La Fundación Hay Derecho alerta sobre las "injerencias" políticas en la punto legislativo y la "deslegitimación" de los miembros del Poder Procesal.
El Primer crónica sobre la situación del Estado de Derecho en España 2018-2021 alerta de las reiteradas críticas de miembros del Gobierno a las sentencias que les resultan "desfavorables" o "que contravienen sus intereses". Y avisa de los peligros de estas y otras "injerencias" políticas en la Imparcialidad.
Las más de 90 páginas del documento, detallado por la Fundación Hay Derecho, citan los reproches de miembros del Ejecutor a sentencias como las que condenaron al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, a la exdiputada Isa Serra y a la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana Mónica Oltra.
Incluso menciona las palabras del entonces vicepresidente del Ejecutor y secretario normal del partido izquierdista, Pablo Iglesias, a las resoluciones europeas sobre el procés, que el político tachó de "humillación" para España. El crónica igualmente alude a las críticas de ciertos sectores independentistas a la Imparcialidad a lo liberal de la causa legislativo contra Laura Borràs.
[El Supremo descarta investigar a Belarra por tachar de prevaricación la pena a Alberto Rodríguez]
Al conocerse la condena a Serra, Iglesias tuiteó: "Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gentío siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso".
Por su parte, la contemporáneo ministra de Derechos Sociales y Memorándum 2030, Ione Belarra, quien sustituyó en el cargo, precisamente, a Iglesias, hizo lo propio con la condena a Alberto Rodríguez por propinar una patada a un policía en una manifestación en 2014.
En Twitter, la ministra escribió: "Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de que las pruebas demuestran que no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño".
Hay Derecho destaca que comentarios como éstos "ponen de relieve una tendencia política creciente a la deslegitimación de los integrantes del Poder Procesal", por otra parte de cuestionar su imparcialidad e independencia "cuando sus resoluciones no son favorables a un determinado partido político o a sus dirigentes".
Alberto Rodriguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño.
El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque uno y otro saben que no es lo que dice la sentencia.
Prevaricación.
— Ione Belarra (@ionebelarra) October 22, 2021
Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gentío siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso pic.twitter.com/7HQywOxiKk
— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 22, 2020
Serra, tal y como recuerda el crónica, llegó a deslizar que el Supremo había cometido prevaricación. Y fue, precisamente, el Suspensión Tribunal el que rechazó la querella que la acusaba de un delito de calumnias por estas mismas insinuaciones.
Los magistrados reconocieron que la ministra ejerció su excarcelación de expresión, aunque su tuit no fuese "la mejor muestra de responsabilidad institucional" y resultase "ofensivo" e "injustificado".
El propio Consejo Militar del Poder Procesal (CGPJ), víscera de gobierno de los jueces, tuvo que emitir un comunicado en el que manifestaba que, más allá del "probado derecho a la crítica" de sentencias judiciales, comentarios como ésos arrojaban una sospecha "inaceptable" contra magistrados y tribunales.
En el dosier, cuya elaboración ha sido dirigida por Elisa de la Nuez, Fernando Jiménez Sánchez y Germán M. Teruel Vivaz, igualmente se mencionan las alusiones al lawfare (disputa legislativo) que esgrimieron ciertas voces afines a Oltra y Borràs cuando ambas políticas estaban inmersas en procedimientos judiciales, atribuyendo "intenciones políticas a los tribunales".
Y ambas siguen en ellos. Recientemente, el Auditoría de Instrucción 15 de Valencia ha prorrogado seis meses más la instrucción en la que se encuentra imputada la exvicepresidenta valenciana y en la que se investiga si ocultó los abusos sexuales cometidos contra una beocio, tutelada por la Generalitat, por quien fuese marido de la igualmente exconsellera.
Por su parte, la expresidenta del Parlament catalán Laura Borràs se sentará en el banquillo de los acusados por falsedad y prevaricación.
"La deslegitimación de un Poder del Estado por parte de los integrantes de otro contribuye al desprestigio y maltrato del propio Estado de Derecho y del principio de franqueza institucional que ha de presidir las relaciones entre uno y otro y vulnera la separación de poderes", reza el dosier.
Asimismo, subraya lo "paradójico" que resulta que, desde diversos ámbitos políticos, se censure el "supuesto carácter conservador" de una gran parte de los miembros de la judicatura, mientras que no se realizan sobre otros altos funcionarios, como los abogados del Estado o los diplomáticos.
Y recuerda que no se debe "confundir" la adscripción mayoritaria de los jueces a determinadas asociaciones judiciales "con un anciano sesgo conservador" ni vincularla a una hipotética error de imparcialidad en su punto.
Asimismo, el crónica reprocha la error de medios de la Imparcialidad, las puertas giratorias entre el poder político y el legislativo y "la problemática de los indultos; en particular, los otorgados por razones políticas".