Durante la presentación de uno de sus últimos libros, el exsecretario normal de Podemos insinuó que Manuel García-Castellón era un prevaricador.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido que se inadmita la denuncia que una abogada presentó contra el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por pulsar "prevaricador" al togado de la Audiencia Franquista que investigó el caso Dina, Manuel García-Castellón.
En un escrito, remitido al Magistratura de Instrucción Número 10 de Madrid y al que ha tenido comunicación EL ESPAÑOL, el Empleo Conocido considera que no hay delito en las palabras del además exsecretario normal de Podemos y considera que están amparadas por la espontaneidad de expresión.
"Aunque, lógicamente, moleste, inquiete o disguste", matiza la Fiscalía. Las declaraciones de Iglesias tuvieron ocupación el pasado 19 de abril durante el acto de presentación de uno de sus últimos libros, titulado Verdades a la cara. En él, dedica decenas de páginas al llamado caso Dina, la investigación procesal sobre el supuesto robo de la maleable del móvil de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham.
Iglesias, encima de atacar continuadamente al togado, admite que fue "paternalista" por retener durante varios meses la SD de su entonces colaboradora, a posteriori de que unos periodistas la obtuviesen y se la entregasen. Esos dos periodistas, encima del comisario retirado José Manuel Villarejo, en cuya casa se halló una copia de la maleable, fueron investigados en esta causa. En la misma instrucción, Manuel García-Castellón trató de imputar además a Pablo Iglesias.
"La historia tiene que dirimir si pasa a la historia como un togado insustancial, que es lo que piensan buena parte de sus compañeros por la afición de sus instrucciones y las diferentes respuestas que obtuvo, o si por al contrario pasa a la historia como un prevaricador", subrayó Pablo Iglesias.
Iglesias, anejo a Dina Bousselham, en una imagen de archivo.
Para la Fiscalía, dichas palabras no suponen un "menoscabo, desprecio o descrédito" ni atribuyen delito alguno, de forma "directa", al magistrado, sino que vierten "una sombra de sospecha sobre el sentido de sus resoluciones".
Tras la denuncia presentada por una abogada particular por estos hechos, el Magistratura de Instrucción Número 10 de Madrid, María Antonia de Torres, abrió diligencias.
La Fiscalía de Madrid estaba investigando este asunto, a posteriori de que la Fiscalía Normal del Estado se lo remitiera para que determinara si las palabras de Iglesias constituían o no un delito de injurias o calumnias.