomendaciones el mensaje INGE sostiene que la “Unión y la OTAN deben adoptar un enfoque más prospectivo y táctico en materia de amenazas híbridas” e incorpora a su texto la exposición de la Alianza Atlántica cuando dice que los ataques informáticos pueden ser un acto de querella: “Un ciberataque conllevaría la invocación del artículo 5 del Tratado de la OTAN, (...) [pues] el impacto de una acumulación de actividades cibernéticas malintencionadas significativas podría considerarse, en determinadas circunstancias, equivalente a un ataque armado”. Si aceptablemente los ciberataques y la desinformación interesada buscan desestabilizar a instituciones o países por medios digitales, son dos técnicas diferentes. Un ciberataque usa la tecnología para, por ejemplo, inutilizar los ordenadores de un servicio sabido o una empresa a través de un virus. En cambio la desinformación se podio en la difusión a través de redes de bulos o engaños con la intención de ocultar los hechos, confundir a la población o sembrar la desconfianza en las instituciones.
La querella híbrida convertida en querella positivo
El europarlamentario del Partido Popular Europeo y miembro de la comisión INGE Javier Zarzalejos sostiene que “en el ámbito de las sanciones, conviene diferenciar lo que puede ser una medida inamistosa [...] de lo que es directamente un acto de golpe que merecería una represalia”. Preguntado expresamente sobre si esto significa que los países occidentales deben desarrollar su capacidad para crear una disrupción digital en otras naciones que les hayan agredido, Zarzalejos asegura: “Sí. Estamos hablando de eso.(...) Las guerras híbridas son guerras. Esto significa que en esa hibridación entran tanto los tanques como los hackers”.
El eurodiputado por el Partido Socialista Nacho Sánchez Apego, igualmente miembro de INGE, tiene una visión distinta a la del popular Javier Zarzalejos. Sostiene que la forma europea de resolver estos problemas “no va a ser y no puede ser igual que los sistemas autoritarios”. Si aceptablemente añade, “Si un servidor está identificado como el que está metiendo 100.000 bots en las redes sociales, a ese servidor se le puede intentar estrechar, (...) no a cualquier servidor de ese país”. Siquiera es partidaria de una represalia digital a gran escalera la eurodiputada adscrita al congregación generoso (Renew) en las listas de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundua. Afirma que “lo que no tiene que suceder es espacios para la impunidad”. En cuanto a las posibles represalias digitales cree que debe suceder límites claros: “No se nos pasa por la imaginación pensar en atacar una infraestructura crítica que pueda ocasionar daños civiles o poco así en otras sociedades, aunque tengan un dictador o no, no es poco que está en el ADN de la Unión Europea”.
Los verificadores y la lucha contra la desinformación
Las instituciones europeas han subrayado la requisito de reanimar el papel de los verificadores (entre los que se encuentra VerificaRTVE) como una aposento esencia del esfuerzo por preservar los títulos democráticos. El mensaje INGE considera fundamental la labranza de los verificadores independientes y afirma que “el seguimiento transparente de la situación de las injerencias extranjeras en tiempo positivo por parte de organismos institucionales y de verificadores de datos y analistas independientes (..) es crucial para (...) proporcionar información sobre los ataques malintencionados en curso [y] contrarrestarlos”.
La desinformación no solo y no siempre procede de fuentes extranjeras, como comprobamos cada día en VerificaRTVE. La eurodiputada Christel Schaldemose sostiene que a la hora de identificar los emisores de desinformación o fuentes de confianza los verificadores deben tener un papel significativo: “No estoy segura de que las autoridades puedan hacer este trabajo por sí solas. Espero que veamos a algunos países miembros apoyar el trabajo de los verificadores como un mecanismo de confianza” ha dicho. Para Shaldemose la lucha contra la desinformación va más allá de la confrontación directa desde las instituciones o los verificadores y requiere del compromiso de toda la sociedad: “Debemos hacer más. Necesitamos medios públicos fuertes, necesitamos educar a la población para que sea más la crítica respecto a las informaciones que recibe”.
El proceso de comprobación de VerificaRTVE se podio en el contraste de la información bajo sospecha con al menos tres fuentes distintas, incluso cuando el emisor es una fuente oficial. Para ello, se acude a otros materiales multimedia, documentos o testimonios que corroboren lo observado. La metodología incluye el solicitud a técnicas de investigación visual forense entre las que se encuentran el prospección de mapas, la geolocalización, la cronolocalización o las búsquedas digitales avanzadas. Uno de los objetivos de VerificaRTVE es, por otra parte, potenciar la alfabetización digital y mediática para que cada ciudadano conozca las herramientas básicas que le permitan comprobar la información que encuentra en redes.