Insta a Pedro Sánchez a eliminar esta "anomalía democrática", borrando la religión de las escuelas, en sus propuestas tras el Debate de la Nación.
Unidas Podemos ya ha registrado sus 15 propuestas de resolución, una vez finalizado el Debate sobre el estado de la Nación. El socio minoritario del Gobierno ha dedicado una de ellas, completa, a la "licencia de conciencia y la aconfesionalidad del Estado". Es afirmar, a impulsar que el Gobierno elimine la asignación directa de fondos a la Iglesia Católica a través de la testimonio de la renta, y a la denuncia del concordato de 1953 con El Vaticano y los cinco acuerdos de la Santa Sede con el Reino de España, alcanzados ya en democracia.
Pasadas las 15.45 horas, al finalizar el Debate, todos los grupos parlamentarios comenzaban a registrar estas iniciativas. Son una especie de Proposiciones No de Ley (PNL) de adhesión velocidad. Es afirmar, una iniciativa previa a cualquier mejora asamblea, para instar al Gobierno a que actúe en determinada dirección, dejándole la iniciativa legislativa al Empleo que corresponda. En este caso, el de Honradez, encargado de las relaciones con las confesiones religiosas en España.
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Sirven, por un banda, como conclusión de lo discutido en este día y medio de debate de política común. Y por otro, para mostrar por dónde quiere cada liga orientar las políticas en lo que queda de sesión. Merecen singular atención, pues, las de Unidas Podemos, socio minoritario del PSOE en los Consejos de Ministros y habitual examen interna al Ejecutante de Pedro Sánchez.
Antiguamente de 1978, ¿inconstitucional?
Para Unidas Podemos, constituye "una anomalía democrática" que la Iglesia católica "siga gozando de privilegios incompatibles con el principio constitucional de aconfesionalidad", en virtud del artículo 16.3 de la Carta Magna de 1978: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal".
Pero lo cierto es que además está constitucionalizada, de una forma singular, la relación con la Iglesia católica, como prueba el final de este mismo punto de la ley fundamental: "Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones".
Yolanda Díaz durante su reconocimiento de este sábado con el Papa Francisco.
Es cierto que el primero de los acuerdos posteriores, el llamado Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Gachupin, firmado en la Ciudad del Vaticano el 28 de julio de 1976, es el cimiento de los posteriores cinco y se formalizó antiguamente del referéndum de la Constitución e incluso "cuatro meses antiguamente de la Ley de Reforma Política", recuerdan los morados.
Pero además es cierto que son varias las normas y los acuerdos internacionales en esa circunstancia. España ingresó en la Ordenamiento de Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1955, por ejemplo.
La iniciativa de Unidas Podemos reclama, pues, que el Empleo de Honradez desarrolle "un tesina de Ley sobre Franqueza de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas". Y que los contenidos de esa norma incluyan "la supresión de la asignación tributaria a la Iglesia católica", por otra parte de otros recortaduras económicos, como "poner fin a la financiación pública y las exenciones fiscales a las confesiones religiosas".
No a la religión en clase
Los morados además reclaman, la "asesinato de la enseñanza de la religión en el sistema educativo" o la ya impulsada "recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia católica al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 y normas posteriores hasta la entrada en vigor de la Ley 13/2015, de 24 de junio".
Además está ya en marcha una investigación en la oficina del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica, o en el ámbito escolar de colegios e institutos de su titularidad. Sin requisa, Unidas Podemos reclama, de nuevo, "promover la investigación de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica".
Pero, sobre todo, exigen la "denuncia del Concordato entre España y la Santa Sede, de 27 de agosto de 1953". Y con ella, la anulación de los siguientes acuerdos: el ya citado de 1976 y los ya constitucionales "sobre la audiencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Marcial de clérigos y religiosos", el que negociación sobre la "Enseñanza y Asuntos Culturales", el que versa sobre "asuntos económicos" y el que negociación los "asuntos jurídicos".
La dirección del Orden Parlamentario de Unidas Podemos argumenta que por otra parte de un "amplio consenso social", el acuerdo de la coalición con el PSOE "ya incluía entre sus medidas la aprobación de una Ley de Franqueza de Conciencia (en el apartado 5.5) y el derivación de modificaciones legislativas para retrotraer los posesiones inmuebles que hubieran sido inmatriculados por la Iglesia al amparo de la Ley Hipotecaria de 1946 (apartado 5.11".