Dos inversores que ganaron laudos en 2018 reclaman el 10% de los 1.000 millones que la aseguradora británica del petrolero aún debe al Estado.
Los arbitrajes internacionales por las primas con las que España incentivó el despliegue de energías renovables en los abriles del 'portento financiero' siguen dando quebraderos de cabecera al Gobierno. Dos firmas de inversión que ganaron un laudo al Estado gachupin por cambiar las reglas de maniobra a parte de la partida van a pleitear ahora en Londres para requerir el secuestro de una parte de la indemnización que debe cobrar España por los daños del Prestige.
La petición de secuestro se produciría posteriormente de más de cuatro abriles esperando el cobro de un laudo arbitral que condenó al Reino de España a remunerar 101 millones de euros a dos inversores, Infrastructure Services Luxembourg SÀRL y Energía Termosolar BV, según ha avanzado la publicación especializada Law360.
España está a la calma de cobrar 1.000 millones de euros de la aseguradora británica del barco petrolero que causó un desastre ecológico al teñir de bruno las costas gallegas en el año 2002.
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La idea de estos inversores es requerir el secuestro de más del 10% de esa cuantía desde Londres para ejecutar el laudo que ganaron al Estado gachupin a mediados de 2018 por la descuento de las jugosas primas que se prometieron en los abriles de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a cambio de la inversión en energías renovables y posteriormente, se recortaron.
Con esta petición se abre la puerta a que otros inversores reclamen igualmente el secuestro de riqueza patrimoniales del Reino de España ubicados fuera de la Unión Europea, según fuentes explican a este circular conocedoras de este conflicto.
Estas dos firmas llevan abriles batallando en los tribunales para cobrar lo estipulado en el laudo y en uno de los últimos episodios del periplo jurídico, España intentó que Bruselas se personara en la causa, aunque no tuvo éxito y la Conciencia británica lo rechazó.
El deuda de tarifa
Las primas a las renovables fueron aprobadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para incentivar la inversión en energías 'verdes' y acelerar la transición ecológica. La retribución fue tan entrada que en tan pronto como un año se consiguió la instalación de 1.000 MW de nueva potencia renovable, cuando el objetivo se había fijado en 400 MW en tres abriles. Así, España se convirtió en un referente completo, pero a cambio de un elevado coste que iba engordando año a año el deuda de tarifa.
Llegó la crisis económica y aquel Gobierno socialista empezó a cambiar las reglas de maniobra en 2010 reduciendo esas primas. Más tarde, en 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy acometió otro duro recortadura de hasta un 40% a las ya por entonces polémicas primas a las renovables.
Estas decisiones políticas acabaron en manos del CIADI, institución del Porción Mundial a la que recurrieron la mayoría de los inversores extranjeros afectados para requerir una indemnización.
No obstante, igualmente hay procedimientos abiertos en la Cámara de Comercio de Estocolmo y hay algún caso en manos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
Según estimó la AIReF hace ya unos abriles, España llegó a tener 10.000 millones de euros pendientes de estos arbitrajes internacionales, si correctamente ese saldo ha ido bajando con los abriles.
País incumplidor
Recientemente, el Documentación sobre el cumplimiento del arbitraje, el tratado de inversión y los laudos 2022, minucioso por el perito en inversiones internacionales y arbitrajes Nikos Lavranos, señaló a España entre los países más incumplidores en el plazo de los laudos pendientes.
En ese documento, nuestro país salió en el lista cercano con otros Estados conocidos por su inseguridad jurídica como Venezuela, Rusia, Ucrania o Argentina.
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De ahí que exista preocupación por el reconvención que estas peticiones de secuestro puedan venir a tener igualmente en términos de reputación de España como destino inversor.
El TJUE
En esta batalla jurídico, en el año 2021, el Gobierno recibió un balón de oxígeno desde el Tribunal de Conciencia de la Unión Europea (TJUE) que dejó en vía muerta muchos arbitrajes por las renovables, como avanzó este diario en su momento.
La Gran Sala del TJUE determinó que las controversias entre un Estado miembro y un inversor de otro Estado miembro a cuenta de una inversión no pueden resolverse mediante un arbitraje internacional. Esto supuso un contrariedad para los inversores que contaban con un transporte en Europa para cambiar en renovables y estaban pendientes de arbitrajes.
Aquella novedad coincidió con la valentía de España de anunciar la salida del Tratado de la Carta de la Energía.
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Con todos estos episodios, son muchos los expertos que señalan que la reputación de España como destino inversor se ha pasado afectada por la imagen de inseguridad jurídica que ha poliedro en los últimos abriles en el sector de energías renovables. Poco que estaría afectando al ritmo presente de la inversión en renovables, ya que hay otros países europeos que han avanzado al nuestro en entender inversores.