La presidenta suspendida del Parlament catalán y líder de JxCat, Laura Borràs, se sienta este viernes en el banquillo, acusada de conferir 18 contratos menores a dedo a un amigo cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), en un entendimiento que se le puede complicar si prospera el pacto de la Fiscalía con el beneficiario de dichos contratos para que delate a Borràs.
El entendimiento a Borràs, para quien la Fiscalía pide seis abriles de prisión y 21 de inhabilitación y una multa de 146.000 euros por los delitos de prevaricación y falsedad el documento mercantil, ha arrancado a las 10.19 horas en el Tribunal Superior de Neutralidad de Cataluña (TSJC), en una sesión en la que este viernes se plantearán las cuestiones previas.
Borràs está acusada de acontecer fraccionado contratos para adjudicárselos a su amigo, el informático Isaías H., entre marzo de 2013 y febrero de 2017, en una causa que le costó su suspensión como presidenta del Parlament por un artículo de la cámara que obliga a apartar a los diputados que estén a la paciencia de entendimiento por casos de corrupción
La organización de la expresidenta del Parlament catalán está basada en defender su inocencia y ha asegurado que es víctima de "persecución política". De hecho, enmarca el caso en una "causa universal contra el independentismo".
Arropada por solo una parte del independentismo
Borrà, ha llegado a la sede del TSJC, flanqueada por los diputados Francesc de Dalmases, Aurora Madaula y el expresidente catalán Quim Torra, encima del secretario universal de JxCat, Jordi Turull.
Tras cobrar las muestras de apoyo de decenas de activistas concentrados adyacente al Curva de Triunfo, que la han recibido entre gritos de "presidenta", Borràs ha entrado en la sede del TSJC acompañada de miembros de su grupo y de su abogado Gonzalo Boye.
En cambio, como ya habían anunciado, no ha acudido a la concentración de apoyo a Borràs ningún miembro del Govern, ni de ERC, ni de la CUP, ni siquiera Òmnium ha enviado una delegación oficial.
Una vez en el interior del TSJC y antaño de obtener al interior de la sala en la que se celebra el entendimiento, Borràs ha estado acompañada por su marido y su hija, por Torra, por su abogado, Gonzalo Boye, y por su núcleo más cercano, entre ellos el diputado de Junts Francesc de Dalmases, el exconseller de Interior Miquel Sàmper y el exdirector de los Mossos Pere Soler.
Los pactos de la Fiscalía
El entendimiento se le puede complicar a Borràs por los pactos que alcahuetería de alcanzar la Fiscalía con alguno de los acusados, que podrían delatar a la presidenta de Junts. Por un flanco, el informático adjudicatario de los contratos negocia una disminución de condena que le independiente de ir a la prisión a cambio de delatarla. Por el momento, el Servicio Sabido pide para él la misma pena de prisión que para Borràs.
Isaías H. podría seguir así los pasos del técnico de la ILC que hace unos meses llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para inculpar a Borràs, tras lo que acabó exculpado del caso.
Este funcionario, que estuvo a las órdenes de Borràs en la ILC, pidió voluntariamente fallar delante el enjuiciador instructor Josep Seguí, al que entregó dos audios comprometedores para la defensa de la presidenta suspendida del Parlament y un mensaje de la Intervención Caudillo que avisaba del extralimitación de la contratación último en la ILC.
Próximo a la líder de Junts e Isaías H., en el banquillo se sienta además Andreu P., quien afronta tres abriles de prisión por elaborar facturas para el amigo de Borràs que presuntamente permitieron esconder las irregularidades en la contratación.
El abogado de Borràs, que da por hecho que Andreu P. además ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, ha reaccionado ya al supuesto pacto y, en un duro escrito remitido al TSJC, ha pedido ser el extremo docto en intervenir en el entendimiento para poder defenderse de las acusaciones "compensadas, bonificadas o pagadas" de los otros dos acusados.
La defensa de Borràs
Uno de los puntales de la defensa de Borràs, ejercida por el abogado Gonzalo Boye -que además lo es de Carles Puigdemont- es proponer la nulo de los correos electrónicos que figuran en la causa, principal indicio que según el TSJC sustenta la cargo contra la presidenta suspendida del Parlament.
Los correos y conversaciones telefónicas en que se base la cargo contra Borràs provienen de una investigación por tráfico de drogas y falsificación de moneda que los Mossos d'Esquadra abrieron en 2017 a su amigo Isaías H., condenado a una pena de cinco abriles de prisión que la imparcialidad le suspendió.
Otro de los correos que obran en la causa lo envió la propia Borràs a su amigo: "El presupuesto tiene que resultar como si fueseis profesionales independientes por los totales, que no pueden pasar, como ya sabes, los 18.000+IVA. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en distintos paquetes es cuando entonces piensan que hay una infracción. La cuestión es fraccionar (...)".