El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha explicado este viernes que su partido recurrirá frente a el Tribunal Constitucional (TC) el decreto de medidas de parquedad energético que fue convalidado este jueves en la Cámara Devaluación porque es "un ataque" y una "intromisión" en la voluntad de los españoles y por las multas "exorbitadas" para los empresarios que no cumplan.
En una entrevista en La Hora de la 1, Espinosa de los Monteros ha calificado el plan de parquedad energético de ser "un clavo más en el féretro de los autónomos, empresas y familias" y ha imputado al Gobierno de "trasladar" el problema de la crisis energética a los españoles por su "fanatismo climático".
En este sentido, ha criticado que el decreto pueda interponer multas de "hasta 100 millones de euros" y que "imponga" instalar medidas en los comercios que supongan un desembolso obligatorio, como la instalación de un sistema de obstrucción mecánico de puertas.
"Este decreto impone a todos los comerciantes una serie de barbaridades para intentar tapar la incapacidad de papeleo que tiene el Gobierno", ha sentenciado Espinosa de los Monteros, al tiempo que ha subrayado que lo que piden desde Vox es "calibrado lo contrario", que el Ejecutor "asuma sus competencias" y garantice "una España con capacidad de suministro con precios razonables".
Pide revisar la posición de España frente al cambio climático
Para acortar el pago energético como pide la Unión Europea, el dirigente de Vox ha reclamado que el Ejecutor revise su posición frente al cambio climático, que, a su sumario, "impide" a España explotar los posibles energéticos que tiene. "Somos el único país del mundo que nos impedimos a nosotros mismos la explotación de esos posibles. Hay que ser tontos", ha indicado.
En este sentido, ha reclamado "acortar el tamaño del Estado" y "gestar más energía". Por ello, ha insistido en que en España debería ser capaz de gestar más suministro y utilizar la energía del carbón y la nuclear, que, a su parecer, "es la que ha permitido estabilidad durante 40 primaveras". De esta guisa, no habría un aumento de 300 euros al mes en la hechura del gas, "impuesto que ha traído este Gobierno", entre otras cosas, ha dicho.
Madrid confirma que recurrirá el decreto
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha ratificado su intención de acogerse el decreto de parquedad energético al Tribunal Constitucional, poco que hará en septiembre, "invadir competencias". "Nosotros lo tenemos claro, si hay un verdadero decreto ley que invade competencias autonómicas sin excusa, tenemos que acogerse", ha confirmado en una entrevista en Las Mañanas de RNE el vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio.
El asimismo guía de Educación y Universidades ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene de plazo hasta el 2 de noviembre para presentar el medio, pero ha insistido en que será en septiembre, como ya avanzó este jueves el guía de Presidencia, Enrique López.
Encima, Ossorio ha explicado que la Comunidad de Madrid elaboró un plan en el mes de diciembre por si hubiera desabastecimiento energético y ha tachado al Ejecutor de improvisar. "El Gobierno ha encasquetado a los comerciantes hacer todos los cambios y él no ha contraído muchas responsabilidades [...] Si hubiesen hablado con las comunidades y los sectores productivos, hubiesen tenido un apoyo total", ha indicado.
En presencia de el voto en contra del PP y las intenciones de la Comunidad de Madrid de acogerse el plan de parquedad energético, en otra entrevista en Las Mañanas de RNE, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha imputado de "asedio" de los 'populares' a tomar unas medidas que considera "de sentido global" y que están avaladas por Europa.
Sobre las quejas de que no ha habido diálogo, la ministra ha sido tajante: "Por mucho que algunos quieran esconder ese diálogo, ha existido", ha subrayado. Incluso ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se deje tolerar por "el banco de la insensatez, del asedio" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que anunció su rechazo a este decreto y que lo llevarán al Tribunal Constitucional.