La patronal del pequeño comercio ha denunciado este viernes que un pacto del Gobierno con los grandes grupos de distribución para topar los precios de una cesta básica de alimentos "atentaría directamente" contra el comercio de proximidad.
"De salir delante, esta iniciativa atentaría directamente contra el comercio de proximidad al cultivar un meta convocatoria sobre las personas consumidoras para comprar en las grandes cadenas en detrimento del comercio de proximidad que no puede competir en márgenes ni hacerse cargo los costes", ha señalado en un comunicado la Confederación Española de Comercio (CEC).
CEC ha rechazado así la propuesta de establecer un tope a una cesta básica de alimentos planteada por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que tiene previsto reunirse este lunes con las patronales de la distribución y las organizaciones de consumidores para analizarla.
La Confederación, por otra parte, ha hecho hincapié en que la propuesta llega "en un momento especialmente complicado para el comercio de proximidad", que viene soportando durante meses el desorbitado aumento de sus costes.
Incluso la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), que reúne a más de 31.000 empresas del país de diferentes sectores de actividad, ha recordado que el momento inflacionario presente "es para todos", con "incrementos de costes para todos".
Yolanda Díaz: "Son las grandes multinacionales las que tienen que aportar más"
Yolanda Díaz ha subrayado este viernes que la iniciativa "no es a costa de los productores" del país, a los que ha expresado su "respecto categórico", y ha indicado que "son las grandes multinacionales, igual que son las grandes eléctricas, las grandes entidades financieras, las que tienen que aportar más" porque tienen márgenes empresariales "suficientes". De este modo, ha aguzado asimismo que "al pequeño comercio no le podemos pedir más".
Sobre las discrepancias en el Ejecutante, ha afirmado que "le importan poco" y ha subrayado que "el faltriquera de los ciudadanos atañe a todo el Gobierno". La ministra se ha referido así a las palabras de disconformidad del ministro de Agricultura, Luis Planas, quien este jueves dijo que cualquier atrevimiento con "significado político" sobre la dependencia alimentaria y los precios tiene que acaecer "siempre" por el ministro del ramo y por el Consejo de Ministros.
Díaz ha señalado que "lo importante es el principal problema que tienen nuestros ciudadanos y ciudadanas, que tienen enormes dificultades para hacer la negocio. El faltriquera de los ciudadanos atañe a todo el gobierno y a mí lo que me gustaría es que todo el Gobierno de España esté dando soluciones a un enorme problema y el resto me interesa muy poco".
La titular de Trabajo ha puesto como ejemplo su reunión con Carrefour para demostrar que "la iniciativa era posible, tan posible como que una gran multinacional se ha sumado a la misma y, luego, creo que lo que hacemos es acertado".
Discrepancias internas y choque de competencias
Planas defendió el jueves que las competencias del Gobierno están "perfectamente delimitadas". "Puedo apuntalar que mínimo que se haga por el Gobierno en provisiones no llevará mi firma para llevarla al Consejo de Ministros", añadió. En la misma bisectriz, este viernes ha expresado que "hay una posición del Gobierno, defendida por todos los miembros del Gobierno, empezando por el presidente".
El ministro de Agricultura, Pesca, Nutriente y Medio Esfera asimismo ha llamado a la "responsabilidad" a toda la dependencia agroalimentaria y especialmente a la distribución, que tiene que adoptar "decisiones empresariales autónomas".
"Evidentemente nadie tiene en su mano, ni desde un punto de instinto del sentido popular, ni desde un punto de instinto de la ley, la posibilidad de fijar precios o indicarle precios a la distribución. Es una cuestión que tiene que hacerse de acuerdo con las reglas del funcionamiento de la sociedad de nuestro mercado y de las reglas de la propia Unión Europea", ha afirmado.
En el interior del Ejecutante, no ha sido el único ministro socialista que ha desaprobado la iniciativa de Díaz. La titular de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que "nadie puede quedarse con patrimonializar el cuidado de los ciudadanos" y ha recordado que "todos los miembros del Gobierno" se preocupan por los españoles y deben trabajar "unidos y coordinados" frente al presente contexto crematístico. Frente a la pregunta de los periodistas sobre si cree que Díaz desistirá de su intención de averiguar con distribuidoras y asociaciones de consumidores un acuerdo, ha dicho que eso "tendrán que preguntárselo a Yolanda Díaz".
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que el Gobierno no puede imponer un precio mayor a los alimentos porque está "fuera de la norma", aunque ha invitado a las distribuidoras, de forma voluntaria, a hacer ofertas para que las compras sean más asequibles. La ministra de Industria, Reyes Maroto, asimismo ha pedido que "cualquier alternativa" que pueda plantearse por los diferentes actores "no perjudique a nadie de la dependencia de valencia",