Feijóo recupera la idea de Pablo Casado de implicar a los países de América Latina en la OTAN para defender los títulos democráticos.
El PP intentará revivificar las discrepancias entre el PSOE y Podemos en el seno del Gobierno con las dos propuestas que ha anunciado este lunes, para renovar el Consejo Militar del Poder Jurídico (CGPJ) y consensuar la política foráneo de defensa y seguridad.
El PP de Alberto Núñez Feijóo averiguación profundizar así en la organización que ha seguido durante las últimas semanas, con la que pretende poner en evidencia que los dos socios de Gobierno mantienen posturas irreconciliables en cuestiones secreto como el remisión de armas a Ucrania, el registro de las pretensiones de Marruecos sobre el Sáhara o la política fiscal.
Feijóo tiene previsto expedir esta misma semana al presidente Pedro Sánchez y a todos los grupos parlamentarios su propuesta para consensuar la política de defensa y seguridad, de cara a la Cumbre de la OTAN que Madrid a acogerá a finales del mes de junio.
Boicoteo de Podemos
La propuesta tendrá tres ejes fundamentales: pedir a la OTAN que proteja todo el condado doméstico (incluidas las islas Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla), que refuerce en su organización el lado sur de Europa frente a los países del ideal de África y estreche la colaboración con los gobiernos de América Latina para defender títulos como la independencia y la democracia.
El vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, ha recalcado en rueda de prensa que su partido pretende que este acuerdo sume a todos los grupos parlamentarios, como una suerte de Pacto de Toledo en materia de seguridad y defensa.
Aunque los populares son plenamente conscientes de que la propuesta no tendrá el apoyo de Unidas Podemos, cuyos ministros piden públicamente la disolución de la OTAN y boicotearon, la semana pasada, el acto de conmemoración del 40 aniversario de la adhesión de España al Tratado del Atlántico Ideal.
Podemos ha llegado a denunciar que el Consejo de Ministros (en el que se sientan Ione Belarra, Yolanda Díaz y Alberto Garzón) ha adjudicado irregularmente, a dedo, la ordenamiento de la Cumbre de la OTAN de Madrid).
Crisis con Argelia
Fuentes oficiales del PP reconocen que siquiera es probable que respalden este pacto de Estado buena parte de los socios parlamentarios del Gobierno, desde Bildu a los independentistas de ERC, poco interesados en la defensa doméstico.
La propuesta planteada por Alberto Núñez Feijóo servirá de nuevo para poner en evidencia la soledad del PSOE respecto a la mayoría de sus socios, frente a las grandes políticas de Estado.
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Como ya ha ocurrido durante las últimas semanas, cuando todo el meta parlamentario ha condenado la audacia "parcial" del presidente Pedro Sánchez de cachear las pretensiones del Reino de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, que ha libre una molesto crisis diplomática con Argelia.
En su propuesta de Estado de defensa y seguridad, Feijóo ha recogido el espíritu de la idea rejonazo por el expresidente del PP Pablo Casado, quien meses ayer de su defenestración defendió la indigencia de incorporar a países de América Latina a la OTAN, con el fin de defender los títulos democráticos en aquel continente.
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Esteban González Pons igualmente anunció ayer lunes que, ayer de un mes, Feijóo presentará en el Gobierno su propuesta para renovar el Consejo Militar del Poder Jurídico (CGPJ), tal como le exigió el presidente Pedro Sánchez el pasado 7 de abril durante su disputa en la Moncloa.
El PP accederá a renovar el CGPJ de acuerdo con lo previsto en la flagrante Ley Orgánica del Poder Jurídico (es sostener, por designación de los partidos políticos en el Congreso y el Senado), siempre que Sánchez acepte modificar luego el sistema de opción del entraña de gobierno de los jueces.
Tras escuchar a todas las asociaciones de jueces, magistrados y fiscales, el PP quiere que el nuevo sistema garantice la "independencia" del poder jurídico: es sostener, que al menos una parte de los miembros del CGPJ sean elegidos por los propios jueces, y no por los partidos políticos.
Esta propuesta igualmente augura un choque con los dos socios del gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que quieren sustentar el flagrante sistema de designación política del Consejo Militar del Poder Jurídico (CGPJ). Y supone una rectificación respecto a lo defendido de Pablo Casado, que condicionaba el acuerdo a que se modifique ya el sistema de opción.
Denuncia frente a Bruselas
En rueda de prensa, González Pons advirtió ayer que la posibilidad de acuerdo en esta materia se romperá si el Gobierno decide designar unilateralmente a sus dos representantes en el Tribunal Constitucional cuyo mandato concluyó el domingo, 12 de junio.
El vicesecretario de Relaciones Institucionales sugirió que si el Gobierno recurre esta fórmula, no prevista por la Constitución Española (que prevé la renovación del TC por tercios) el PP lo denunciará frente a la Unión Europea.
Poco que podría implicar la imposición de sanciones económicas a España -en un momento en el que está irresoluto de conseguir el corpulento de los fondos europeos- porque Bruselas está vigilando estrechamente el cumplimiento del Estado de Derecho de los países miembros.
"El CGPG ya se encuentra en crisis, el Gobierno no debe extenderla al Tribunal Constitucional", advirtió ayer González Pons, quien reiteró que el PP mantiene la mano tendida para conseguir a un acuerdo sobre la renovación del CGPJ.