La consejera de Fomento lo tilda de "una celada" y de "jarro de agua fría" para la crematística andaluza y el sector de la construcción.
El Gobierno central y la Reunión de Andalucía han vuelto a chocar. Esta vez ha sido por el medio que interpondrá el Ejecutor de Pedro Sánchez al Tribunal Constitucional contra el decreto-ley de la Reunión sobre la revisión de precios de las obras públicas.
Tras acordarlo en Consejo de Ministros, en concreto el medio será intespuesto contra determinados preceptos del citado decreto que acordó medidas en materia de revisión magnífico de precios en los contratos públicos de obras. Todo ello, en progreso de las medidas que había previsto, a su vez, el Gobierno.
El Ejecutor de Sánchez lo justifica al considerar que la iniciativa de Andalucía examen extender la aplicación de esta revisión prevista por el Gobierno a otros contratos y a otros supuestos no contemplados en el decreto del Estado. A su prudencia, la Reunión con este decreto "no sólo plantea una ofensa competencial sino el peligro de infringir el derecho de la UE".
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Sin secuestro, la consejera de Fomento, Articulación del División y Vivienda, Marifrán Carazo, lo considera "una celada más del Ejecutor". "Es un chasco y un jarro de agua fría para la crematística andaluza y el sector de la construcción", insiste.
Por ello, el Gobierno andaluz va a solicitar la convocatoria de la Comisión Sinalagmático entre Reunión y Estado delante esta intrepidez que "puede paralizar proyectos muy importantes", no sólo del Gobierno andaluz, sino de ayuntamientos y diputaciones.
"Vamos a seguir insistiendo y convenciendo de que ese decreto es absolutamente necesario para no paralizar la obra pública en Andalucía", ha subrayado la titular de Fomento.
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A su vez, ha pedido al Ejecutor central que asuma el articulado del mismo para poder contemplar la desemejanza de contratos que pueden hallarse afectados en la comunidad.
Encima, asegura que el Gobierno de España aprobó "un decreto que llegó tarde, sin escuchas a las comunidades, y del que el 95% de las obras licitadas en Andalucía se quedaban fuera".
Por ello, argumenta, lo que hizo la Reunión fue establecer por decreto para que esas obras que quedaban excluidas se pudieran contemplar sin afectar a los proyectos, el empleo y las empresas.
Abogados de la Reunión manifestaron "sus dudas"
Andalucía no será la única comunidad por la que el Gobierno elevará este medio al Tribunal Constitucional. Además recurrirá un decreto similar a la comunidad de Aragón, gobernada por el socialista Javier Lambán.
Según informa Europa Press, el ministerio forense de la Reunión puso de manifiesto sus "dudas" relativas a la competencia de la comunidad a la hora de aprobar normas con rango de ley que puedan no respetar, o sobrepasar, la carta básica del Estado en esta materia.
"Se tráfico de una cuestión cuyo conocimiento privativo correspondería, en su caso, al Tribunal Constitucional", sostuvieron los juristas de la Reunión de Andalucía en su razonamiento.