Con esta treta legislativa, el Gobierno se asegura poder increpar a los partidos que se nieguen a subir las pensiones no contributivas.
El Gobierno prepara un nuevo decreto con medidas antiinflación para sustituir al consentido el 29 de marzo, que tenía una vigencia de tres meses y que incluía medidas como la subvención de 20 céntimos por litro de gasolina o gasóleo.
El propio Pedro Sánchez ya anunció la prórroga de tres meses, es aseverar, para que se aplique hasta el mes de septiembre. Sin confiscación, en el interior del Gobierno hay un vivo debate sobre algunas de las medidas, especialmente, la que se refiere a la ayuda directa e igual para todos al consumo de gasolina y gasóleo.
Esta discrepancia no sólo se produce entre PSOE y Unidas Podemos, que ya preparan la negociación de los términos del decreto, sino todavía entre ministerios de la parte socialista que consideran que la medida no ha sido eficaz para frenar el precio del combustible y, mucho menos, para descontar la inflación.
No obstante, fuentes de diferentes ministerios económicos dan por hecho que se mantendrá esa subvención directa por la dificultad política de retirarla una vez que está en vigor y sin que haya mejorado la situación.
Ese decreto deberá ser consentido ayer de finales de junio en el Consejo de Ministros y luego convalidado durante el mes ulterior. El Gobierno cuenta con una tanto muy eficaz para cerciorarse esa votación: incluir en el decreto la subida de las pensiones no contributivas.
Ahora mismo se pagan 445.000 pensiones no contributivas en España, las más bajas, que cuestan a las arcas del Estado 195 millones de euros al mes. Subirlas
El Gobierno pactó recientemente con Bildu la subida en un 15% de las pensiones no contributivas. Lo hizo a cambio del voto a la ley de fondos de pensiones y el Gobierno prevé incluir la medida en ese decreto de medidas antiinflación.
Exceptuado cambio, la atrevimiento no es aprobar esa subida en un decreto específico, sino llevarlo al de prórroga de medidas contra la inflación. De esa forma, se asegura la aprobación en el Congreso, porque ningún camarilla va a estar dispuesto a impedir esa subida de pensiones y, el Gobierno puede usar como argumento político el voto en contra.
El preparatorio decreto fue consentido con el voto de Bildu, pero con el rechazo de socios del Gobierno como ERC y el de PP, Vox y Ciudadanos.
Treta legislativa
Esta técnica legislativa de incluir diferentes medidas en un mismo decreto para favorecer su convalidación ha sido reiteradamente utilizada por el Gobierno, con gran malestar de sus socios parlamentarios. Por ejemplo, en enero incluyó una alivio de pensiones en un decreto sobre mascarillas para cerciorarse la convalidación, y varios portavoces mostraron su enfado en la tribuna del Congreso.
Sobre el contenido del decreto, el PSOE y Unidas Podemos negociarán su contenido. Por ejemplo, los ministros que lidera Yolanda Díaz quieren que no se subvencione los hidrocarburos por ser contaminantes y, a cambio, incluya subvenciones al transporte divulgado e impuestos extraordinarios a las empresas eléctricas. Aún no han pasado de contactos previos.
Igualmente los sindicatos UGT y Comisiones Obreras presionan para teñir la subvención a los hidrocarburos. Una parte del Gobierno considera injusto que la ayuda sea por igual para diferentes niveles de renta y distintos tipos de vehículos de motor, pero ven irrealizable retirarla. Esta posición la mantiene especialmente el Servicio de Hacienda.
Curiosamente, el preparatorio decreto, consentido el 29 de marzo, fue tramitado como esquema de ley para poder incluir enmiendas y para favorecer el acuerdo, pero el trámite no ha innovador y decaerán sus medidas ayer de modificarse en el Congreso y, encima, será superado por el que se apruebe ahora.