La Audiencia de Valencia apoya la investigación y destaca "el incremento patrimonial poco global" de la grupo de la exalcaldesa.
La Neutralidad ha rechazado los primeros intentos de los investigados en el caso Azud para anular las pruebas y la causa abierta por el supuesto reparto de sobornos millonarios a cargos de PP y PSOE en Valencia durante 20 primaveras. El proceso seguirá delante.
La Audiencia provincial de Valencia ha tumbado los posibles presentados por la grupo de Rita Barberá y ha respaldado la investigación practicada por el auditoría en secreto desde el año 2017.
José María Corbín, cuñado de la dirigente del PP, y las sobrinas de Barberá solicitaron anular la transigencia de las diligencias tras exhibir a la Fiscalía Anticorrupción de tener una finalidad "espuria" en su denuncia.
Sin incautación, el tribunal ha confirmado todos los autos que dieron origen al caso y destaca "el incremento patrimonial poco global de la empresa Corbín Abogados", propiedad de José María Corbín.
La Audiencia de Valencia recuerda que la Agencia Tributaria inició una investigación tras "aparecer un despacho de abogados utilizado como utensilio previsible para canalizar y dar cobertura a ingresos que por su origen, cantidad y reiteración de circunstancias obligan a poner los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales".
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"No se está luego en sospechas", puntualiza el tribunal, sino "en datos de intendencia muy importante, con gran solvencia que flama la atención a la AEAT".
Según la Audiencia de Valencia, las reservas del despacho de Corbín "pasaron de 374.569 euros de 2007, a los 2.484.648´39 euros de 2013, que se repite en 2014 y a lo que confluyen las notas apuntadas del vínculo de parentesco, de la doble condición de empresas como clientes principales de Corbín Abogados y como prestadores de servicios al colectividad locorregional afectado".
Este masa de facturación se alcanzó pese al "escaso personal" que ha trabajado en el despacho. Los ingresos fueron disminuyendo de forma paulatina desde los 1,2 millones de 2007, a los 44.914 y 40.205 euros de los ejercicios 2014 y 2015, año en el que Barberá perdió la Alcaldía de Valencia.
"La capacidad profesional del recurrente y consiguiente coexistentes de posibles supera con mucho la media del global de los abogados", recoge la resolución.
Finalidad "espuria"
El cuñado de la exalcaldesa de Valencia y sus tres sobrinas acusaron a la Fiscalía Anticorrupción de tener una finalidad "espuria" y negaron que formasen parte de una ordenamiento criminal.
La grupo recurrió a la Audiencia para que anulara el caso y denunció que el hecho de ser parientes de la dirigente del PP no es un indicio delictivo. En este sentido, alegaron que "nos encontramos, claramente, en una investigación viciada desde su principio, ejecutada de modo absolutamente prospectiva y sin argumentos iniciales".
Sin incautación, el tribunal ha rechazado todas estas consideraciones y reitera que la supuesta actividad delictiva se apoyo "en la creación de un patrimonio poco habitual".
Los magistrados añaden que concurren las notas de proximidad con el entraña de atrevimiento de adjudicaciones públicas y con las relaciones comerciales o de prestación de servicios a empresas vinculadas, a su vez, con la oficina locorregional dirigida por el normal del investigado".
Por otra parte de Corbín, en el caso figuran como investigadas su mujer Responsabilidad Barberá y las tres hijas del casorio, una de ellas asesora del PP en Valencia.
La investigación partió de una denuncia anónima que llegó a la Agencia Tributaria en febrero de 2016, medio año posteriormente de que Barberá perdiera la Alcaldía de Valencia y con Mariano Rajoy (PP) al frente del Gobierno.
Barberá ya era senadora. La denuncia anónima recogía que "la grupo Corbín Barberá tienen un gran consumición ordinario, amplían (sic.) posesiones que producen desvanecimiento, tienen varios inmuebles y las hijas compran inmuebles cuando no tienen ingresos".
"Hacienda somos todos, unos más otros, por eso pido que se revisen los ingresos de la grupo Corbín Barberá, cuñada y negociador de Rita Barberá, ya que no cuadran con sus posesiones. Seguro que si investigan esta denuncia costal tajada", añadía el escrito secreto.
Pagos al PSOE
Por otra parte del reparto de comisiones, el auditoría igualmente investiga si grandes empresas de la construcción pagaron facturas electorales del PSOE para intentar arañar votos al PP en las elecciones de 2007.
La dimisión del portavoz socialista en Valencia el pasado mes de mayo, el abogado Manuel Mata, para defender al constructor acentuado de acreditar las comisiones, el patrón Jaime Febrer, obligó a Ximo Puig a remodelar su Gobierno.
Febrer igualmente habría financiado a cargos del PP y Mata ha intentado en los últimos meses que la información extraída de direcciones de correos vinculadas al cuñado de Barberá no forme parte del sumario. Para ello, el ex número dos de Puig invocó la sentencia del Tribunal Supremo del denominado caso Naseiro, del 18 de junio de 1992, para que el caso se anulara.
El caso Naseiro es la primera investigación contencioso abierta en España por sospechas de corrupción en la financiación del PP.
El proceso contencioso surgió un año posteriormente de que José María Aznar se hiciera con la Presidencia del partido y las conversaciones grabadas revelaron una supuesta trama de sobornos a cambio de recalificaciones y cesión de terrenos.
Supuestamente, el objetivo de los integrantes era obtener beneficios personales y parné molesto para financiar al PP. Pero las pruebas se declararon ilegales y los investigados salieron indemnes del caso.
Finalmente, la Audiencia de Valencia igualmente ha rechazado estos argumentos y el caso seguirá delante.