El partido Vox presentó una querella contra tres altos cargos del Gobierno, que, a fanales del fiscal, se base en "sospechas" y "conjeturas".
La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido al Auditoría registrar provisionalmente la causa derivada de una querella presentada por Vox contra tres altos cargos del Gobierno, a quienes el partido político acusaba de favor cometido irregularidades en la adquisición de material contra la Covid-19 al inicio de la pandemia.
Así consta en un escrito remitido al mediador por el Profesión Conocido. A fanales del fiscal, la formación política no ha concretado de forma "suficiente" los indicios "mínimos" para aguantar a lugar una investigación. Y cree que la querella se sustenta en "meras conjeturas y sospechas".
Ésta iba dirigida contra tres personas, que ya declararon delante el mediador como investigados a principios del pasado abril, negando cualquier irregularidad. Se alcahuetería de Alfonso María Jiménez, director del Instituto Doméstico de Dirección Sanitaria, Paloma Rosado, directora caudillo de Racionalización y Centralización de la Contratación (perteneciente al Profesión de Hacienda) y Patricia Lacruz, directora caudillo de Cartera Popular del Servicio de Sistema Doméstico de Lozanía y Apoteca.
Vox sostenía en su querella —interpuesta por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude— que entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020 se suscribieron 56 contratos por parte del Instituto Doméstico de Dirección Sanitaria (Ingesa) sin ningún tipo de publicidad y al ganancia de cualquier procedimiento chupatintas.
Sin secuestro, la Fiscalía replica que el partido no ha concretado "qué tipos de incumplimientos en materia de contratación administrativa incurrió la entidad pública en dichas contrataciones". De este modo, investigar esos hechos, pese a su importancia y notoriedad, podría "tener un carácter prospectivo", indica el Profesión Fiscal.
Frente a el mediador, Jiménez declaró que la contratación se había realizado "acertadamente al 100%", siguiendo los protocolos establecidos y aseguró que, en aquellos meses del inicio de la pandemia, mantenía informado al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, de sus gestiones.
Por otra parte, el fiscal cita en su escrito un fresco crónica del Tribunal de Cuentas. Este víscera fiscalizador analizó todos contratos firmados por Ingesa entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, incluidos los mencionados en la querella. Y concluyó que cumplieron con el procedimiento chupatintas.
Es más, el fiscal compara los "indicios" que relató Vox con el "conciso" y "detallado" voto de Cuentas, para optar por solicitar el archivo de la causa.
Sobre las directoras generales de Racionalización y Centralización de la Contratación y de Cartera Popular del Servicio de Sistema Doméstico de Lozanía y Apoteca, la Fiscalía recuerda que la primera de ellas asumió el cargo de víscera de contratación respecto del Ingesa durante nada más cinco días, "sosteniendo el cumplimiento y adecuación a la ley de la contratación cuya responsabilidad le fue encomendada, en consonancia con el crónica de Tribunal de Cuentas aportado en la causa".
Respecto a la segunda, el Profesión Conocido aclara que "ausencia se ha podido acreditar" de lo denunciado por Vox, "ya que la misma carecía de competencias a los existencias de poder participar en los contratos denunciados, extremo que impide cualquier tipo de exigencia de responsabilidad penal".
Asimismo, "la documental aportada por la Derecho del Estado, [incluyendo] los expedientes administrativos y apreciando la existencia de fiscalización suficiente relativa tanto a la forma de contratación como a la exigencia de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, conlleva a instar igualmente el sobreseimiento de la investigación penal", concluye el escrito de la Fiscalía madrileña dirigido al Auditoría de Instrucción número 26 de la caudal.